La posibilidad de sanciones comerciales por la equivocada política energética gubernamental nos puede llevar a un panel con sanciones para México, alertó la senadora Gina Cruz Blackledge, durante la reunión del Consejo Directivo del Consejo Nacional de la Industria, Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX).
“Si el Gobierno federal se obstina en no derogar las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, las sanciones comerciales tendrían graves afectaciones a productores y consumidores de ambos países, y también conllevarían pérdida de empleos e inversiones”, expuso la senadora por Baja California.
También detalló que, en el caso del maíz, “estamos ante otro posible panel, ya que el pasado 13 de febrero, se publicó un decreto presidencial por el que se establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado. En el decreto se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que, en el ámbito de sus competencias, se abstengan de adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar maíz genéticamente modificado, así como glifosato o agroquímicos que lo contengan como ingrediente activo, para cualquier uso, en el marco de programas públicos o de cualquier otra actividad del gobierno”.
Asimismo, recordó que con la firma del T-MEC, el gobierno mexicano se comprometió a prohibir la importación de bienes sólo en el caso de que existiera evidencia científica o se hiciera acorde con los estándares internacionales.
Cruz Blackledge señaló: “no existe un mercado que pueda sustituir a las importaciones de maíz procedente de los Estados Unidos, por lo que hay una gran inquietud por parte del sector pecuario ante un riesgo inflacionario derivado de una futura escasez del grano por el rechazo al maíz transgénico de la actual administración”.
Abundó que, ante la política energética, como en las limitaciones a la importación de maíz, México está sometido a decisiones meramente ideológicas, que se basan en ideas obsoletas sobre la soberanía nacional, en un entorno de globalización, competitividad y plenas libertades comerciales.
“Desafortunadamente, estas pésimas decisiones tienen costos elevados para las finanzas públicas y consecuencias adversas para productores, consumidores y empresas”, expuso.
En este encuentro con miembros de INDEX de la República Mexicana, la senadora por Baja California explicó la dinámica y funcionamiento de los paneles en el marco del T-MEC y destacó un aspecto novedoso del T-MEC como la creación de los paneles para solucionar controversias y disputas comerciales entre los tres países, previstos en el capítulo 31, que consta de dos secciones y detalla mecanismos, organismos y tiempos para las controversias.
“Las controversias comerciales comienzan con una solicitud por parte de algún Estado para realizar consultas. Si las consultas no tienen una conclusión satisfactoria se solicita la intervención de la Comisión de Libre Comercio compuesta por representantes del gobierno de cada Parte a nivel de ministros”, detalló.
Los paneles para la solución de controversias son la última medida en el caso de que no haya una vía alternativa anterior. México está, por causas de erróneas decisiones de política energética, ante el umbral de un posible panel que, en caso de resolverse contra México, acarrearía sanciones comerciales por cerca de 30 mil millones de dólares, indicó.
Cabe recordar, dijo, que la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai solicitó consultas de resolución de disputas desde el 20 de julio de 2022. El origen de la solicitud fueron las políticas de México que han cortado en gran medida las inversiones estadounidenses y de otros países en la infraestructura de energía limpia del país. Específicamente, Estados Unidos impugna una enmienda de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica que prioriza la electricidad producida por CFE sobre la electricidad generada por todos los competidores privados.
“Si el Gobierno federal se obstina en no derogar las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, las sanciones comerciales tendrían graves afectaciones a productores y consumidores de ambos países, y también conllevarían pérdida de empleos e inversiones”, expuso la senadora por Baja California.
También detalló que, en el caso del maíz, “estamos ante otro posible panel, ya que el pasado 13 de febrero, se publicó un decreto presidencial por el que se establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado. En el decreto se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que, en el ámbito de sus competencias, se abstengan de adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar maíz genéticamente modificado, así como glifosato o agroquímicos que lo contengan como ingrediente activo, para cualquier uso, en el marco de programas públicos o de cualquier otra actividad del gobierno”.
Asimismo, recordó que con la firma del T-MEC, el gobierno mexicano se comprometió a prohibir la importación de bienes sólo en el caso de que existiera evidencia científica o se hiciera acorde con los estándares internacionales.
Cruz Blackledge señaló: “no existe un mercado que pueda sustituir a las importaciones de maíz procedente de los Estados Unidos, por lo que hay una gran inquietud por parte del sector pecuario ante un riesgo inflacionario derivado de una futura escasez del grano por el rechazo al maíz transgénico de la actual administración”.
Abundó que, ante la política energética, como en las limitaciones a la importación de maíz, México está sometido a decisiones meramente ideológicas, que se basan en ideas obsoletas sobre la soberanía nacional, en un entorno de globalización, competitividad y plenas libertades comerciales.
“Desafortunadamente, estas pésimas decisiones tienen costos elevados para las finanzas públicas y consecuencias adversas para productores, consumidores y empresas”, expuso.
En este encuentro con miembros de INDEX de la República Mexicana, la senadora por Baja California explicó la dinámica y funcionamiento de los paneles en el marco del T-MEC y destacó un aspecto novedoso del T-MEC como la creación de los paneles para solucionar controversias y disputas comerciales entre los tres países, previstos en el capítulo 31, que consta de dos secciones y detalla mecanismos, organismos y tiempos para las controversias.
“Las controversias comerciales comienzan con una solicitud por parte de algún Estado para realizar consultas. Si las consultas no tienen una conclusión satisfactoria se solicita la intervención de la Comisión de Libre Comercio compuesta por representantes del gobierno de cada Parte a nivel de ministros”, detalló.
Los paneles para la solución de controversias son la última medida en el caso de que no haya una vía alternativa anterior. México está, por causas de erróneas decisiones de política energética, ante el umbral de un posible panel que, en caso de resolverse contra México, acarrearía sanciones comerciales por cerca de 30 mil millones de dólares, indicó.
Cabe recordar, dijo, que la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai solicitó consultas de resolución de disputas desde el 20 de julio de 2022. El origen de la solicitud fueron las políticas de México que han cortado en gran medida las inversiones estadounidenses y de otros países en la infraestructura de energía limpia del país. Específicamente, Estados Unidos impugna una enmienda de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica que prioriza la electricidad producida por CFE sobre la electricidad generada por todos los competidores privados. BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS
