De la Comisión de Pueblos Indígenas el Pleno avaló tres puntos acuerdo, a fin de solicitar a la Secretaría de Economía a que en el ámbito de sus atribuciones impida las actividades de
También se pidió al gobernador de Oaxaca haga del conocimiento público cuáles han sido las acciones, medidas y garantías de las 63 personas tzotziles realizadas en defensa de sus derechos humanos y los avances de la reparación del daño y el libre desarrollo en el caso de niñas, niños y adolescentes originarios de Chiapas, que el pasado 14 de octubre fueron rescatados de una presunta red de trata de personas.
De igual manera, se solicitó al Ejecutivo a que instruya una consulta previa, libre, informada, y culturalmente apropiada, a las comunidades indígenas de la región sur-sureste por la construcción del proyecto denominado "Tren Maya", debiendo cumplir para ello con lo dispuesto en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.
Comisión de Justicia
La Comisión de Justicia promovió siete puntos de acuerdo, uno pide a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General de Tamaulipas, hagan públicos los resultados sobre los avances que guarda la investigación de los hechos ocurridos en septiembre de 2018, en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, que terminaron en el asesinato de cinco personas y que se agoten todos los recursos necesarios para dar con los responsables.
Uno más para exhortar a los congresos locales que aún no lo han hecho a armonizar su legislación con las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de constancias de no antecedentes penales, y en el caso de aquellos que aún no la han realizado para que a la brevedad posible la lleven a cabo.
También se solicitó a la Fiscalía General de la República que informe a esta soberanía sobre el avance del esclarecimiento de los hechos denunciados como violaciones a los derechos humanos en los procesos iniciados en contra de Juan Carlos Orozco Matus, Othón Nazariega Segura, Efraín Picaso Pérez y Roberto Abel Jiménez García y, en su caso, se persiga a los responsables de tales violaciones y se adopten medidas que protejan sus garantías e integridad física durante su detención.
A su vez, se pide a la fiscalías y procuradurías generales de los estados y de la República informar sobre el avance para combatir el rezago en la investigación de los delitos cometidos contra periodistas y cuáles son los mecanismos que han implantado para proteger a los comunicadores.
También fue condenado el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, y se solicitó a la Fiscalía General de la República realizar una investigación y lograr que los responsables sean castigados.
Se aprobó otro punto de acuerdo que exhorta a los congresos y poderes ejecutivos de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Hidalgo y Morelos a armonizar la legislación local con la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos.
Uno más solicita a la Secretaría de Educación Pública y sus 32 homólogas locales a informar de las acciones adoptadas para crear conciencia entre los educandos sobre la igualdad de género y la cultura de la no violencia, prioritariamente la de género.
Comisión de Asuntos Migratorios
La Comisión de Asuntos Migratorios impulsó un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a exigir la debida rendición de cuentas y monitorear el desempeño de la Policía Federal, a fin de evitar extorsiones y actos de corrupción en las carreteras federales, durante la visita temporal de los connacionales en época decembrina.
Comisión de Comunicaciones y Transportes
La Comisión de Comunicaciones y Transportes impulsó ocho exhortos, el primero solicita al Ejecutivo que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Policía Federal, en el ámbito de sus competencias, se lleven a cabo las acciones que permitan acreditar la aplicación efectiva de la corresponsabilidad entre el usuario del autotransporte de carga y el autotransportista, cuando se contrate el servicio de carro por entero, en cumplimiento de la normatividad en materia de peso, dimensiones y capacidades de estos vehículos que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal.
Además, se pide a esta dependencia, a través de la Dirección General de Autotransporte Federal, emita nuevos criterios de aplicación de la corresponsabilidad en la prestación del servicio que ampara la carta de porte o comprobante que ampara el transporte de mercancías, a fin de dar certeza jurídica, claridad y justicia en la aplicación de la responsabilidad compartida.
Asimismo, se avaló un llamado a los gobernadores y los congresos locales a promover la creación de ordenamientos jurídicos y normativos, o en su caso, revisen los existentes, a fin de promover y reforzar la protección de los usuarios de vehículos no motorizados.
De igual forma, se invitó al Congreso de Baja California Sur a que el proceso de discusión de toda iniciativa con proyecto de ley o decreto que tutele el derecho humano a la movilidad, se lleve a cabo con responsabilidad, donde se consideren la transparencia y el fomento a la competitividad, buscando el bienestar de todos los sudcalifornianos.
Uno más, para exhortar al gobierno de Nuevo León a emprender acciones permanentes de mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, a fin de garantizar un servicio de calidad que permita salvaguardar la seguridad e integridad de los usuarios.
Mediante otro punto de acuerdo, se pidió al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor a vigilar y verificar, en el ámbito de sus atribuciones, el cumplimiento de los lineamientos de las tarifas, planes y costos que ofertan los proveedores concesionarios de telefonía celular y que los servicios adquiridos por los usuarios correspondan a los que ofreció el proveedor en su contratación; además de que la promoción de sus servicios no sea engañosa.
Se emitió un exhorto al gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que instruya a las dependencias correspondientes a buscar un esquema tarifario de descuento en beneficio de los municipios de Coatzacoalcos, Nanchital de Lázaro Cárdenas e Ixhuatlán del Sureste, para cruzar el puente de Coatzacoalcos 1 y el túnel Sumergido.
Asimismo, se pidió a los gobiernos de la Ciudad de México y de los estados de México y Morelos, que a través de sus respectivas secretarías de Movilidad y Seguridad Pública implanten medidas para regularizar las concesiones de transporte público, así como garantizar la integridad y seguridad de sus usuarios y fortalecer mecanismos de vigilancia y protección en materia de violencia de género para proteger la integridad de las mujeres.
Se avaló un punto de acuerdo que requiere a los municipios a incluir en su normativa medidas respecto a la obstrucción de la vía pública y de la libertad de tránsito mediante objetos, vehículos o señalizaciones para reservar espacios de estacionamiento.
Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento
La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento avaló nueve exhortos, uno de ellos pidió a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y al Organismo de Cuenca Península de Baja California instrumentar un Programa Emergente, con el fin de agilizar y resolver los trámites rezagados de la administración anterior y establecer una mesa de trabajo para analizar la posibilidad de desconcentrar facultades a los organismos de cuenca del país, para que los tramites subsecuentes sean atendidos y resueltos por sus localidades.
Además, realice un análisis de viabilidad y factibilidad para que las concesiones nuevas de los acuíferos del Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, sean autorizadas por las oficinas centrales de la Conagua y que las ya autorizadas, deban atenderse localmente.
Otro dictamen con punto de acuerdo aprobado exhorta a la Conagua, al gobierno de Sonora y todos los municipios de la entidad a crear medios e instrumentos oportunos que resuelvan de manera efectiva la escasez del líquido potable en este estado.
De igual forma se exhortó al Ejecutivo federal a revisar la magnitud de aporte de Chihuahua y los municipios correspondientes, a fin de determinar los apoyos y los instrumentos de compensación por las grandes cantidades de agua destinadas a cumplir el tratado de 1944 suscrito con Estados Unidos.
La Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a implantar con los 32 gobiernos estatales acciones orientadas a preservar y cuidar el líquido en todo el país y erradicar cualquier práctica que lo contamine.
El Pleno cameral aprobó un punto de acuerdo con el objetivo de que la Conagua, en coordinación con los gobiernos de los estados de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco continúen observando los recursos asignados a la limpieza y mantenimiento del río del Alto Lerma, para evitar la contaminación por materiales pesados de la zona industrial.
Otro exhorto a la Semarnat es el relativo a que haga del conocimiento público y transparente, a través de la Conagua, los planes y programas relativos a la construcción de la Presa Derivadora Armería, en Colima.
Por otra parte, se solicitó a la Conagua garantizar en la época de estiaje el abasto y el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en la alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México.
Asimismo, se aprobó un exhorto también a la Conagua para verificar y reducir las tarifas del líquido en localidades de Tamaulipas. En particular, en el sur de la entidad para que analice las fórmulas a fin de calcular las zonas de disponibilidad de aguas subterráneas (acuíferos) y superficiales (cuencas) que inciden en el costo e informe a los diputados periódicamente el ajuste de los montos y lo aplique en los principales municipios del país con actividad industrial.
También se avaló pedir a la Universidad, a la Secretaría de Educación y a cualquier dependencia pública de Colima, a liquidar los adeudos con los organismos municipales operadores de agua, por la prestación del servicio de distribución, drenaje y saneamiento.
Comisión de Energía
Se avaló punto de acuerdo que pide a la Comisión Reguladora de Energía y al Centro Nacional de Control de Energía a verificar los contratos firmados para la construcción tanto del “Parque Solar Villanueva”, como del “Parque Eólico Amistad”, a fin de vigilar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte de los participantes, así como los referentes a los contratistas y subcontratistas.
Comisión de Ganadería
Se pide a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para que a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), apliquen las acciones necesarias para vigilar la entrada de ganado bovino infectado proveniente de Centroamérica.
Otro más, solicita a estas mismas dependencias que vigilen con mayor rigor que la engorda del ganado se realice de manera segura y sin el suministro de sustancias tóxicas, especialmente el clenbuterol, a los animales destinados a sacrificio para consumo humano.
Comisión de Deporte
Durante la sesión, se exhortó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y a todas las federaciones deportivas a llevar a cabo programas de prevención para detectar conmociones cerebrales en atletas.
Otro pide que la Cámara de Diputados brinde un reconocimiento a la delegación de atletas mexicanos que participaron en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad
La Comisión Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad promovió tres exhortos, el primero pide a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para que impulse programas de vivienda a bajo costo para migrantes mexicanos en el extranjero y de retorno, que les permita hacerse de un patrimonio que posibilite el bienestar familiar.
Otro exhorto solicita a esta dependencia que a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas sea implantado un programa nacional de regularización de la propiedad de predios rurales y urbanos.
De igual manera, se pidió a las secretarías de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Gobernación, Seguridad Pública y Protección Ciudadana, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Energía, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional Forestal y las fiscalías generales de Chiapas y Oaxaca convocar a una mesa intersecretarial permanente para dar solución al conflicto limítrofe, territorial y ejidal existente entre dos entidades federativas y que involucra a los municipios de Cintalapa, Chiapas y San Miguel y Santa María Chimalapas, Oaxaca, y que el Inegi dé seguimiento a estos trabajos.
Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria
En tanto la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria impulsó nueve puntos de acuerdo, uno de ellos solicita a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), para que realicen las acciones necesarias para regular el conflicto entre agricultores por el uso de cañones antigranizo en Jalisco, a fin de sentar el precedente para futuros conflictos similares en el ámbito nacional.
Otro punto de acuerdo, pide a la Sader agilizar el envío oportuno de recursos financieros autorizados en el Presupuesto de Egresos para combatir la plaga de la mosca de la fruta y evitar la pérdida de la cosecha de cítricos en Nuevo León.
También, se solicitó a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía, implantar acciones que logren un equilibrio en el mercado azucarero y una vigilancia estricta en el cumplimiento de los acuerdos en la exportación de esta mercancía para apoyar a los productores de caña de azúcar en el país afectados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
De igual manera, aprobaron pedir a la Secretaría de Economía y al Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, acciones que permitan garantizar que los industriales del ramo cumplan los acuerdos y lineamientos normativos que los obligan a exportar su producto al mercado mundial.
Por otro lado, se avaló exhortar a las secretarías de Energía y la Sader a realizar acciones conjuntas para revisar el precio de compraventa de azúcar a los cañeros mexicanos, a fin de establecer una política en beneficio del mercado nacional de la caña y mantener el abasto nacional.
Además, se le pidió a la Sader impulsar la agroindustria, la cadena de producción del coco y todos sus derivados con el objetivo de generar una economía sostenible y polos de desarrollo regionales que coadyuven a la mejora de las condiciones de vida de quienes se dedican a esta actividad.
A su vez, se avaló exhortar al gobierno federal a tomar medidas orientadas a proteger al sector social cafeticultor y declarar como situación de urgencia, el combate de la roya del café.
Otro punto de acuerdo aprobado por el Pleno, exhorta a la Sader a reconsiderar los lineamientos sobre la operación del Programa Producción para el Bienestar 2019 para incluir a productores del sector social que quedaron fuera, e instaurar un programa de apoyo dirigido a los productores de cítricos y cultivos anuales del país, principalmente en materia de comercialización de sus cosechas.
Otro más, solicitó a la mencionada dependencia federal que libere los recursos para el pago de los adeudos anteriores primavera-verano y otoño-invierno de ingreso objetivo, especialmente del ejercicio fiscal de 2017 de sorgo, maíz y trigo. Así como no disminuir el subsidio de pago de coberturas para agricultura por contrato; es decir, se establezcan esquemas de comercialización adecuados para el sector agrícola.
Comisión Derechos de la Niñez y Adolescencia
El Pleno avaló siete puntos de acuerdo promovidos por la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia; uno exhorta a los congresos locales que aún no han dado cumplimiento a lo establecido en el artículo Quinto Transitorio de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil para que a la brevedad realicen un proceso de armonización de su marco legal relacionadas con las disposiciones contenidas.
Otro solicita a la Secretaría de Gobernación que, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fortalezcan las acciones tendentes a prevenir y actuar con oportunidad ante cualquier actividad, juego o reto viral en sitios de internet y redes sociales que atenten contra la integridad física y mental de niñas, niños y jóvenes.
Uno más, exhorta a las secretarías de Educación Pública y a la de Protección Ciudadana a garantizar, respetar, promover y proteger el derecho a la educación de todos los adolescentes sujetos a un procedimiento penal, y a su vez realice un trabajo interinstitucional coordinado con los titulares de las unidades de medidas cautelares, de cada entidad federativa, para dar cumplimiento a lo establecido en la ley.
También, un acuerdo que solicita a las autoridades educativas de las 32 entidades federativas para que apliquen los protocolos de actuación y prevención contra cualquier acto de violencia y abuso que se cometa en los centros escolares en contra de niñas, niños y adolescentes.
Del mismo modo, exhortar a las secretarías de Salud y de Educación Pública a implantar campañas de concientización para prevenir los efectos adversos en la salud por el uso excesivo de dispositivos electrónicos entre menores de edad.
Otro punto pide al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes reactivar la Comisión para el Seguimiento de las Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas; emita un informe de actividades 2018 y otorgue atención especial a las recomendaciones que no tienen reporte.
Asimismo, otro pide a los gobernadores de las 32 entidades federativas, que a través de sus secretarios de Seguridad Pública y dentro del marco de sus atribuciones, desarrollen los programas y acciones necesarias para garantizar la seguridad de las niñas, niños y jóvenes de todos los planteles educativos de sus estados.
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
Se aprobaron tres dictámenes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Uno exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conadis), en coordinación con las 32 entidades federativas, fortalecer las estrategias y acciones tendentes a eliminar la discriminación en nuestro país.
Otro más, solicita al Conadis que, en coordinación con las entidades federativas, fortalezcan las acciones para promover los derechos de las personas adultas mayores, con el propósito de prevenir así la discriminación y la exclusión social.
También uno para pedir a la Secretaría de Salud garantizar la inclusión y atención oportuna de servicios médicos de las personas con autismo, así como desarrollar programas integrales y campañas informativas para la detección temprana de los trastornos del espectro autista.
Comisión de Igualdad de Género
El Pleno avaló un exhorto impulsado por la Comisión de Igualdad de Género al órgano desconcentrado de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para que emprenda todas las medidas que garanticen el respeto irrestricto de los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad en los distintos centros penitenciarios del país, para lograr una reinserción social eficaz y prevenir la desintegración familiar.
Los diputados también avalaron el punto de acuerdo impulsado por la Comisión de Igualdad de Género, que exhorta a las procuradurías y fiscalías generales de Justicia de Baja California Norte y Sur; Ciudad de México; Guanajuato: Michoacán; Aguascalientes; Campeche, Colima; Coahuila; Chiapas, Chihuahua; Durango; Guerrero; Jalisco; estado de México; Hidalgo; Morelos; Nayarit; Nuevo León; Oaxaca; Puebla; Querétaro; San Luis Potosí; Sonora; Tabasco; Tamaulipas; Tlaxcala; Quintana Roo; Veracruz; Yucatán y Zacatecas, a la aplicación del criterio jurisdiccional de investigar con perspectiva de género todas las muertes violentas de mujeres.
Comisión de Gobernación
En tanto, la Comisión de Gobernación y Población promovió exhortar al gobernador de Quintana Roo a solicitar declaratoria de emergencia derivado de las afectaciones del sargazo a la economía estatal.
Comisión de Pesca
Los diputados también aprobaron un punto de acuerdo emitido por la Comisión de Pesca, el cual solicita a los titulares de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la de Agricultura y Desarrollo Rural; así como de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y el Instituto de Pesca y Acuacultura establecer las medidas y acciones que permitan regular la captura, protección y conservación de las poblaciones de cangrejo azul en Tabasco.
Comisión de Salud
Por otra parte, el Pleno avaló diez puntos de acuerdos promovidos por la Comisión de Salud; el primero exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a realizar las gestiones necesarias para incluir en el Catálogo Universal de Servicios de Salud el tratamiento de la enfermedad vascular cerebral.
El segundo, pide a la Secretaría de Salud federal y sus homologas en las entidades federativas, fortalecer los programas destinados a la detección y tratamiento tempranos de cáncer en niños y adolescentes.
Uno más, pide al Consejo de Salubridad General, realizar por medio de la Comisión para Definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos, las gestiones pertinentes para incluir el mieloma múltiple en la cobertura de Catálogo de Intervenciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
Otro exhorta al Ejecutivo federal y la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus facultades se realicen nuevas estrategias y mecanismos para prevenir y tratar la depresión en México.
Asimismo, se solicitó a esta misma dependencia federal, establecer un programa urgente que permita el acceso efectivo y universal al tratamiento integral del dolor y se inicie el procedimiento de actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA3-2014 sobre los criterios para la atención de enfermos en situación terminal a través de cuidados paliativos, a fin de que no queden excluidos en este procedimiento.
De igual manera, se exhortó a la Secretaría de Salud, al IMSS, ISSSTE y al Consejo Nacional de Población a promover y fortalecer las campañas de prevención del embarazo en adolescentes dirigidas a mujeres y hombres.
También, se avaló pedir al titular de esta dependencia a actualizar cada año las guías de Práctica Clínica mexicanas, conforme a las buenas prácticas internacionales y promover acciones que permitan su difusión.
El pleno exhortó a la Secretaría de Salud para que proporcione a las mujeres y sus parejas, información clara, didáctica y accesible sobre los programas de planificación familiar, nutrición materna, orientación sexual, detección y atención de violencia en el embarazo; que realice campañas que expliquen los riesgos de un embarazo; que establezca estrategias y programas para el control del embarazo complicado, y que cuente con una base de datos de “códigos rojos” con información completa de los casos, todo ello para coadyuvar a reducir la morbilidad materna.
Mediante otro punto de acuerdo se pidió que la Secretaría de Salud haga pública la información de los programas y estrategias que tiene considerados para combatir la temporada de influenza estacional de 2019, respecto del incremento de casos reportados y, particularmente, detallar si el Sistema Nacional de Salud cuenta con el abasto suficiente de medicamentos para combatir los diferentes tipos de virus de influenza que afecten a la población durante la temporada de este año.
También se exhortó al gobierno federal para que dé a conocer las acciones y resultados para atender a personas que presentan algún cuadro de influenza AH1N1 y garantice sus estrategias de acceso a servicios del sistema de salud. Solicitó que el gobierno de Nuevo León, mediante la Secretaría de Salud, fortalezca las acciones encaminadas a prevenir, identificar y atender a las personas con influenza AH1N1, ante la presencia de casos en la entidad, y destine los recursos económicos para estas actividades.
Comisión de Educación
También el Pleno avaló 14 puntos de acuerdos impulsados por la Comisión de Educación. Uno de ellos exhorta a las autoridades de los gobiernos locales a cumplir con los convenios de Apoyo Financiero para el sostenimiento de las universidades tecnológicas y politécnicas que no se consideren aportaciones estatales.
Se pidió a las secretarías de Bienestar y la de Educación federales y locales, así como a Petróleos Mexicanos impulsar un programa urgente de desarrollo de infraestructura educativa en comunidades con ductos de Pemex.
Además, se exhortó a la Secretaria de Educación Pública (SEP) a establecer mecanismos de colaboración con instituciones de nivel medio superior públicas y privadas, que cuenten con áreas de enseñanza de lenguas extranjeras para que faciliten el acceso de niñas, niños y adolescentes repatriados.
A su vez, se solicitó a la SEP y a la Secretaría de Salud para que en las instituciones públicas y privadas de preescolar y primaria, soliciten la cartilla original de vacunación con el esquema completo según corresponda a la edad del alumnado.
Por otra parte, se pidió a las autoridades educativas incluir en los planes de estudio, temas relativos a la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres.
También se aprobó un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a continuar fomentando la participación de las Universidades Interculturales en la aplicación de una política educativa transversal en la materia, con apego a las obligaciones convencionales y constitucionales dispuestas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Constitución Política.
De la misma comisión, se avaló otro punto de acuerdo para exhortar a las autoridades educativas y de seguridad pública, federales y locales, para que de manera coordinada implanten y fortalezcan campañas preventivas entre las comunidades escolares, a fin de prevenir el acoso cibernético.
Asimimo, se ratificó un exhorto para que las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, y de Educación Pública, en coordinación con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y los gobiernos de las entidades federativas, impulsen y fortalezcan programas de formación educativa para niños migrantes, así como protocolos de seguridad para garantizar su bienestar.
Uno más, para exhortar a las autoridades educativas federal y locales, para que en el ámbito de sus atribuciones implementen las acciones necesarias que garanticen el acceso a las personas con algún tipo de discapacidad, cuando así lo soliciten, a una educación.
Mediante otra propuesta avalada por el Pleno, también se hizo un llamado a las autoridades educativas, sanitarias y de seguridad pública, federales y estatales para que, en el ámbito de sus atribuciones, impulsen y fortalezcan, de manera coordinada, estrategias para prevenir y erradicar los diferentes tipos de violencia, incluida la autoinfligida, que se ejerce en ámbito escolar.
Otro, pidió que la Secretaría de Educación Pública (SEP), y su homóloga en el estado de Veracruz, proporcionen atención a la problemática laboral del personal docente adscrito a los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED) y continúen con el impulso de su participación dentro del Sistema Educativo Nacional.
Se aprobó otro acuerdo para llamar a la SEP a que establezca programas de capacitación de personal docente y administrativo de cada unidad escolar, a efecto de atender y brindar educación integral a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con condición del espectro autista, para integrarlos al sistema educativo regular; y para erradicar su estigmatización, que promueva campañas inclusivas y de concientización a madres, padres, tutores y alumnado. Además, que la Secretaría de Salud impulse campañas sobre esta condición, para promover su inclusión social.
Uno más, a fin de exhortar a la Secretaría de Salud federal, a los gobiernos locales y a las universidades públicas de los estados, para que impulsen un programa de realización de prácticas profesionales y servicio social, de estudiantes de medicina, enfermería y de trabajo social, dirigido a comunidades con vulnerabilidad social.
La Comisión de Educación también impulsó exhortó a la SEP para que en el ámbito de sus competencias y conforme a normatividad aplicable, instrumente acciones que faciliten la inscripción de niñas, niños, adolescentes y jóvenes mexicanos en su retorno al país. De igual forma, para que realice foros y talleres con el magisterio nacional a fin de sensibilizar sobre la inclusión de estudiantes binacionales y biculturales al Sistema Educativo Nacional.
