El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero, deben ser congruentes con su supuesto compromiso de luchar contra la corrupción, la inmoralidad y la impunidad, sostuvo la Diputada Verónica Juárez Piña.
Por lo tanto, demandó en un Punto de Acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, "deben investigar y, en su caso, procesar penalmente al expresidente Enrique Peña Nieto y al exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, por su presunto contubernio con la empresa Odebrecht en sus ilícitos contra el Estado Mexicano".
Consideró increíble que en otros 12 países, sin tanta demagogia de lucha contra la corrupción de por medio, ya se haya destituido y encarcelado a
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero, deben ser congruentes con su supuesto compromiso de luchar contra la corrupción, la inmoralidad y la impunidad, sostuvo la Diputada Verónica Juárez Piña.
Por lo tanto, demandó en un Punto de Acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, "deben investigar y, en su caso, procesar penalmente al expresidente Enrique Peña Nieto y al exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, por su presunto contubernio con la empresa Odebrecht en sus ilícitos contra el Estado Mexicano".
Consideró increíble que en otros 12 países, sin tanta demagogia de lucha contra la corrupción de por medio, ya se haya destituido y encarcelado a presidentes y expresidentes por su complicidad con la compañía brasileña.
En México, en cambio, el presidente López Obrador empaña el ejercicio público al garantizar, aparentemente, impunidad a su predecesor a pesar de los múltiples indicios de su colusión en el desfalco a las arcas nacionales.
Juárez Piña, Coordinadora del GPPRD, cuestionó la inacción de la actual Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), según la cual la denuncia presentada desde 2012 por el PRD contra Peña Nieto “precluyó”, es decir, se perdió la oportunidad de procesar a los cómplices de Odebrecht en México por el simple paso del tiempo y la inacción de las autoridades.
La Diputada de Jalisco consideró esto escandaloso, pero tanto o más que otras instancias del llamado Sistema Nacional Anticorrupción que tampoco han actuado a pesar de no tener la limitante que alega la FGR.
Recordó que los delitos de corrupción se persiguen de oficio y no requieren denuncia alguna para ser investigados, por lo cual tanto la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Anticorrupción –respectivamente a cargo de Irma Eréndira Sandoval y María de la Luz Mijangos- deben proceder a la brevedad conforme a sus facultades.
Aunque Sandoval y Mijangos son muy cercanas al Presidente López Obrador, Juárez Piña les demandó conducirse con apego a la Constitución y las leyes en lugar de someterse a “pactos no escritos” contrarios al Estado de Derecho que sólo sirven para mantener la corrupción y la impunidad.
A mayor abundamiento señaló que desde julio de 2016 son perseguibles de oficio los delitos de ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, recibo indebido de remuneraciones, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, por lo que nada en la ley les impide actuar ya.
“En esta reforma –de 2016- se estableció que los tipos penales entrarían en vigor una vez que la Cámara de Senadores hubiera nombrado al Fiscal Anticorrupción, nombramiento que se produjo el 8 de febrero pasado en favor de María de la Luz Mijangos”, puntualizó la legisladora.
El llamado a investigar y procesar penalmente al expresidente Peña Nieto y al exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya, lo hizo directamente a la Fiscalía contra la Corrupción, dependiente de la FGR, porque consideró que el titular de esta última, Alejandro Gertz Manero, incurre en conflicto de interés al tener como su representante legal personal al mismo abogado de Lozoya Austin, es decir, a Javier Coello Trejo.
Esto –dijo la legisladora- pone en tela de juicio la imparcialidad de la FGR, aun cuando el presidente López Obrador haya dicho que no hay ilegalidad alguna en la relación entre la parte acusadora (Gertz Manero), uno de los acusados (Lozoya Austin) y el abogado de ambos (Coello Trejo). En todo caso hay un conflicto de interés y se trata de una relación inmoral. BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS
