Diputados de Morena, PAN, PRI, PT, MC, PES, PVEM y PRD presentaron 18 iniciativas en diversos temas, entre ellos, conocimientos ancestrales y tradicionales, feminicidios, impuestos,
Promover conocimientos ancestrales y tradicionales
La diputada María Eugenia Hernández Pérez (Morena) propuso reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología para promover el desarrollo de los conocimientos ancestrales, y definirlos como un conjunto acumulado y dinámico de saber teórico, experiencia práctica y representaciones que poseen los pueblos indígenas o comunidades locales que se desarrollan, mantienen y transmiten de generación en generación.
Es necesario que la relación entre los pueblos indígenas con el Estado y la sociedad tenga como base un diálogo intercultural, donde predomine el respeto mutuo por la dignidad de las personas, las culturas, las lenguas y los saberes de todos. Un diálogo intercultural que tenga como objeto generar acuerdos de inclusión para lograr el desarrollo y el bienestar. Fue enviada a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para dictamen, con opinión de la de Pueblos Indígenas.
Expedir la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Feminicidio
Por el PAN, las diputadas Adriana Dávila Fernández y Verónica Sobrado Rodríguez plantearon expedir la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Feminicidio, pues según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a diciembre de 2018, se contabilizaron 894 carpetas de investigación por feminicidios, y en lo que va de este 2019, son 294.
Subrayaron que tener una adecuada definición de los tipos penales y sus sanciones, así como la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, estados y municipios, coadyuvará en la prevención, atención, sanción y erradicación del feminicidio en México. Se mandó a las comisiones unidas de Justicia y de Igualdad de Género, para dictamen, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.
Aumentar porcentaje de Recaudación Federal Participable
Fernando Galindo Favela, diputado del PRI, planteó modificar los artículos 2 y 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, a efecto de aumentar el porcentaje de 20 a 25 por ciento de la Recaudación Federal Participable que constituirá el Fondo General de Participaciones e indicar que los montos que reciban los municipios y la Ciudad de México nunca podrán ser inferiores a dicho porcentaje.
Consideró vital que las finanzas de las entidades federativas y municipios se incrementen para generar por ellos mismos fuentes de inversión que detonen consumo y empleo, garanticen la continuidad en las acciones que llevan a cabo en beneficio de la gente, como la creación de obras e infraestructura, y la adecuada prestación de los servicios públicos. Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Reducir IVA e ISR en la frontera
A esa misma comisión se canalizó la iniciativa del diputado Galindo Favela, que reforma diversas disposiciones de las leyes del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto sobre la Renta, cuya intención es determinar el porcentaje de IVA que deberán pagar los residentes por actividades en la región fronteriza y establecer la deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo.
La intención es incentivar el crecimiento económico e inversión del país, así como mejorar la calidad de vida de las familias. Se busca reducir las tasas del IVA e ISR en zonas fronterizas del norte y del sur, deducir el pago de colegiaturas al cien por ciento en todos los niveles educativos, así como la deducción inmediata de inversiones de bienes nuevos de activo fijo de las personas físicas con actividad empresarial y las empresas.
Deducibilidad en el pago de servicios educativos
La diputada Cynthia Iliana López Castro (PRI) presentó iniciativa que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a efecto de precisar la deducibilidad en el pago de servicios educativos en escuelas privadas, del nivel inicial al nivel superior.
Se incluyen las cuotas de inscripción y las correspondientes al pago periódico de los servicios que realicen los contribuyentes, como la transportación. La intención es que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación y apoye a las familias a que cubran las colegiaturas con sus propios ingresos. Fue enviada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Estancias de día para adultos mayores
El diputado Armando Reyes Ledesma (PT) leyó una iniciativa que reforma diversas disposiciones de las leyes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Seguro Social, a fin de crear las estancias de cuidado de día para los adultos mayores y brindar servicios de calidad a este sector de la población.
Indicó que los adultos mayores enfrentan una serie de problemas, como falta de protección y atención, maltrato, violación de sus derechos fundamentales, falta de oportunidades, exclusión social y miles están en total abandono. La iniciativa se remitió a la Comisión Trabajo y Previsión Social, para dictamen, con opinión de la de Seguridad Social.
Accesibilidad de personas discapacitadas a servicios financieros
Mario Alberto Rodríguez Carrillo, diputado de MC, propuso reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, con el objetivo de garantizar la accesibilidad de personas discapacitadas a los servicios de las instituciones de la banca de desarrollo, como préstamos, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero.
Se prevé establecer que bajo ningún motivo podrá negársele el acceso a dichos productos y servicios a una persona discapacitada por motivo de su condición o de su género. Fue canalizada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Principios de género en contratos colectivos
La diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (PES) planteó modificar los artículos 132 y 391 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de incluir los principios de género y transparencia en la generación de contratos colectivos, ya que “es el momento laboral de las mujeres; es la oportunidad para ocupar más y mejores espacios de trabajo”.
Destacó que se debe legislar para darle herramientas a todas las mujeres para que, de manera efectiva, puedan acceder a un trabajo digno y remunerado de manera justa. “La voz de las mujeres debe ser escuchada en las mesas de toma de decisiones. Nuestra perspectiva debe ser incluida en las negociaciones. Estas diferencias salariales tienen sustento en patrones culturales”. Se mandó a la Comisión Trabajo y Previsión Social, para dictamen, con opinión de la de Igualdad de Género.
Concepto de “paleta vegetal”
Del PVEM, la diputada Zulma Espinoza Mata presentó iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y a la Protección al Ambiente, con la finalidad de insertar el concepto de “paleta vegetal”, entendiéndolo como las disposiciones de observancia general mediante las que a partir de criterios ambientales y paisajísticos se determinen las especies de árboles cuya plantación esté permitida.
Mencionó que el cuidado de la diversidad vegetal debe ser estricto considerando que alrededor del 54 por ciento de las plantas en México son especies endémicas. Por ello, se busca establecer criterios estandarizados que no sólo permitan su aplicación, sino que garanticen la pertinencia y los resultados positivos para mejorar la calidad de los ecosistemas. Fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales.
Ajustes a la Recaudación Federal Participable
La Comisión de Hacienda y Crédito Público analizará la iniciativa del diputado José Guadalupe Aguilera Rojas (PRD), que reforma el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal para precisar que el Fondo General de Participaciones se constituirá con el 40 por ciento de la Recaudación Federal Participable que obtenga la Federación en un ejercicio, distribuyéndose éste en un 25 por ciento para las entidades y en un 15 por ciento para los municipios.
Aguilera Rojas resaltó que el sistema tributario no es equitativo, permanece altamente concentrado en el gobierno federal y no hay una administración tributaria más eficiente. Además, en la actualidad la recaudación es insuficiente frente al gasto público, “el cual es necesario para atender de manera adecuada los derechos que tiene la población, como es la educación, salud, vivienda y combatir la pobreza”.
Atención médica a quienes no sean derechohabientes
El diputado Jesús Fernando García Hernández (Morena) planteó reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de establecer que las instituciones públicas del sector salud garanticen el acceso a la atención médica de urgencias, sin costo alguno, cuando se trate de personas que no sean derechohabientes.
Consideró que la medicina debe pasar de ser reactiva y genérica a ser predictiva y personalizada. Si bien el envejecimiento de la población puede considerase un éxito en razón de las políticas de salud pública y el desarrollo socieconómico, constituye un reto a la sociedad que deberá adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud, participación social y seguridad, así como la capacidad funcional de las personas adultas mayores. Se mandó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Indemnizar a quien haya sido vulnerado en sus datos personales
La diputada Jacquelina Martínez Juárez (PAN) propuso modificar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares para reconocer el derecho de los titulares de los datos a recibir una indemnización monetaria en caso de que sus derechos hayan sido vulnerados, cuyo monto será establecido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
La iniciativa, enviada a la Comisión de Gobernación y Población, plantea que se sancionará con pena de uno a siete años de prisión al que por cualquier medio accediera, violando sistemas de confidencialidad y seguridad, a las bases de datos en posesión del responsable. La diputada consideró que esto no es menor, pues México tiene rezagos en la materia.
