Como parte de un populismo criminal electorero, el Partido Morena busca aprobar la Ley de Amnistía, un proyecto legislativo que establecerá en México la impunidad para los que roban y
Dijo que los diputados del PAN, encabezados por Pilar Ortega, Presidenta de la Comisión de Justicia y Felipe Fernando Macías Olvera, Subcoordinador de Seguridad Pública, han sugerido a sus pares de los demás partidos que antes de aprobarla tomen en cuenta la participación de los individuos y las organizaciones de la sociedad civil en un amplio Parlamento Abierto.
La propuesta enviada por el Presidente López Obrador al Congreso de la Unión ofrece beneficios a quienes estén privados de la libertad, indiciados, procesados y sentenciados por delinquir -por ejemplo-, en robos sin violencia, a casa-habitación, sustracción de teléfono celular y tarjetas de débito y crédito, o bien por delitos cibernéticos, robo de identidad y el conocido cristalazo.
Todo con la argumentación de que son delitos menores o de baja cuantía, cuando son precisamente estos los que afectan a los sectores con menores recursos, a los jóvenes a quienes roban un celular o una computadora. Asimismo quedará impune el atraco a casas habitación por sustraer artículos menores a 50 mil pesos, cuando son estos los que más impactan en la clase humilde.
A los ciudadanos les decimos que está en riesgo su seguridad con la probable liberación de 300 mil expedientes de delincuentes, con los que el Presidente López Obrador quiere construir una base electoral sin importarle el peligro que esto tiene para las familias mexicanas
Consideró que la naturaleza de una Ley de Amnistía es para casos de excepción pero como lo están haciendo el presidente de la República y sus diputados es aplicarla supuestamente para los pobres. La realidad es que están dejando en libertad a quienes han robado o causado daños a la sociedad.
Con el grave problema que hoy enfrentan miles de familias mexicanas, resulta inconcebible que quiera beneficiar a los que venden sustancias ilegales cerca de las escuelas y centros de diversión o en colonias populares, envenenando a la sociedad; además de que solapa a quienes toman carreteras y realizan manifestaciones.
El proyecto de Ley de Amnistía del presidente contiene ocho artículos y tres transitorios, sin embargo, el Código Federal de Procedimientos Penales en vigor ya contempla las garantías a las que están sujetos los mexicanos porque, además reconoce el principio pro persona y mandata al Estado a promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
“La presunción de inocencia está establecida dentro de la Ley de Ejecución Penal y hay distintas herramientas para fortalecerla tanto para el imputado acusado por un delito como de la víctima; que sean escuchados en el proceso de manera igual; tengan las mismas garantías, no se criminalice la pobreza ni a los grupos vulnerables por su situación de fragilidad”, precisó.
Para el coordinador de los diputados panistas, este gobierno se niega a fortalecer las instituciones de impartición de justicia, es víctima de un austericidio constante y juega contra de su funcionalidad, como lo demuestra el haber recortado 1,327 millones de pesos al poder judicial en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020.
Frente al año de mayor inseguridad en la historia reciente del país, la Fiscalía General de la República también tendrá 1,500 millones de pesos menos; al Tribunal Federal de Justicia Administrativa le quitó 308 millones de pesos; y al Programa de Justicia para la Seguridad Pública le redujo mil millones de pesos.
No se entiende por qué este gobierno quiere amnistía para beneficiar a unas personas, pero escatima los esfuerzos al fortalecimiento de las instituciones impartidoras de justicia.
Romero Hicks señaló que en el PAN, los integrantes de las comisiones de Justicia y Gobernación y Población, entre ellos, Mariana Dunyaska García Rojas, María del Rosario Guzmán Avilés, Absalón García Ochoa, José Elías Lixa Abimerhi, Marcos Aguilar Vega, Adriana Dávila Fernández, Jorge Arturo Espadas, Marcos Aguilar Vega y Fernando Torres Graciano están dando la batalla para evitar que se concrete este error legislativo en la última semana del Periodo Ordinario de Sesiones.
Acción Nacional está a favor de que Ministerios Públicos en zonas indígenas tengan la obligatoriedad de hablar la lengua indígena, que en el sistema de justicia haya de verdad investigación, aplicación de tecnologías y trabajos de inteligencia para determinar la culpabilidad o la inocencia de los individuos. Sí vamos porque los mexicanos quieren un Sistema Penal Acusatorio que funcione y funcione bien y eso depende de los operadores, herramientas de capacitación, instalaciones adecuadas y mecanismos técnicos suficientes para que trabajen correctamente.
“El artículo 20 de nuestra Constitución Política señala, que el proceso penal tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Hoy lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestro sistema jurídico, el Estado de Derecho y nuestro sistema de Derechos Humanos sin debilidades”, finalizó.
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