En representación de la Bancada Naranja, Julieta Mejía presentó una iniciativa para delimitar la figura de la prisión preventiva oficiosa que vulnera los derechos humanos y
“El Estado tiene enormes deudas. Una de las más dolorosas es el acceso a la justicia. A la justicia de todo tipo. Vivimos con enormes desigualdades, con la frustración que generan los vacíos de autoridad, y, claro, con un sistema de justicia ineficaz y rebasado, que reproduce él mismo enormes injusticias”, enfatizó Julieta Mejía, como secretaria de la Comisión de Justicia.
La prisión preventiva oficiosa es un modelo punitivo que debe limitarse al máximo. No se debe detener para investigar, se debe apostar por un modelo que investigue antes de detener. Se trata de un modelo ineficiente ante los altos índices de delitos. Según el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021, existen más de 86 mil personas sin sentencia en el país, y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021 del INEGI: el 46% de las mujeres encarceladas no tienen sentencia.
La propuesta de la Bancada Naranja es para cumplir con los criterios de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en la materia: que la prisión preventiva sea excepcional y no la regla. Se debe justificar cuando el caso en concreto lo amerite, que el Ministerio Público acredite ante el juez la existencia de elementos probatorios suficientes que permitan comprobar que una persona ha participado en el delito del que se le acusa y que existe riesgo de fuga. Y solo entonces.
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