La oposición a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México puede convertirse en el primer conflicto social del sexenio del presidente electo si no se escucha y se negocia
Ricardo Gallardo Cardona, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados dijo que, con el aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968, la oposición ciudadana al NAIM adquirió un aire renovado con la atención de la prensa y organismos conservacionistas nacionales e internacionales, mientras que el próximo gobierno federal trata de ganar tiempo con una consulta ciudadana que puede contraponerse aún más con opiniones técnicas, especializadas y de la propia oficina de la presidencia que le apuestan a Texcoco.
“Pedimos al presidente electo mesura en la decisión que se tome próximamente, y que el gobierno actual favorezca el Estado de Derecho, el conflicto por el NAIM ya cobró una vida, represiones ciudadanas que pueden alcanzar niveles del 68 y afectaciones al medio ambiente, hay un reto muy grande para destrabar este asunto que va a requerir no un deslinde del próximo gabinete, sino una decisión sabia”.
En otro tema, Ricardo Gallardo Cardona dijo que los diputados del PRD consideran urgente no solo la comparecencia extraordinaria del encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR) para que explique las deficiencias en actuaciones de casos de relevancia como Javier Duarte y su esposa, Karime Macías y el caso Odebrecht, entre otros, sino que también pedir una explicación a los jueces por abrir las puertas de las cárceles a políticos, miembros de la delincuencia organizada y funcionarios públicos justo en el epílogo del presente sexenio.
“Al ex gobernador Javier Duarte le dictan una sentencia blanda, a su esposa no la han podido presentar ante las autoridades y mientras disfruta una vida de lujos a expensas de lo robado al pueblo de Veracruz, acaban de liberar a Oscar Manuel Gómez Núñez, acusado de facilitar la fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal del Altiplano, en julio de 2015 y estas raras sentencias se dan a dos meses de que termine el sexenio”.
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