LA REAL POLITYK
CIUDAD SIN LEY
Los cárteles de la droga, operan con toda libertad en todo el Distrito Federal,
CIUDAD SIN LEY
Los cárteles de la droga, operan con toda libertad en todo el Distrito Federal,
Ya no asombra conocer el descubrimiento de cadáveres en la vía pública
La violencia se extiende en todo el territorio nacional, sin que exista autoridad que la controle
La ciudad de México, antes Distrito Federal, es ahora campo de batalla de los cárteles de la droga, del crimen organizado, que fue mil veces negado por el futuro Senador de la República, Miguel Ángel Mancera.
Los hechos de violencia se suceden por todos lados, el crimen organizado y el improvisado también, comenten sus fechorías con toda impunidad, a todas horas del día y en todas las delegaciones de la ciudad capital.
El reciente hallazgo de dos cadáveres desmembrados en la avenida Insurgentes la más larga de la ciudad, en su zona norte y la más importante de la capital y a unos metros de un cuartel de policía, revela que no hay gobierno.
El relevo en el mando como “Jefe” de Gobierno, José Ramón Amieva y sus “responsables” de seguridad, el secretario del ramo, Hiram Almeyda y el procurador general de Justicia, Porfirio Garrido, son figuras decorativas ante la gran ola delictiva.
La muerte violenta es cotidiana en las calles de la ciudad, es común enterarse de balaceras en diversos rumbos, lo mismo en las vías principales, que, en la zona de Tepito, en la avenida Observatorio, y en las dos delegaciones más peligrosas la Gustavo Madero y la de Iztapalapa, en suma, en gran parte de la ciudad de México.
Los llamados chilangos, viven con miedo, a partir de las siete de la noche se refugian en sus domicilios, o salen con el temor de ser asaltos y de no ser auxiliados por los uniformados, que, en la mayoría de los casos, están coludidos con el hampa.
El “Jefe del Gobierno de la ciudad”, una vez que reconoció la existencia de cárteles de la droga, se comprometió a “brindar la paz”, para que los millones de capitalinos puedan vivir o sobrevivir con tranquilidad.
Mancera, el futuro senador por decisión de ya sabes quien, no le heredó el trono; le dejó una ciudad dividida, con miedo, incendiada, con colonias en las que el crimen organizado o improvisado, realiza las funciones de la autoridad y lo más graves, zonas en las que los uniformados no suelen patrullar.
Los mercados populares y sobre ruedas, están sometidos a la extorsión, al cobro de derecho de piso. Quien paga, tiene la seguridad para vender
El clima de violencia no es exclusivo de la ciudad de México, el homicidio cotidiano de policías (la ocurrida en el municipio de Amozoc, en el estado de Puebla, no fue por enfrentamiento, fue por ejecución y con el tiro de gracia) también de autoridades municipales y lo más grave de candidatos a cargos públicos, los criminales han impuesto su autoridad sobre las estructuras tradicionales del poder.
Los cotidianos asesinatos se han vuelto "normales" que ya nadie se asombra, ni los ciudadanos y muchos menos las “autoridades”, que solo fingen que cumplen con su deber y hacen declaraciones que nadie les cree.
A unos días de que millones de mexicanos decidan quién será el Gran Tlatoani por ser años (o más) se ha dado cuenta de la falta de propuestas para terminar o por lo menos controlar la inseguridad y justicia.
Los hechos diarios de sangre, demuestran que la violencia y las organizaciones criminales crecen y prosperan en regiones donde los tres niveles de gobierno, Federal, estatal y municipal, no tienen los recursos, el personal capacitado y los instrumentos de coordinación, debido a que pertenecen a partidos políticos distintos.
Las diferencias políticas entre el actual Presidente, los gobernadores y ayuntamientos generan falta de cooperación en el área más sensible que puede manejar un gobierno: otorgar seguridad a los millones de mexicanos que exigen vivir en tranquilidad.
Bienvenida la alternancia de partidos, pero cada uno de estos cambios políticos deja márgenes de riesgo para que las diferencias políticas se reflejen en problemas de descoordinación. Si las premisas de la doctora Ríos permanecen vigentes, México está al borde de alzas insospechadas en la violencia y la inseguridad.
El próximo gobierno deberá aplicar mano dura para arrebatarle al crimen su soberanía sobre el territorio nacional para preservar las vidas de millones de mexicanos.
En el más reciente informe, sobre la Violencia Política en México, elaborado por la Unidad de Análisis en Riesgos de Seguridad de Etellekt Consultores se asegura lo siguiente
“Durante los primeros 8 meses del proceso electoral se han contabilizado un total de 305 agresiones, directas e indirectas, en contra de actores políticos y familiares.
Los ataques dejaron saldo de al menos 93 políticos asesinados, 35 de los cuales eran precandidatos y candidatos, también autoridades electas y dirigentes de partido, en especial en el ámbito municipal; adicionalmente 44 familiares de políticos también perdieron la vida
Sólo en las dos últimas semanas han ocurrido tres asesinatos. El día 31 de mayo, en Guerrero, mataron a Rodrigo Salado Agatónal quien era candidato del PRI-Verde a una regiduría del municipio de San Marcos (Guerrero); el dos de junio en la madrugada fue encontrada sin vida Juana Maldonado candidata a diputada local por el Partido Verde.
Ella se postulaba por el distrito II con cabecera en Huachinango (Puebla). La misma madrugada del dos de junio, en Oaxaca mataron a Pamela Itzamaray Terán Pineda candidata a presidenta municipal de Juchitán (Oaxaca) y postulada por el PRI-PVEM. El pasado viernes 8 de junio en Piedras Negras (Coahuila) a la salida de un debate, un sicario mató a Fernando Purón Johnston, candidato a diputado federal y postulado por el PRI. Y los que se acumulen.
Las autoridades federales, en su afán de explicar los crímenes, a la fecha no aclarados, aseguran que algunas de estos hechos no guardan relación con el proceso electoral o bien que las personas asesinadas mantenían relación con el narcotráfico.
Sin embargo, parece precipitada, evasiva y poco responsable dicha declaración que el asesinato de un candidato no guarda relación con el proceso electoral.
El magnicidio tiene como finalidad mandar un mensaje de comunicación política al Estado y a la sociedad: nadie, ni si quiera el propio Estado, puede imponer reglas a las reglas de los criminales.
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