El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votó a favor en lo general de la Ley Nacional de Extinción de Dominio porque permitirá debilitar a los grupos delincuenciales en su aspecto
Lo anterior durante la sesión del periodo extraordinario de la Cámara de Diputados, donde se discutió la Minuta del Senado de la República para aprobar la mencionada ley y las reformas que adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
En la exposición de la Minuta, la Presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez dijo que en vista de los fenómenos de inseguridad y violencia en que se ha visto inmerso nuestro país en las últimas décadas, estamos conscientes de que uno de los temas pendientes ha sido el fortalecimiento de los mecanismos que permitan debilitar a los grupos delincuenciales en su flanco más rentable: sus recursos y sus activos económicos.
La diputada Lizbeth Mata Lozano expuso en tribuna que Acción Nacional está a favor de la Ley Nacional de Extinción de Dominio en lo general porque es una herramienta para combatir las estructuras financieras de las bandas delictivas. Su alcance es tal que unifica las legislaciones habidas en todo el país, clarifica la naturaleza autónoma del procedimiento y precisa que la adquisición ilícita de bienes no genera derechos.
Además, establece la oralidad y publicidad del procedimiento de garantía de audiencia y probatoria a los que se ostentan como propietarios de los bienes para que comprueben su legítima procedencia, y fortalece las obligaciones de transparencia de la información generada en la materia. Y considera como susceptibles de extinción los bienes que estén relacionados con actos de corrupción; Establece la continuación de la acción contra los herederos legatarios, causahabientes de aquella persona contra la que se haya iniciado la acción y ésta muera.
Por su parte, el diputado Jorge Espadas Galván expresó que se requiere una Ley de Extinción de Dominio que permita eficazmente retirar los bienes a la delincuencia, que no deje salidas y por ello anunció que Acción Nacional presentaría mediante reservas una serie de ajustes que permitan garantizar de mejor manera su eficacia.
En la votación en lo general, se computaron 420 votos a favor, 10 en contra y 9 abstenciones, con lo que la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley Nacional de Extinción de Dominio y reforma y adiciona disposiciones de varias leyes.
MORENA SE NIEGA A DISCUTIR
En presentación de las reservas, el diputado Jorge Luis Preciado expuso que hay bienes perecederos, como por ejemplo las frutas que se echarían a perder por falta de uso; también los helicópteros y aviones, entre otros, pero que la ley está previendo, que el Estado los pueda vender de manera anticipada.
¿Qué significa esto? que los pueda vender antes de que haya una sentencia definitiva sobre la persona que es acusada, lo cual está bien, porque le saldría muy caro al Estado mantenerlo o simple y sencillamente cuando acabe el juicio, esos bienes van a estar absolutamente inservibles. La propuesta del Diputado Jorge Luis Preciado es que ese dinero no se mande al fondo de reserva, sino hasta que haya una sentencia ejecutoriada.
A su vez, el diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo se refirió a que la asignación y aprovechamiento de los bienes producto de la extinción de dominio se destinará a los programas sociales y políticas públicas prioritarias.
En sentido contrario, propuso que esos recursos sean sujetos a las reglas de operación y a los presupuestos de las entidades federativas, de acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que dijo, las reglas de operación son las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos federales con el objetivo de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente de los recursos
Advirtió que de no aprobarse esta propuesta podríamos pensar que al nuevo gobierno no le alcanza y por eso quiere echar mano de estos nuevos instrumentos para disponer de más y de nuevos recursos.
El diputado Justino Arriaga Rojas propuso darle certeza jurídica a las y los mexicanos para que la Ley de Extinción de Dominio se aplique exclusivamente a los delincuentes y no a las personas de buena fe, sobre los bienes que constituyen ingresos, rentas, productos, rendimientos, accesorios, ganancias.
“Queremos adicionar que subsistirán los derechos de terceros de buena fe siempre y cuando reúnan los siguientes requisitos:
Primero, que sus derechos no sean traslativos de dominio.
Segundo, que el inicio de su derecho sea anterior a la investigación formulada por el Ministerio Público del lugar en el que se encuentra el bien sujeto a la extinción de dominio.
Y tercero, que se acredite la licitud del objeto o destino que tiene el inmueble”, propuso.
En su turno, la diputada Mariana Dunyaska propuso que en esta Ley sea considerada la figura de la buena fe, -conducta de buena fe-, que sea adicionada, que cuando se perciben frutos, rentas o cualquier tipo de rendimientos originados de actos jurídicos, lícitos, para auxiliar con los costos de mantenimiento del bien o mantener su valor, a efecto de respetar el derecho de un tercero.
En su consideración, dijo que no le agradaría alguien que por rentar una casa, por brindar un espacio pueda ser señalado y, en este sentido, con esta parte que se añade, le damos fortaleza a la ciudadanía y a la figura de las conductas que nacen de la buena fe.
La diputada María Eugenia Espinosa Rivas propuso reservas para darle mayor claridad a la hipótesis procesal del relevo de prueba por existencia de hechos notorios.
“Lo que establece la presente reserva es que efectivamente los efectos o los hechos notorios, no requieren prueba ante ningún juez; sin embargo, este hecho no fue sólo notorio en el momento de la aprobación. Entonces, sí se debe de probar el hecho con documentos o testimonios. Lo anterior brindaría seguridad jurídica para el propietario o poseedor”, precisó.
La diputada María del Rosario Guzmán Avilés presentó reservas para impulsar los procedimientos con celeridad, legalidad y eficiencia, dando mejores resultados sin entorpecer y poniendo candados a posibles actos de corrupción.
En su propuesta pidió que se cambie la redacción para la acción de extinción de dominio iniciará y dirigirá la investigación con el fin de identificar, localizar y ubicar los bienes que se encuentren en un presupuesto de extinción de dominio.
La diputada Ángeles Gutiérrez Valdez presentó reserva para que la autoridad prevea la no afectación de derechos de terceros, por lo que es necesario facilitar a las autoridades verifiquen que los bienes que contribuyan ingreso, rentas, productos, rendimientos, frutos, accesorios, ganancias y otros beneficios derivados de los bienes, sean debidamente acreditados por el propietario.
La diputada Gloria Romero León solicitó que cuando los poseedores cuenten con derecho legítimo no traslativo de dominio y utilicen o destinen el bien a una actividad lícita, en cuyo caso sus derechos serán preservados para recibir el bien en depósito.
“Consideramos pertinente que cuando fuere necesario y urgente asegurar el bien y concurran motivos fundados, se puedan adoptar o solicitar medidas cautelares sobre los bienes objeto de investigación conforme a lo señalado en esta ley o a la legislación aplicable”, precisó.
La diputada Verónica Sobrado solicitó agregar que, cuando los poseedores cuenten con derecho legítimo no traslativo de dominio y utilicen o destinen el bien a una actividad lícita, sus derechos serán preservados para recibir el bien en depósito. “Consideramos pertinente que cuando fuere necesario y urgente asegurar el bien y concurran motivos fundados, se puedan adoptar o solicitar medidas cautelares sobre los bienes objeto de investigación conforme a lo señalado en esta ley o a la legislación aplicable”, aseguró.
Finalmente, la diputada Ángeles Ayala Díaz propuso que la Fiscalía General de la República y cada una de las fiscalías y procuradurías de las entidades federativas, publiquen dentro del plazo de 90 días un plan de recuperación de activos en los que se plasmarán los objetivos estratégicos en la materia, así como los criterios para la fijación del interés económico que corresponda.
Al final se emitieron 291 votos a favor, 114 en contra y 5 abstenciones. En consecuencia, se aprobaron los artículos reservados del dictamen que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio; se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; de la Ley de Concursos Mercantiles; y, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Todas las reservas que se presentó el PAN fueron rechazadas por la mayoría de Morena y sus partidos aliados.
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