Agilizar respuestas a peticiones ciudadanas
Norma Guel Saldívar, diputada del PRI, propuso modificar el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a fin de sustituir la figura de la negativa ficta por la de positiva ficta en los servicios que presta el gobierno a la ciudadanía, dado que en el país se realizan alrededor de 150 millones de peticiones diversas de los ciudadanos a la administración pública y tan sólo el 49 por ciento es atendido y contestado.
La legisladora dijo que tener una administración pública ágil, eficiente y transparente no se consigue con retórica, se deben generar los mecanismos legales necesarios para garantizar el cumplimiento del deber de todo servidor público. “No podemos seguir solapando la inactividad administrativa en detrimento de la ciudadanía; la burocracia no puede ser favorecida en cuanto a su inactividad”. Se mandó a la Comisión de Justicia.
Reconocer en educación básica la cultura de bienestar animal
Por Morena, la diputada María Beatriz López Chávez pidió modificar los artículos 7, 8 y 14 de la Ley General de Educación para reconocer en los programas de formación básica la cultura del bienestar animal.
Plantea establecer que la educación que imparta el Estado deberá inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental y conservación del medio ambiente del bienestar animal; estipular que el criterio que orientará a la educación luchará contra la violencia que se ejerce y regular que corresponde a las autoridades educativas federal y locales promover e impulsar las actividades y programas. Se turnó a la Comisión de Educación.
Aumentar castigos por el delito de violencia familiar
La diputada Nohemí Alemán Hernández (PAN) presentó iniciativa que reforma el artículo 343 Bis del Código Penal Federal, con el objetivo de aumentar la pena a quien cometa el delito de violencia familiar, establecer que se le impondrá de cinco a ocho años de prisión, y que el delito se perseguirá de oficio.
La propuesta, remitida a la Comisión de Justicia, también precisa que comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo “cualquier acción u omisión intencional, dirigida a dañar, dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual”.
Sancionar a quien realice disparos de arma de fuego sin causa justificada
Por Morena, la diputada Socorro Irma Andazola Gómez planteó modificar diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y del Código Penal Federal, con el objetivo de aplicar de seis meses a tres años de prisión o de 180 a 360 días multa y decomiso, al que, sin causa justificada, realice disparo de arma de fuego al aire o sobre una persona o grupo de personas, o en domicilio particular, en la vía pública, en un establecimiento comercial, de servicios, o fuera de un campo de tiro debidamente autorizado, o en algún lugar concurrido.
Señala que se entenderá por causa justificada, todas aquellas circunstancias en las que se ponga en riesgo la vida, la integridad física o el patrimonio, propio o de cualquier otra persona. Se mandó a las comisiones de Justicia y a la de Defensa Nacional.
Que jueces federales autoricen solicitudes de intervención de comunicaciones privadas
De la misma bancada, la diputada Graciela Zavaleta Sánchez expuso una iniciativa que reforma los artículos 50 Bis y 50 Ter de la Ley Orgánica de Poder Judicial de la Federación, para incluir la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas, para que los jueces federales al autorizar las solicitudes de intervención de comunicaciones privadas a los agentes del Ministerio Público responsables de las investigaciones relacionadas con dichos delitos, lo hagan de conformidad con lo establecido en dicha norma.
El objetivo es establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas y esclarecer los hechos; prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados que establece el ordenamiento materia del dictamen. La iniciativa se mandó a la Comisión de Justicia.
Supervisión de obras públicas
También de Morena, el diputado Francisco Jorge Villarreal Pasaret planteó modificar el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, con el objetivo de hacer responsables solidarios a las personas físicas o morales que sean contratadas como terceros a fin de realizar la supervisión de obras públicas por los daños que ocasionen los contratistas al gobierno federal.
La propuesta señala que las empresas que celebren contratos de supervisión de obra con las dependencias, órganos desconcentrados, o entidades del gobierno federal, serán responsables solidarias de los daños y perjuicios que ocasionen los contratistas que supervisen. Será analizada por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.
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