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Sat, Apr

PROPONE EL PAN FACULTAR AL CONGRESO PARA EXPEDIR LEYES GENERALES QUE ESTABLEZCAN LOS TIPOS PENALES Y SANCIONES DEL FEMINICIDIO

Partidos politicos
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en voz de la diputada Adriana Dávila Fernández, presentó un proyecto de ley para facultar al Congreso a expedir leyes generales
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en voz de la diputada Adriana Dávila Fernández, presentó un proyecto de ley para facultar al Congreso a expedir leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de feminicidio, secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.

En tribuna, la Diputada Federal Panista recordó que, en 2018, la Organización de Naciones Unidas, a través de ONU Mujeres, puso de manifiesto cifras alarmantes en las que se advierte que al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas han enfrentado un incidente de violencia.

Estimó que el 41.3 por ciento de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual, “vemos en consecuencia que esa violencia en su forma más extrema, conocida como violencia feminicida, ha llegado a cobrar incluso la vida de nueve mujeres al día”, dijo.

“Esta es la Legislatura de la paridad. Ésta debería de ser la Legislatura en la que defendiéramos todas nosotras que no hubiera más violencia y mucho menos feminicidios”, afirmó.

La iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que:

La ley general que expediría el Congreso deberá establecer las disposiciones generales, como son el objeto y fundamento de la ley; la supletoriedad; los conceptos para efectos de esa ley; las reglas para la prescripción o en su caso la imprescriptibilidad del delito de feminicidio
Los principios que deberá regir la investigación y proceso en el caso de este delito; las técnicas de investigación aplicables; las causas de suspensión del proceso y las reglas para el procedimiento abreviado; así como las modalidades de la reparación del daño integral
En otro apartado, la ley deberá establecer el tipo penal del delito de feminicidio; el bien o bienes jurídicos tutelados; su punibilidad y las agravantes; las reglas en caso de concurso de delitos, así como las de autoría y participación; los lineamientos especiales sobre la ejecución de sentencias; y la aplicación de medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva
En la materia de prevención y coordinación, la ley general en comento establecería aspectos de prevención y coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales o alcaldías en el caso de la Ciudad de México; las facultades de cada autoridad, así como los ámbitos de aplicación; la protección de personas víctimas o posibles víctimas u ofendidos y las medidas de apoyo; la protección de testigos; los derechos a la reparación integral; un fondo de apoyo para víctimas, posibles víctimas u ofendidos; la organización de la federación y entidades federativas; creación de un observatorio de feminicidios y la participación de organizaciones sociales; el auxilio de las autoridades y el establecimiento de bases únicas de datos consultables por todos los operadores de la ley.
Dávila Fernández señaló que es posible decir que el feminicidio tiene como causa la violencia feminicida, conducta así descrita por la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que consiste en una forma extrema de violencia de género contra las mujeres.

Aseguró que ni una mujer más debe ser víctima de violencia ni flagelo alguno, mucho menos de algún atentado a su vida, por ello, señaló “es necesario unificar el combate a las condiciones que propician delitos como el feminicidio, esto a través de la prevención, atención a las víctimas o posibles víctimas, los ofendidos, así como la sanciones a tan reprochables conductas, lo anterior por medio del involucramiento de todas las autoridades del Estado y la implementación de medidas efectivas por cada una de ellas”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la de Igualdad de Género, para opinión.


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