La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 284 votos a favor, 123 en contra y cero abstenciones, el dictamen que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 3° de la Constitución
El documento establece que el organismo que coordinará a este Sistema Nacional se denominará Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y el Sistema Integral de Formación, Actualización y Capacitación, que será retroalimentado por evaluaciones diagnósticas.
El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación conlleva un conjunto de actores, instituciones, procesos estructurados y coordinados. Su objetivo es garantizar la excelencia y equidad de los servicios educativos del Estado y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, para contribuir al desarrollo integral del alumnado.
Sus principios serán: aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes; mejora continua de la educación que implica el desarrollo y fortalecimiento permanente del sistema para el incremento del logro académico de los educandos; reconocimiento de las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y de la transformación social; búsqueda de la excelencia en la educación; integralidad del Sistema Educativo Nacional; cobertura universal en todos los tipos y niveles educativos, así como la participación social y comunitaria.
El Sistema contará con un Comité consultivo y deliberativo de las acciones del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, el cual acordará los lineamientos que regirán su funcionamiento, además de las actividades de colaboración encaminadas a lograr los principios del Sistema.
El documento resalta que el personal que ejerza las funciones de docentes, directivos o de supervisión tendrá derecho a acceder a un sistema integral de formación, capacitación y actualización. El Estado garantizará lo necesario para que dicho personal en la Federación, entidades y municipios, tenga opciones de formación, capacitación y actualización, cuyos contenidos serán elaborados con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, además de tomar en cuenta los contextos locales y regionales de la prestación de los servicios educativos, así como las condiciones de vulnerabilidad social.
Menciona que la oferta de formación, capacitación y actualización deberá centrarse en la mejora constante de las maestras y los maestros; vigorizar el desempeño académico de los educandos, a partir de una oferta amplia de métodos pedagógicos; favorecer la equidad; propiciar la excelencia de la educación que imparta el Estado; ser gratuita, diversa y de excelencia; incorporar la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, además de aprovechar y promover el uso de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital.
Los recursos materiales y financieros del extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación pasarán a formar parte de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Zaira Ochoa Valdivia (Morena) señaló que esta reforma permitirá acatar lo establecido en el párrafo sexto y de la fracción novena del Artículo Tercero de la Constitución, que ordena crear un Sistema Nacional de Mejora Continua, coordinado por un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, presupuestaria de decisión y de gestión con personalidad jurídica y de patrimonios propios.
Explicó que este Sistema Nacional tendrá como objetivo realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional. Además, determinará indicadores de resultados, establecerá criterios para el certificado de los procesos, emitirá lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, del desempeño escolar y resultados de aprendizaje y la mejora de las escuelas y la profesionalización de la gestión escolar.
Detalló que la organización administrativa de este organismo estará conformada por una Comisión y un Sistema Nacional como instancia de consulta y deliberación. “Se encargará de garantizar a las y los maestros sus derechos, pues pone el acento en procesos que permiten identificar espacios y necesidades que requieran medidas y competencias para mejorar la enseñanza”.
Resaltó que este dictamen integra tres iniciativas de los coordinadores de Morena, PES y PVEM y del PT, así como de la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal, y una de las y los diputados del PAN.
Subrayó que el dictamen fue enriquecido por más de tres mil propuestas recopiladas en un ejercicio ejemplar de parlamento abierto, que incluyó audiencias públicas y foros, realizados los días 6, 8, 9, 11, 13, 15 y 16 de febrero en las que participaron docentes, representantes sindicales, especialistas, académicos, organismos públicos y privados, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y autoridades en la materia, federales y estatales.
Refirió que esta ley va hacia el camino de alcanzar una educación que el país merece, por lo que invitó a validarla.
En los posicionamientos, la diputada María Chávez Pérez (Morena) expresó que la generación del conocimiento permite que las políticas públicas se sustenten en datos fidedignos para aprender con mayor exactitud y eficacia. “El Sistema Educativo debe evolucionar y desarrollarse continuamente; mejorar no sólo es evaluar, sino fortalecer las herramientas pedagógicas”.
