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A PESAR DE INCONSISTENCIAS EL INFORME DE LA ASF EVIDENCIA GASTO DISCRECIONAL, CORRUPCIÓN Y CLIENTELISMO DEL EJECUTIVO

Cámara de Diputados
Más allá de las inconsistencias metodológicas detectadas en la tercera entrega de la Cuenta Pública 2019 en relación al gasto erogado por la cancelación del aeropuerto en
Más allá de las inconsistencias metodológicas detectadas en la tercera entrega de la Cuenta Pública 2019 en relación al gasto erogado por la cancelación del aeropuerto en Texcoco, que están en proceso de aclaración; la Auditoría Superior de la Federación de todos modos evidenció que en el gasto público hay malos manejos y que se ejerce con discrecionalidad, corrupción y clientelismo, sostuvo el Diputado Jorge Casarrubias Vázquez.

En su intervención en la reunión de la Comisión de Vigilancia de la ASF con el titular de ésta, David Colmenares Páramo, y sus funcionarios, el legislador por Guerrero, opinó que el informe “del primer año de ejercicio de la presente administración destapó la realidad de la corrupción del país y de malos manejos del presupuesto público, demostró con las casi 1 mil 400 auditorías realizadas, que la administración de los recursos es por demás opaca, un informe certero en demostrar la discrecionalidad, la pantalla y el clientelismo con la que se manejaron los impuestos de los y las mexicanas”.

Con el informe de la ASF “conocimos que los proyectos de infraestructura y programas sociales prioritarios del Gobierno actual presentan un alto riesgo de no ser rentables, están mal diseñados, se iniciaron sin contar con todos los permisos ambientales y de factibilidad y acumulan irregularidades en el gasto”, añadió el Diputado Federal por Guerrero.

“En el Grupo Parlamentario del PRD creemos en la rectoría de la auditoria, creemos en las instituciones, valoramos el trabajo arduo con el que custodia el

manejo eficaz, productivo y honesto de los recursos públicos, sobre todo reconociendo que durante dos décadas ha sido una promotora de la transparencia y la rendición de cuentas”, añadió.

En ese sentido, reiteró, “consideramos que la injerencia política iniciada hace unos días desde Palacio Nacional no solo embiste la autonomía de la auditoria, también las facultades legales de esta Cámara de Diputados”.

“La Ley de Fiscalización dota a las dependencias con un lapso especifico durante la revisión, lo cual deja manifiesto que el Ejecutivo ya conocía su mala praxis y no hizo por resarcir o responder en el momento de la confronta”, anotó.

“También es preciso señalar que se vulneró la competencia de esta comisión de Vigilancia para poder realizar el análisis de los informes individuales y del Informe General, así como la facultad para solicitar a las comisiones ordinarias de esta Cámara una opinión de los informes, para poder proceder a su dictaminación”, apuntó.
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