En el foro 10 del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, organizado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), especialistas y académicos abordaron el tema “Sobre
Sobrerrepresentación de senadoras y senadores en la CDMX
El director general de Enlace y Relaciones con el Congreso, de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, indicó que la propuesta del Ejecutivo podría tener contradicciones o confusiones en cuanto a proporcionalidad en las listas para la designación de diputadas y diputados.
Respecto a las senadoras y los senadores, consideró que hay una sobrerrepresentación en la Ciudad de México, al contar con 14; Estado de México, Chiapas y Nuevo León, 4 cada uno; Hidalgo, 2, y el resto de las entidades tiene solamente tres cada una. “No hay equidad. Sería deseable y pertinente que hubiera 4 senadoras o senadores por entidad federativa”.
Puntualizó que no es la primera vez que se presenta una iniciativa de esta naturaleza. “Es algo que va acercando a México a un sistema parlamentario más que a uno presidencialista, con principios de proporcionalidad y equidad. Otro tema, por ejemplo, es que en la Cámara de Diputados tienen la opción de cambiar de partido y eso es una locura, ¿dónde está la representación de las y los ciudadanos?”
Consideró importante que las y los legisladores dejen de pensar que la Constitución también es un marco regulatorio y reglamentario. Llamó a fomentar los mecanismos de democracia participativa.
Tomar como referente el censo no es una representatividad real
Sara Pérez Rojas, especialista en Derecho Electoral por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expuso que la representación proporcional tiene el objetivo de integrar a las minorías y promover la pluralidad para conformar un Congreso más incluyente, por lo que la disminución de curules puede impactar en la segregación de algún sector de la población.
Apuntó que la propuesta del Ejecutivo pretende integrar una representatividad de fracción parlamentaria a partir de una dinámica poblacional; sin embargo, consideró que tomar como referente a la población no necesariamente se traduce en una representatividad real.
En este sentido, subrayó que si se toma como base el censo poblacional es conveniente que este levantamiento de datos sea más dinámico y quien lo realice tenga la capacidad para entregar productos con mayor celeridad para evitar la distorsión poblacional producto de la migración.
Resaltó que es fundamental plantear una estrategia para lograr que haya espacios para diputaciones migrantes y romper la prohibición constitucional para fungir en un cargo a quienes residen en el extranjero.
La reforma responde a trampas políticas
Alejandro Romero Millán, subcoordinador del capítulo de Derecho Electoral en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C, mencionó que la reforma no nace de una problemática real y carece de una visión de Estado. “Al igual que la reforma de 2007 y 2014, esta simplemente responde a trampas políticas que se van dando a raíz de las contiendas electorales; hay que cuestionarse si realmente responde a una problemática y sirve para hacer un sistema de elecciones que tenga visión y construcción de Estado”.
Relató que las reformas han sido para generar pluralismo político, garantizar el acceso de las minorías y tener equilibrios en un sistema presidencial. El actual sistema, es decir desde 1996 a la fecha, ha generado la ausencia de una mayoría calificada de un solo origen partidista. “Yo no veo un problema de pluralismo político. La mayoría calificada permite la negociación política, los acuerdos y consensos”.
Subrayó que conservar las listas como actualmente se tienen, sin tener planteado qué sistema de partidos se quiere “nos va a llevar a un probable elitismo político de designación en donde se van a repartir los cargos en función de las elites políticas”. Agregó que el sistema mixto que se tiene, ampliamente mayoritario, “no sobrerrepresenta, ya que ha generado vialidades políticas y contrapesos específicos”.
Indicó que será una problemática el armado de listas, principalmente, si se tienen candidaturas independientes. Pugnó por no cambiar el actual sistema porque es funcional en temas de equilibrio, acceso a minorías, negociaciones y construcción de Estado con el entramado constitucional y en las legislaciones reglamentarias; es competente y competitivo, así como legislar para regular la sobre y subrepresentación en el ámbito de los ayuntamientos “para generar gobernabilidad de las necesidades básicas”.
La propuesta del Ejecutivo introduce desigualdad representativa
Francisco Javier Aparicio Castillo, investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), mencionó que la propuesta del Ejecutivo introduce desigualdad, promueve la renovación absoluta de los árbitros electorales y plantea “el borrón y cuenta nueva de los consejeros del INE, del Tribunal, los Oples y los tribunales locales”.
Además, presenta la desaparición del principio de mayoría relativa en las dos cámaras y en los congresos estatales, misma que sirve para construir el voto personal y el vínculo territorial de la ciudadanía.
Explicó que la iniciativa también centraliza la toma de decisiones y fortalece el poder relativo del presidente, no sólo al designar consejeros y magistrados electorales y reducir el financiamiento público a partidos. De igual manera, presenta un problema de sobrerrepresentación.
Se pronunció por tener congresos más proporcionales, ya que es una buena idea en términos de representatividad e inclusión; no obstante, dijo estar en desacuerdo “de que el tema sea abordado por el número de sillas. Un Congreso más proporcional le permite a la sociedad y le facilita la posibilidad de acceder a una curul”.
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