Afirmó que con esta ley no se crea un organismo hueco, pues estará abocado a la transformación social y será un eje rector de la política educativa, porque todo lo que emita estará basado en evaluaciones, análisis y estudios. “Es momento de que México cuente con un organismo que dirija la educación, contribuya a evaluarla y dé las directrices para sus mejoras desde la investigación y la evidencia, y que sea sensible ante las realidades que vive el país”.
Del mismo grupo parlamentario, la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña indicó que el país ha logrado mucho en lo que se refiere al derecho a la educación, que está garantizado en México desde hace más de 100 años, “pero ya no es suficiente en pleno Siglo XXI”. Es necesario asegurar el acceso a la educación de excelencia, para que los jóvenes puedan enfrentar con éxito las múltiples transformaciones económicas y sociales del mundo.
Llamó a no eludir la responsabilidad de mejorar la educación, a fin de que sea una auténtica oportunidad de progreso y superación de niñas, niños y jóvenes en situación de pobreza. “Es una tarea que nos involucra a todos los que creemos que es una condición indispensable para el desarrollo económico, social y cultural del país”.
La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del PAN, aseguró que con esta reforma se desdibujan las funciones de la evaluación, además que genera una serie de estructuras desarticuladas y burocráticas “que nada tiene que ver con el cambio constitucional aprobado con anterioridad, dejando de lado las regulaciones necesarias para hacer funcionar un verdadero sistema”.
Agregó que “madres y padres que madrugan” hoy pierden la esperanza de que sus hijos cuenten con maestros evaluados. Pidió ver el impacto a futuro y que no tendrá reversa, porque se quita la educación de calidad y el acceso a escuelas con mejor infraestructura. “Los están mandando a que sean víctimas de la violencia y del crimen organizado”.
Por el PRI, la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo afirmó que “con esta ley dejan muy claro que no quieren evaluar y tampoco quieren ser evaluados”, porque no aclaran qué autoridades estarán a cargo de este proceso que se utilizará para retroalimentar el sistema integral de formación, capacitación y actualización, lo que abre la puerta a la discrecionalidad y ocurrencia.
Consideró que se vulneran la autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y gestión de la Comisión Nacional de la Mejora Continua de la Educación y las delegan a un comité, presidido por el secretario de Educación Pública, y deja en la indefinición a su junta directiva. Resaltó que obviamente hay centralismo porque no existe participación ni atribuciones para las autoridades educativas estatales.
El diputado Alfredo Femat Bañuelos (PT) expresó que su fracción parlamentaria votará a favor de la ley porque los derechos de la niñez no pueden esperar y los maestros, al ser agentes fundamentales del cambio, necesitan un marco normativo que les otorgue certeza sobre la mejora de sus capacidades de enseñanza y desarrollo personal.
“Legislemos en favor de las niñas y niños, de las maestras y maestros porque, además de ser un mandato constitucional, no podemos permitir ser omisos y no acatar nuestras responsabilidades legislativas; espero que veamos por el futuro de la educación, la cual es pública, laica y gratuita; es un derecho”, agregó.
Martha Tagle Martínez, diputada de MC, señaló que cuando se aprobó en conjunto la reforma constitucional en materia educativa, en abril, se construyó un proyecto educativo que le serviría a México y en el cual se puso, el interés de las niñas y los niños, y no los de un grupo en particular, y hoy se desploma aquella transformación. “Al aprobar estas reformas se les falla a las niñas y los niños del país”.
Mencionó que cuando se habla de evaluación diagnóstica, se dice que las evaluaciones serán formativas e integrales, pero no se indica a quiénes compete la formulación de tales juicios fundamentados; la evaluación significa contar con datos para poder mejorar el sistema educativo de nuestro país. “No podemos estar sujetos a la tiranía de una minoría”, advirtió.
El diputado Arturo Pérez Negrón (PES) afirmó que es necesario construir acuerdos y establecer condiciones de respeto para lograr un presupuesto ad hoc a las nuevas realidades. Lamentó que algunos organismos internacionales coloquen a México en los últimos lugares de aprovechamiento.
Por eso, dijo, vamos a promover la transformación del sistema educativo sin desvíos, sin distorsiones. “Vamos a otorgar el voto de confianza a esta ley, pero en ningún caso será un cheque en blanco para nadie”, advirtió.
Abril Alcalá Padilla, diputada del PRD, expresó que “con este dictamen, aprobado de manera irregular”, se eliminó un órgano autónomo y se creó otro vacío que queda relegado a un lugar muy secundario en el Sistema Educativo Nacional; la mayor parte de sus funciones quedan asumidas dentro de la ley que se crea en áreas administrativas y controladas por la SEP, dijo.
Precisó que la Secretaría de Educación se va a autoevaluar; va a simular que organiza un sistema de actualización y formación magisterial; va a realizar estudios a modo para ocultar las limitaciones de un sistema que lejos de buscar su mejora continua seguirá profundizando sus carencias y brechas. Además, cuestionó si la SEP se verá rebasada por tanta responsabilidad y afirmó que el sistema está enfermo, “le hacen falta muchas cosas que no están siendo reconocidas y respaldadas en el presupuesto 2020”.
Previamente, el Pleno rechazó la moción suspensiva de la diputada María Marcela Torres Peimbert (PAN), con la que pretendía se devolviera el dictamen a la Comisión, dado que “se violó el Reglamento; no hay una razón jurídica que lo haga legítimo. Vamos a ver qué pasará en el Senado de la República, y si no, estará la Corte”.
Al fijar su postura en contra, el diputado Jorge Alcibíades García Lara (MC), mencionó que esta reforma deja abierta la posibilidad para que los líderes sindicales ocupen espacios de decisión en los órganos de gobierno, organización y funcionamiento de la Comisión Nacional. Además, estas leyes secundarias no innovan ni preparan a los educandos para insertar al país a un escenario de competencia internacional, porque se omiten evaluaciones permanentes.
La diputada Idalia Reyes Miguel (Morena) destacó que el Sistema Educativo para la Mejora Continua no debe ser usado para transgredir, sino como un recurso hacia mejorar aprendizajes, por eso estará conformado por especialistas en enseñanza y pedagogía. Añadió que esta reforma dignificará el papel de los docentes, después del desprestigio del que fueron objeto.
La diputada Cynthia Iliana López Castro (PRI) manifestó su voto en contra, porque eliminó el instituto autónomo de evaluación y creó un organismo integrado por comisionados sin preparación académica y profesional para estar al frente, “con sus excepciones”. Dijo que la SEP será juez y parte, y “van a terminar autoevaluándose”. Es un retroceso histórico, no habrá una valoración para saber cómo llegó un maestro a estar frente a grupo y que una persona que haya reprobado 12 veces su examen, pueda enseñar a los niños y niñas.
Al hablar a favor del dictamen, el diputado Ricardo De la Peña Marshall (PES), dijo que con esta ley se da un voto de confianza, pero no se trata de un cheque en blanco. Precisó que la propuesta presupuestal 2020 plantea 324 mil millones de pesos a la educación, 1.8 por ciento más de lo asignado para 2019. “Hay apoyo, advirtió, queremos resultados”. Pidió no confundir la responsabilidad ética ante la educación, con la lealtad política. La educación es primero”.
La diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez (PAN) expresó que el mandato constitucional nos exige una ley que al menos tuviera en sus contenidos, una integración y funcionamiento adecuados del organismo para la mejora continua. Dijo que este dictamen es un conjunto de estructuras que centralizan la función en la Secretaría de Educación Pública y desdibujan el carácter nacional del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.
Por su parte, el diputado Oscar Novella Macías (Morena) destacó su solidaridad con la lucha magisterial, dijo que las maestras y los maestros deben saber que garantizarán sus derechos laborales y las más dignas condiciones para la realización de tan noble trabajo. Explicó que la evaluación diagnóstica será participativa, transparente y tendrá sustento en los principios de igualdad sustantiva, interculturalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas.
Al hablar en contra, la diputada Mónica Bautista Rodríguez (PRD) mencionó que con el dictamen aprobado se eliminó un órgano autónomo y se creó otro que queda relegado en un lugar secundario del sistema pedagógico. La secretaría se va a autoevaluar y simular que organiza un método de evaluación magisterial. “No puede haber mejora de la educación sin buenos maestros, con escuelas Normales en crisis, sin recursos e infraestructura adecuada”, señaló.
