Francisco Gómez Maza
Atroz, sanguinaria, con saña, es la desaparición en México de defensores de derechos humanos. La inmensa mayoría son asesinados sin dejar huellas. Los dos defensores más recientemente desaparecidos, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, llevan casi un mes sin que nadie sepa de ellos, si están vivos o están muertos.
Se los tragó la tierra. O podrían estar en alguna casa de seguridad de sus captores.
Y ojalá que quienes presumen de que lo más seguro es que hayan sido asesinados no tengan la razón… Todos sus familiares y amigos abrigan la esperanza, que cada día va disolviéndose más y más en la memoria humana, de que ambos activistas, que llevan desaparecidos alrededor de un mes y nadie, ni el viento, da indicios de su paradero, aparezcan a la puerta de su casa, como llevados por el viento.
Pero quienes saben de estas cosas indignantes dicen que sus cadáveres podrían estar ya en cualquier hoyo de este enorme cementerio que es la República Mexicana. Todo puede ser ante la ignorancia de los hechos.
El caso de Antonio y Ricardo ha llegado ya a oídos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual ya solicitó al gobierno de López Obrador que redoble los esfuerzos para localizar al profesor y líder indígena Antonio Díaz y al abogado Ricardo Arturo Lagunes, desaparecidos el 15 de enero entre los estados de Michoacán y Colima; precisamente en Tecomán, Colima.
La Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA) se sumó a las exigencias de su localización inmediata. Su camioneta fue encontrada abandonada con impactos de arma de fuego. Hasta el momento no se conoce su paradero, pero se presume que su desaparición podría estar vinculada con sus labores de defensa de territorio en Michoacán.
La desaparición de Lagunes y Díaz refleja la crisis de desapariciones en México, que en 2022 rebasó la cifra de 100 mil personas no localizadas, y la de asesinatos, al consolidarse como uno de los países más peligrosos para activistas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó al gobierno mexicano redoblar los esfuerzos para localizar al profesor y líder indígena Antonio Díaz y al abogado Ricardo Arturo Lagunes.
Antes de su desaparición, ambos defensores habían participado en el auditorio comunal de la comunidad indígena de San Miguel Aquila (Michoacán), donde Lagunes brinda acompañamiento legal y Díaz es líder local, profesor y defensor de derechos humanos. Tras la asamblea se fueron de Aquila con dirección a la capital de Colima, donde se les perdió el rastro.
Ricardo Lagunes es abogado litigante de San Miguel Aquila, comunidad indígena que lleva desde 1998 en la defensa de la tierra frente a la minería, actualmente la compañía Ternium. La familia de ambos pidió responsabilidades a la compañía minera mencionada, ante la cual Lagunes litigaba en defensa de la tierra y a la cual relacionaron con la desaparición.
La minera es un actor más dentro de la región, lleva 20 años presente, por lo que, sería imposible para ellos trabajar sin conocer al resto de actores, entre los que están grupos criminales.
Durante el 2021, en México fueron asesinados 25 activistas defensores de derechos humanos y del medio. Los crímenes fueron realizados en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y Veracruz, donde los activistas salvaguardaban los derechos humanos de las comunidades que habitaban.
La mayoría de los activistas fueron secuestrados y torturados días antes de su muerte; o ultrajados de su vida al momento de manifestarse, como el caso de Marisol Cuadras, una joven de 18 años que se encontraba protestando en contra de la violencia contra las mujeres en el Palacio Municipal de Guaymas, Sonora, cuando un comando armado llegó al lugar y abrió fuego, dejándola a ella y un guardia de seguridad muertos al ser alcanzados por los disparos.
El 17 de enero se llevó al cabo el primer asesinato; Teódulo Gorostieta, líder del grupo de autodefensas del Cerro de Nanchital en Veracruz, fue encontrado muerto junto a su hermano y tres hijos, presuntamente por la molestia por parte de otros integrantes del grupo de autodefensas, pues no estaban de acuerdo con la forma en que el hombre de 57 años se conducía, ya que “a él le gustaba mucho ayudar a la gente, y los otros querían abusar de la comunidad”…
Atroz, sanguinaria, con saña, es la desaparición en México de defensores de derechos humanos. La inmensa mayoría son asesinados sin dejar huellas. Los dos defensores más recientemente desaparecidos, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, llevan casi un mes sin que nadie sepa de ellos, si están vivos o están muertos.
