Debido a la inconformidad social que provoca la empresa “Promotora de Autopistas del Pacifico, S.A. de C.V.” por la elevada tarifa que cobra por el uso del tramo
Debido a la inconformidad social que provoca la empresa “Promotora de Autopistas del Pacifico, S.A. de C.V.” por la elevada tarifa que cobra por el uso del tramo carretero Armería-Manzanillo, la diputada María Luisa Beltrán Reyes propuso que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) revise el Título de Concesión y sus respectivas ampliaciones para determinar si son legales.
A través de una propuesta de punto de acuerdo dirigido a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora del GPPRD recordó que conforme a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgar concesiones y permisos para la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes.
Una de las 75 concesiones otorgadas hasta el 27 de febrero pasado es la del tramo Armería-Manzanillo, cuya tarifa por peaje es de las más altas y caras del país.
Por recorrer sus 47 kilómetros, la concesionaria cobra 130 pesos, es decir. 2.76 pesos por kilómetro. De entre las más caras de México está sólo detrás del Macrotúnel de Acapulco, con 8.50 pesos por kilómetro, y el tramo de autopista La Marquesa-Ciudad de México, con 3.61 pesos por kilómetro, señaló la legisladora.
Agregó que esto genera inconformidad social y toma reiterada de la caseta Cuyutlán por parte de pobladores y usuarios, quienes exigen la revocación de la cuarta y la quinta modificación al Título de Concesión -autorizadas el 19 noviembre de 2010 y el 25 de febrero de 2011- pues en ellas se establece que deberán pagar la cuota hasta cubrir “la inversión realizada por la Concesionaria y el Monto Adicional”.
Este “monto adicional” es el pago que supuestamente “Promotora de Autopistas del Pacifico, S.A. de C.V.” hizo a “Autopistas Concesionadas del Altiplano, S. A. de C. V.” por las cesión de la Concesión San Martín Texmelucan-Tlaxcala que se encuentra entre Puebla y Tlaxcala.
Es decir, por decisión de la SCT, a los usuarios del tramo Armería-Manzanillo se les obliga a cubrir por lo menos hasta el 2030 –porque la concesión podría prorrogarse otros 30 años- lo que supuestamente pagó “Promotora de Autopistas del Pacifico” a “Autopistas Concesionadas del Altiplano” por el tramo San Martín Texmelucan-Tlaxcala.
También se les obliga a pagar el monto de inversión que supuestamente hizo “Promotora de Autopistas del Pacifico” para la construcción del Libramiento Manzanillo –con longitud aproximada de 19 kilómetros- a fin de que opere libre de cuota.
“Si bien se consiguió que la caseta de peaje conocida como Libramiento Manzanillo se quitara, el costo de que se eliminara lo continúan pagando los Colimenses”, denunció la diputada.
Refirió que la vigencia del Título de Concesión del tramo Armería-Manzanillo fue inicialmente de nueve años tres meses; posteriormente, en 1992 se otorgó una prórroga para que fueran 14 años contados a partir de 1990. En 1994 se le hizo la segunda modificación para extender el plazo a 24 años 7 meses. En 2006 se vuelve a modificar y se otorga una vigencia de 30 años, igualmente, contados a partir de 1990.
“Lamentablemente, en la Cuarta y Quinta modificación se le generó un Monto Adicional a este Título, derivado de la cesión de derechos de la autopista ubicada en San Martín Texmelucan, lo que generó inconformidad y una serie de enfrentamientos entre la Concesionaria y los pobladores”, puntualizó la legisladora.
Muchos de ellos deben usarla para realizar trámites en la capital del estado, transportar sus productos y mercancías o para acudir a sus centros de estudio y trabajo. Muchos, además, son de Manzanillo, Armería y Tecomán, los municipios de Colima con mayor número de pobres, y otros son empresarios y trabajadores que viven del turismo, el cual se ve inhibido por las elevadas tarifas de ese tramo carretero.
Por ello, hasta el vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Oscar Jiménez, ha dicho que “la caseta de peaje vehicular de Cuyutlán afecta al turismo, al puerto y a la población”, por lo que pide que “se revisen los contratos con la concesionaria ya que afecta al turismo y el comercio, pues si bien no es ilegal como tal, sí es inmoral el cobro para los ciudadanos”.
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