Comisión de Cultura y Cinematografía
De la Comisión de Cultura y Cinematografía, se dio luz verde a un punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Cultura realizar una exposición temporal o permanente de las obras realizadas por artistas mexicanos y destinadas para su exhibición en el Complejo Cultural de los Pinos.
También, se exhortó a la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, para realizar un catálogo y recorrido digital de los exvotos mexicanos recuperados por el gobierno italiano y devueltos el pasado 5 de marzo de 2019 para posibilitar su difusión y apreciación a lo largo de nuestro país ante la imposibilidad de toda la ciudadanía de poder asistir a las principales urbes donde usualmente se exponen esta clase de obras.
Además, se pide a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) incorporar en su Estatuto General a la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas y se le exhorta a brindar el reconocimiento al fundador del CUEC y designar un espacio emblemático de la institución académica con el nombre "Manuel González Casanova".
Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales
De la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales se aprobaron nueve puntos de acuerdo; uno de ellos solicita a la Semarnat, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Conagua y a los gobiernos de Oaxaca y Veracruz aplicar sanciones administrativas o penales en contra de quienes viertan tóxicos. Además, para que las empresas instalen plantas de tratamiento de aguas en cumplimiento a buenas prácticas ambientales.
Los diputados llamaron al gobierno del estado de México a frenar la tala ilegal en Xalatlaco, Ocuilan, Ocoyoacac y demás municipios del sureste de la entidad, establezca más operativos de vigilancia e inspección en los bosques e informe públicamente los resultados obtenidos.
Aprobaron otro exhorto para que el gobierno de Tamaulipas elabore un programa estatal de prevención y gestión integral de residuos, con el objetivo de aplicar una política que minimice, valore y aproveche estos materiales y prevenir la contaminación de suelos, de acuerdo a la normativa en la materia.
Llamaron a la Semarnat a redoblar las acciones a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a fin de que los sujetos obligados de la industria farmacéutica cumplan la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, respecto a la implementación, ejecución o adhesión a los planes de manejo de los residuos peligrosos.
Los legisladores exhortaron a la Semarnat, a la Sedatu y a la Profepa para que en coordinación con el ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, establezcan acciones de vigilancia tendentes a ordenar el desarrollo urbano y proteger el hábitat que evite la muerte de coatíes, tejones y mapaches.
Uno más solicita al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales Federal y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que, en coordinación con el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del estado de Nayarit, investigue las causas que dieron origen a los varamientos de especies marinas en los últimos meses, para que de conformidad con la legislación ambiental vigente se sancione a quien resulte responsable, ante acusaciones que se señalan por acontecimientos derivados del abandono de redes de pesca en el mar.
También, se le pidió que en atención a las facultades que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente le confiere, realice las gestiones necesarias y resuelva los conflictos jurídicos que impiden la elaboración del programa de manejo del área natural protegida Parque Nacional Cumbres de Monterrey, a fin de que se formule y publique.
Además, se solicitó al Ejecutivo evaluar por conducto de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la recategorización del Nevado de Toluca como "parque nacional" o la categoría que resulte más apta, y en su caso, derogue el decreto de fecha 26 de septiembre de 2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2013, por el que se declara área natural protegida, con el carácter de área de protección de flora y fauna al nevado, y así garantizar su conservación.
Asimismo, se exhortó al titular de esta dependencia y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a implantar acciones que protejan las playas mexicanas y el libre tránsito en ellas, así como vigilar que el uso, aprovechamiento o explotación de estas a través de concesiones, no afecte ni altere el equilibrio ecológico.
Comisión de Derechos Humanos
De la Comisión de Derechos Humanos se exhortó a las y los Titulares del Poder Ejecutivo de los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México a que reconozcan el desplazamiento forzado que ocurre en las entidades federativas, así como los riesgos a los que se encuentran expuestos las y los habitantes que en ellas residen. Asimismo, consideren el registro de las víctimas de desplazamiento forzado a fin de que estas puedan acceder a la reparación integral del daño que contempla la Ley General de Víctimas.
En otro punto de acuerdo, se solicitó al Ejecutivo reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, regulada en los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
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