BLAS A. BUENDÍA
Reportero Free Lance
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Hasta la máxima tribuna de la nación fue llevada la denuncia que los mandos altos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, siguen intimidando a sus más de nueve mil trabajadores obligándolos a laborar bajo condiciones de riesgo, a raíz de los sismos de septiembre pasado que dañaron las estructuras de varios núcleos sociales y dependencias locales y federales.
El diputado morenista Juan Romero Tenorio, mediante un punto de acuerdo, exhortó lo mismo a la Segob que al gobierno, que al presidente del Tribunal Superior de Justicia y al titular de la PGJ de la Ciudad de México, a dar a conocer los dictámenes estructurales sobre los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre y los que se encuentren en riesgo por su colindancia respecto a los colapsados o con graves daños.
A través de distintos medios de comunicación se ha dado a conocer que el jefe de gobierno de la Ciudad de México ha recibido 3 mil 848 reportes de inmuebles que tienen algún grado de daño, con afectaciones leves, moderadas y graves.
Por otra parte, la delegación Cuauhtémoc, al 24 de septiembre del año en curso, informó que se han realizado 270 evaluaciones a 264 viviendas y edificios; en 74 de ellos hay riesgo alto, es decir, se requiere apuntalar, intervenir, o en casos extremos la demolición.
En diferentes centros de trabajo de los gobiernos federal, de la Ciudad de México, del Tribunal Superior de Justicia y de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, se han expresado inconformidad de los trabajadores por la detección de daños a los edificios en los que laboran.
En la víspera y en particular, es de señalar que el inmueble de Fray Servando Teresa de Mier 32, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y que alberga aproximadamente 3 mil trabajadores, prácticamente ya fue desalojado gracias a las presiones que ejercieron los trabajadores sindicalizados.
Este edificio, cabe señalar, tiene una superficie de terreno de 2,778.76 m2, con un área de 34,756.00 m2 y con una altura de 42.10 m, en catorce pisos y sótano, con una antigüedad de construcción aproximada de 38 años.
En el inmueble de Fray Servando Teresa de Mier se albergaban las salas civiles de oralidad, por donde transitaba también una población flotante de diez mil personas diariamente en horarios hábiles.
El terremoto del 19 de septiembre 2017, según distintas voces, dañó la estructura del edificio de Fray Servando que por lógica: sin embargo tanto el presidente del Tribunal Superior de Justicia como el Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México, amagaron inicialmente a los trabajadores para que regresaran a quienes han manifestado que se encuentra aterrorizados por la amenaza de obligarlos a laborar en sitios resentidos que no son nada confiables que ponen en riesgo la vida.
Esto se agravó toda vez que el edifico en cuestión es parte de lo que comúnmente se denomina el “Fideicomiso de los Magistrados” y que arrastra el histórico Caso Ficrea.
Es decir, este edificio es propiedad de un fideicomiso para el retiro de los magistrados, pero en un abierto conflicto de intereses, se lo rentaba a su vez al Consejo de la Judicatura quien lo ocupaba para oficinas del TSJ y que albergaba aproximadamente 3 mil trabajadores de dicho órgano.
Esta operación de alquiler del inmueble de Fray Servando 32, implicaba el pago por renta de la cantidad de $65,000,000.00 (sesenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) al año.
Esta operación, cabe hacer hincapié, fue realizada en su momento por la Oficialía Mayo, aunque no obstante las presiones laborales, grupos de trabajadores, se fueron manifestado en la sede del TSJCDMX, localizado en avenida Niños Héroes 132, colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc, para no ser obligarlos a laborar en edificios que no garantizan condiciones de seguridad adecuadas y ponen en riesgo la vida de los jueces, secretarios de acuerdo, actuarios, proyectistas, archivistas, empleados de base, litigantes, justiciables y público en general que asisten a dichas instalaciones.
Tras la desocupación de inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre pasado, la Cámara de Diputados urgió a las instancias correspondientes los dictámenes sobre las condiciones físicas de los inmuebles reportados y que se den a conocer con la máxima publicidad para garantizar a los ciudadanos y trabajadores en sus respectivos centros de trabajo, en primer lugar, el derecho a la información, así como el derecho seguridad y protección de la vida con los más amplios alcances.
Los dictámenes de daños estructurales contemplan la metodología e indicadores de evaluación con los mejores estándares de seguridad para determinar la existencia de riesgos que impliquen la posibilidad de colapsos posteriores al sismo o que por el daño detectado tengan que ser demolidos o aislados para su rehabilitación o recuperación, así como la posible afectación de los inmuebles que existen en torno a los afectados o dañados.
Que toda información relativa a los dictámenes estructurales de los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre pasado, es de carácter público y consecuentemente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, 5, 6, 22 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, 5, 6, 15 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 2, 6, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, debe ser asequible a todos los habitantes de la Ciudad de México.
Atendiendo al principio de máxima publicidad e inmediatez, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación responsable de la Coordinación Nacional de Protección Civil, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, las jefaturas delegaciones, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México deben publicar cada uno de los dictámenes estructurales de los inmuebles afectados por el sismo, así como de los inmuebles que por encontrarse en torno a los inmuebles dañados se encuentren en riesgo.
Asimismo se considera pertinente solicitar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales implemente acciones para vigilar a los sujetos obligados en el ámbito federal para que la información relativa a dictámenes de daños estructurales observen el principio de máxima publicidad; mismo exhorto que se realiza a Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
Conforme a lo fundamentado, el Punto de Acuerdo refiere…
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, atendiendo a los principios de máxima publicidad e inmediatez del derecho a la información pública gubernamental, exhorta respetuosamente al gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación responsable de la Coordinación Nacional de Protección Civil, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, al Tribunal Superior de Justicia y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México deben publicar cada uno de los dictámenes estructurales de los inmuebles afectados por el sismo, así como de los inmuebles que por encontrarse en torno a los inmuebles dañados se encuentren en riesgo.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales implemente acciones para vigilar a los sujetos obligados en el ámbito federal para que la información relativa a dictámenes de daños estructurales observen los principio de máxima publicidad e inmediatez; mismo exhorto que se realiza al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México por cuanto hace a los sujetos obligados en el ámbito local.
Tercero. La Cámara de Diputados del H: Congreso de la Unión exhorta al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México para que garanticen la seguridad y la vida de los jueces, secretarios de acuerdo, actuarios, proyectistas, archivistas, empleados de base, litigantes, justiciables y publicó en general que asisten a dichas instalaciones del edificio de Fray Servando 32 y se considere la reubicación de los juzgados que ahí se encuentran por el inminente riesgo en que se encuentran.
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