La senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva, se comprometió a impulsar, desde el Senado de la República, una reforma integral al sistema de justicia,
Destacó que es con el fin de proteger a las víctimas; asegurar que los responsables de los delitos no queden impunes y que las autoridades actúen con la mayor rectitud y honestidad en el cumplimiento de sus funciones, siempre respetando los derechos humanos.
Además, adelantó, se adoptará la perspectiva de género en el sistema de procuración e impartición de justicia, también con el objetivo de combatir la violencia de género y todas las formas de discriminación que afectan a las mujeres.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, organizó la presentación de los proyectos de iniciativas en materia de justicia que el Ejecutivo Federal enviará el Senado de la República el 1 de febrero próximo.
Para tal fin, adelantó que se va a reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Amparo, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
Agregó que también se plantearán reformas a 14 artículos de la Constitución Política: El 5, el 16, el 18, el 19, el 20, el 21, el 73, el 76, el 94, el 97, el 101, el 102, el 116 y el 122.
“Nosotros tenemos la voluntad de analizarlo, de revisarlo. El Senado actuará con toda responsabilidad y seriedad en la dictaminación. Construiremos, mediante un amplio consenso, la normatividad que el país y la ciudadanía exigen. El análisis de las propuestas será mediante el Sistema de Parlamento Abierto”, aseguró.
Es decir, agregó, no nos vamos a apresurar, porque queremos otorgarle a la ciudadanía instrumentos jurídicos que permanezcan y que sean eficaces para poder enfrentar con éxito el problema de la inseguridad, de la impunidad, el problema de la violencia.
“No impondremos normas que afecten derechos fundamentales, escucharemos a todos: intelectuales, académicos, investigadores, sociedad civil, organismos no gubernamentales, colectivos y creemos que, en la construcción de las normas jurídicas, en los nuevos proyectos de modificación constitucional y legal, sí nos podemos poner de acuerdo”, adelantó Monreal Ávila.
Asistieron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; Julio Scherer Ibarra, Consejero Jurídico de la Presidencia; el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; los coordinadores de los Grupos Parlamentarios de Morena, PAN, PRI, MC, PRD, PT, PVEM, PES; y los integrantes de la Comisión de Justicia que preside el senador Julio Ramón Menchaca Salazar, de Morena, quienes serán los responsables de revisar las iniciativas.
En su oportunidad, Sánchez Cordero aseguró que para el Gobierno Federal y para la dependencia a su cargo, es fundamental el fortalecimiento del sistema de justicia, tanto en la procuración como en la impartición.
“Por eso, deseo que este esfuerzo sea el inicio conjunto de poderes, para buscar soluciones y mecanismos que consideran a las instituciones de justicia los temas más sensibles para nuestra población. Es un compromiso institucional y personal este fortalecimiento a las instituciones de justicia. Deseamos que la discusión sea prolífica, que se genere el debate, que se discuta y se llegue a la mejor construcción normativa”, exhortó.
Señaló que, sin duda, el fortalecimiento del sistema de justicia y de las garantías penales, es de extrema importancia para vivir en un Estado de Derecho, lo cual es de suma importancia para el Estado mexicano y para la Cuarta Transformación.
En su turno, Scherer Ibarra señaló que los problemas del mundo, sus dudas e inconsistencias siguen siendo los mismos a través de los siglos, desde la Grecia clásica hasta la realidad nacional de hoy.
“Así vemos a México, como un problema de violencia que no hemos podido arreglar y que requiere una nueva norma para la persecución de los delitos”, reconoció.
Por esa razón, dijo, el Ejecutivo Federal va a proponer a la Cámara Alta, de común acuerdo con la Fiscalía General, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica, un nuevo Código Penal Nacional, un proyecto de Código Nacional de Procedimientos Penales, un proyecto de Ley Nacional de Ejecución Penal y un proyecto de Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.
“Estas iniciativas pretenden formar un nuevo paradigma que nos lleven a consolidar un nuevo modelo de seguridad y justicia, que sustituya al actual que ha fracasado y que nos ha llevado a un récord nada envidiable de casi 99 por ciento de impunidad en México”, declaró.
El servicio público es una tarea de privilegio, porque se ejerce para los demás y es, desde esa circunstancia, la que el servidor público, que les exhorto a sumar esfuerzos para trazar unidos las líneas que habrán de definir el proyecto de justicia que queremos para este país.
Gertz Manero explicó cada uno de los proyectos que de la siguiente manera:
Proyecto de Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica: Se pretende la prevención de la delincuencia desde su inicio, protegiendo la convivencia cotidiana frente al asedio de la delincuencia común y de su colusión con policías y funcionarios municipales.
Se priorizará la reparación inmediata del daño, con la obligación del Estado de repararlo en los casos de las personas más vulnerables.
Se promoverá el trabajo comunitario para fortalecer las redes sociales y los valores cívicos, para que el infractor entienda que ofende a la sociedad y así evitar el pago de multas con las que no se comprometen a nada con la falta que cometen.
Proyecto de Código Penal Nacional: Se buscará homologar todos los delitos, su tipicidad y agravantes, en una sola ley que le dé certeza y equilibrio a la defensa social en todo el país, y con ello evitar tener 32 códigos, bajo la justificación de que si no hay una homologación de defensa social, no puede haber tampoco una homologación de defensa de cada una de las personas.
Permitirá a las entidades federativas establecer delitos específicos, considerando sus raíces culturales y sus características regionales.
Se establecerá con toda precisión la competencia local y la federal, en razón de la defensa de los derechos individuales, por un lado, y por el otro los derechos inalienables de la nación.
Corresponsabilizar a las autoridades federales y estatales de manera clara y específica en su lucha contra la delincuencia organizada. Además, proteger a las víctimas para que denuncien delitos con toda fortaleza. También, defender a la víctima y no al victimario y que el Ministerio Público sea auxiliar del que lo necesite.
Proyecto de Ley Nacional de Ejecución Penal: Todos los primodelincuentes deben tener cárceles abiertas, para no convertirlas en alumnos de las escuelas del crimen, cárceles abiertas bajo control, pero cárceles abiertas.
Todos los reincidentes tienen que ir a la cárcel, y las cárceles tienen que ser centros de productividad, centros de industria, centros de capacitación, centros de autocapacidad; para que realmente ahí se preparen.
Nadie puede obligar a alguien a que trabaje, pero el juez sí puede decir “pena mínima para el que se readapte y pena con agravantes para el que no quiera readaptarse”.
Los reos peligrosos deberán estar totalmente aislados de los primodelincuentes.
Proyecto de Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia para Adolescentes: Es con el fin de detener el creciente número de niños y adolescentes dedicados al delito. Tiene que haber una visión muy clara para ellos, para sus padres y para el Estado, de que aquel que entiende se le sanciona; y aquel que tiene la patria potestad o la guardia y custodia, tiene responsabilidades, y también el Estado tiene que reparar el daño.
Que se sentencie por la cantidad de años consecuentes a la comisión de un delito y evitar que al cumplir 17 años de edad se vayan y tengan una responsabilidad frente a su comunidad.
“Vamos a seguir trabajando para que el día 1º de febrero, pueda ya tener una visión completa para someterla, como es mi obligación, a la soberanía de ustedes, a su conocimiento; y ya lo hagamos en un debate público para que haya una participación muy generosa de toda la sociedad en este aspecto y podamos trabajar juntos”, expuso Alejandro Gertz Manero.
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