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HABRA ACCESO Y TRANSPARENCIA CON LA LEY DE COMUNICACION SOCIAL

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La Ley General de Comunicación Social responde a la exigencia ciudadana de asegurar el acceso a una información completa, oportuna, veraz y prevé el manejo
La Ley General de Comunicación Social responde a la exigencia ciudadana de asegurar el acceso a una información completa, oportuna, veraz y prevé el manejo transparente de los recursos públicos destinados a esta responsabilidad esencial del Estado mexicano, afirmó el senador Esteban Albarrán Mendoza.
Luego de fijar el posicionamiento de la Fracción Parlamentaria del PRI a favor del dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se expediría la Ley General de Comunicación Social, el senador Albarrán Mendoza expuso que esta Ley garantiza el pleno ejercicio del derecho de la libertad de expresión en la difusión y contratación de propaganda gubernamental a los medios de comunicación.

En su momento, desde la más alta tribuna de la Nación, el senador guerrerense explicó que con la nueva Ley se va a fiscalizar el gasto en comunicación social de todos los poderes en los tres órdenes de gobierno y los entes públicos, lo que significa que “se va a revisar, auditar y vigilar a detalle el gasto en publicidad”.

Señaló también que para prevenir el uso discrecional y arbitrariedades del gasto en publicidad, esta Ley contempla nuevos medios de control, sistemas de planeación, fiscalización y la revisión permanente del origen, ejercicio y comprobación de los recursos públicos utilizados para la contratación de campañas de comunicación social.

“Las contrataciones de tiempos comerciales para la difusión de campañas de comunicación social, deberán apegarse a la legislación y normatividad en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que les sea aplicable”, dijo el legislador.

Y agregó: “Es decir, se establece un control presupuestario. Cuando se detecte alguna irregularidad, la ley prevé infracciones y sanciones que pueden constituir responsabilidades administrativas y penales”.

Añadió que también se prohíbe expresamente que las campañas de comunicación social contengan mensajes que ataquen, vulneren o demeriten la moral, la vida privada de las personas o perturben el orden público.

El senador Albarrán Mendoza recordó que desde hace cuatro décadas se ha tratado el tema de la propaganda gubernamental y fue en la Reforma Electoral de 1977, cuando el Congreso de la Unión, sentó las bases legislativas para la regulación de la propaganda gubernamental y de comunicación social en nuestro país.

Es por ello, concluyó el senador, la Fracción Parlamentaria del PRI votará a favor del presente dictamen por el que se expide la Ley General de Comunicación Social, convencidos de que con su aprobación, los gastos de comunicación social se realizarán en estricta observancia con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.







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