Se los tragó la tierra. O podrían estar en alguna casa de seguridad de sus captores.
Y ojalá que quienes presumen de que lo más seguro es que hayan sido asesinados no tengan la razón… Todos sus familiares y amigos abrigan la esperanza, que cada día va disolviéndose más y más en la memoria humana, de que ambos activistas, que llevan desaparecidos alrededor de un mes y nadie, ni el viento, da indicios de su paradero, aparezcan a la puerta de su casa, como llevados por el viento.
Pero quienes saben de estas cosas indignantes dicen que sus cadáveres podrían estar ya en cualquier hoyo de este enorme cementerio que es la República Mexicana. Todo puede ser ante la ignorancia de los hechos.
El caso de Antonio y Ricardo ha llegado ya a oídos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual ya solicitó al gobierno de López Obrador que redoble los esfuerzos para localizar al profesor y líder indígena Antonio Díaz y al abogado Ricardo Arturo Lagunes, desaparecidos el 15 de enero entre los estados de Michoacán y Colima; precisamente en Tecomán, Colima.
La Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA) se sumó a las exigencias de su localización inmediata. Su camioneta fue encontrada abandonada con impactos de arma de fuego. Hasta el momento no se conoce su paradero, pero se presume que su desaparición podría estar vinculada con sus labores de defensa de territorio en Michoacán.
La desaparición de Lagunes y Díaz refleja la crisis de desapariciones en México, que en 2022 rebasó la cifra de 100 mil personas no localizadas, y la de asesinatos, al consolidarse como uno de los países más peligrosos para activistas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó al gobierno mexicano redoblar los esfuerzos para localizar al profesor y líder indígena Antonio Díaz y al abogado Ricardo Arturo Lagunes.
Antes de su desaparición, ambos defensores habían participado en el auditorio comunal de la comunidad indígena de San Miguel Aquila (Michoacán), donde Lagunes brinda acompañamiento legal y Díaz es líder local, profesor y defensor de derechos humanos. Tras la asamblea se fueron de Aquila con dirección a la capital de Colima, donde se les perdió el rastro.
Ricardo Lagunes es abogado litigante de San Miguel Aquila, comunidad indígena que lleva desde 1998 en la defensa de la tierra frente a la minería, actualmente la compañía Ternium. La familia de ambos pidió responsabilidades a la compañía minera mencionada, ante la cual Lagunes litigaba en defensa de la tierra y a la cual relacionaron con la desaparición.
La minera es un actor más dentro de la región, lleva 20 años presente, por lo que, sería imposible para ellos trabajar sin conocer al resto de actores, entre los que están grupos criminales.
Durante el 2021, en México fueron asesinados 25 activistas defensores de derechos humanos y del medio. Los crímenes fueron realizados en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y Veracruz, donde los activistas salvaguardaban los derechos humanos de las comunidades que habitaban.
La mayoría de los activistas fueron secuestrados y torturados días antes de su muerte; o ultrajados de su vida al momento de manifestarse, como el caso de Marisol Cuadras, una joven de 18 años que se encontraba protestando en contra de la violencia contra las mujeres en el Palacio Municipal de Guaymas, Sonora, cuando un comando armado llegó al lugar y abrió fuego, dejándola a ella y un guardia de seguridad muertos al ser alcanzados por los disparos.
El 17 de enero se llevó al cabo el primer asesinato; Teódulo Gorostieta, líder del grupo de autodefensas del Cerro de Nanchital en Veracruz, fue encontrado muerto junto a su hermano y tres hijos, presuntamente por la molestia por parte de otros integrantes del grupo de autodefensas, pues no estaban de acuerdo con la forma en que el hombre de 57 años se conducía, ya que “a él le gustaba mucho ayudar a la gente, y los otros querían abusar de la comunidad”… BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS
