México ha quedado rezagado en las técnicas y uso de tecnologías para contener manifestaciones sociales. Hechos recientes de vandalismo en la Ciudad de México y otras partes del país,
Así lo señaló José Luis Calderón González, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), quien destacó que hechos como el incendio de la puerta de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, los actos vandálicos en el Centro Histórico, la toma de la Cámara de Diputados, manifestaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la toma de Periférico Sur a la altura del edificio de Policía Federal y hasta el vandalismo en el Ángel de la Independencia, pudieron haberse evitado con equipamiento moderno que lamentablemente las agencias del orden no tienen.
Destacó que “ante el nivel de violencia que se vive hoy, Poner a soldados o policías frente a multitudes sin una barrera y máximo con un escudo, representa un alto riesgo, puesto que condiciones como el cansancio, las incomodidades, los factores climatológicos, el hambre y otras cuestiones propias de las tensiones que empiezan a ejercerse, hacen inevitable los empujones y van haciendo una escalada en la violencia tal, que las agresiones físicas llegan a ser inevitables”.
Ante ello, dijo Calderón González, es necesario que estas corporaciones del orden, como lo hacen en otras partes del mundo, recurran a tecnologías que les permita separar a los manifestantes del personal, la ciudadanía y de los bienes inmuebles que muchas veces son vulnerados y vandalizados por los manifestantes.
Destacó el vicepresidente de la AMESP qué para llevar a cabo este tipo de tareas, las fuerzas de seguridad pública del país deben recurrir a empresas de seguridad privada que cuentan con la tecnología y equipo que se requiere y que pueden colaborar en la difícil tarea de contener a multitudes y grupos violentos, sin violar sus derechos y sin poner en riesgo el patrimonio cultural, artístico e histórico de los mexicanos.
Y es qué, los efectos de una manifestación social que causa destrozos y graves daños a edificios públicos y monumentos históricos y artísticos, repercute no solo en el tráfico y malestar de los usuarios, sino que daña la imagen del país en el exterior y hace evidente la incapacidad de las autoridades para hacer valer el Estado de Derecho. En cuanto a las pérdidas económicas están son incalculables por el grave daños al patrimonio artístico de la Nación.
En zonas especificas del país, son evidentes estas crisis recurrentes de ingobernabilidad donde organizaciones con motivaciones opuestas al interés colectivo hacen gala de su poder de convocatoria, capacidades de organización y su deseo desafiante a la autoridad que lamentablemente hoy se muestra pasiva e indiferente.
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