En favor, el diputado Benjamín Robles Montoya (PT) dijo que al estar en contra de las leyes secundarias se ignora lo que pasa en el país; hoy es un día histórico porque se acaba la pasada reforma educativa. Además, refirió que muchos de los logros de México también han sido de las maestras y maestros oaxaqueños porque son luchadores sociales. “En el sur-sureste del país, de cada cien personas pobres, ochenta y seis mueren en esas condiciones por los malos gobiernos que se han tenido”, apuntó.
En contra, el diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas (MC) comentó que se debe priorizar el principio del interés superior de la niñez y no a modo. En esta reforma se otorgarán las plazas de manera automática a quienes no sabemos si todos estarán o no debidamente preparados para dejar y encomendar en ellos el futuro educativo de nuestros niños, adolescentes y jóvenes.
A favor, el diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete (Morena) dijo que este dictamen busca que el sistema nacional de la educación sea actualizado y capacitado por la Secretaría de Educación Pública. “Con estas acciones se mejorarán los servicios educativos y los docentes serán reconocidos en su trabajo y no tendrán evaluaciones punitivas, sino capacitaciones para hacerlos más competentes; por ende, las niñas, niños y jóvenes recibirán una educación como lo marca esta reforma”.
La diputada Dulce María Sauri Riancho, del PRI, sostuvo que la propuesta de mejora continua no cumple con los objetivos, porque “es un sistema con organismos fantasmas que no tienen metas confiables para cumplir su función. “Votaremos en contra de crear un elefante reumático que se convertirá en blanco fácil de las presiones políticas y grupos de intereses que amagan la educación pública en México”. Se requiere un organismo autónomo e independiente para liberar este proceso de cualquier tipo de intereses gremiales o de las autoridades del sector.
En pro, la legisladora de Morena, María Teresa López Pérez resaltó que esta propuesta rescata la integridad y dignidad del país, porque privilegia el derecho a la educación pública para todos, con una visión de género, al ser una herramienta que conduce hacia la libertad y a desarrollar conciencia crítica. “Es una revolución pacífica defender este derecho a la enseñanza”.
Al hablar en contra, la diputada Marcela Guillermina Velasco González (PRI) indicó que este marco contraviene lo señalado en la Constitución y los acuerdos tomados. “No permitamos que la entrega de plazas sea botín político y pago de intereses personales; legislemos con alta responsabilidad y garanticemos sistemas transparentes”.
Por el PT, la diputada Margarita García García afirmó que el rezago educativo en Oaxaca se debe al robo de recursos, además que las administraciones anteriores no se acercaron a conocer el tipo de escuelas que dejaron. “Podrán denostar a los maestros de la entidad, pero ellos han demostrado la lucha y la integridad que han tenido siempre”.
Al hablar en contra, Miguel Alonso Riggs Baeza, diputado del PAN, expresó que es evidente que “se desconoce el contenido del dictamen; aquí se hincaron ante el amague de la CNTE. La mal llamada re-reforma educativa viene a reventar la vida social de México, pues si a los estudiantes no se les evalúa nunca se podrá medir la enseñanza que reciben las niñas, niños y jóvenes”.
La diputada del PT, Maricruz Roblero Gordillo sostuvo que la ley es el reflejo de una larga lucha que han tratado de erradicar las cúpulas que buscan hacer negocios al amparo de la educación pública. “El ordenamiento reivindica los principios y fines de la enseñanza pública, la cual debe ser laica y gratuita. Es tiempo de la nueva escuela mexicana, pues habrá equidad y excelencia; es tiempo de dar un giro a la formación del país”.
La diputada panista, Dulce Alejandra García Morlan, dijo que con esta reforma se entregará la rectoría de la educación solamente a unos cuantos líderes sindicales, por lo que les pidió se piense en la niñez del país que merecen una educación de calidad, que le permita salir del rezago y abandono social; por lo tanto, su voto sería en contra.
La legisladora de Morena, Abelina López Rodríguez resaltó que no es verdad que no se va a evaluar; lo que hoy se quita a la legislación es lo que le hacía daño al Sistema Educativo; es decir, la parte punitiva. Pidió el apoyo de la oposición para sacar adelante este marco normativo, pues es el que el país requiere.
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