Por Walter Ramírez Aguilar
Por Walter Ramírez Aguilar
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aún tiene muchos pendientes...
A casi un año de que fue promulgado el sistema nacional, aún no hay un Fiscal General de la República ni un Fiscal Anticorrupción, ni magistrados en la materia y tampoco existe un Fiscal especializado en delitos electorales.
Un sistema anticorrupción es el último recurso de una democracia amenazada, y la nuestra lo está, afirma Eduardo Bohórquez de Transparencia Mexicana (TM).
En México, cada día más, la sociedad siente menos aprecio por la democracia.
“El caso empieza a ser alarmante. Entre el 2015 y el 2017 el número de personas que consideró la democracia como la mejor forma de gobierno cayó del 71 por ciento al 56, y sólo uno de cada cuatro mexicanos está satisfecho con los resultados de este tipo de régimen”, agrega el directivo de esa organización civil.
Además, señala que entre las explicaciones de nuestro descontento, “destaca la frecuencia con la que tenemos que pagar sobornos”.
Dice que un estudio reciente de la organización que representa, revela que un 53 por ciento de la sociedad declaró haber pagado mordidas para acceder a la educación, la seguridad y la justicia, entre otros servicios públicos básicos.
La corrupción, sintetiza, es el impuesto más regresivo que tenemos.
Transparencia Mexicana considera que en promedio, el 14 por ciento del ingreso familiar se destina al soborno para facilitar trámites y servicios públicos.
El principal objetivo del SNA es el de contribuir, aprovechando al máximo los recursos del Estado, a sanar la República.
Su restauración, supone, a pesar de los quebrantos y los desvíos, que el bien público se imponga a los intereses de los particulares; que se terminen y corrijan las canonjías, los malos manejos y los privilegios, que según el periodista Arturo Ángel, en su libro Duarte el priista perfecto, ha dejado una sangría a la sociedad de más de 214 mil millones de pesos del 2001 al 2016, es decir, poco más de 12 mil millones de dólares. Y según la organización ciudadana Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la cifra de desvíos del erario público contabiliza más de 64 mil millones de pesos en 2017.
Un dato que demuestra el tamaño del problema es que el refiere la encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno: en solo 12 meses se registraron la comisión de más de 220 millones de actos de corrupción administrativa.Tomado de e-Legislativo.mx
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