En relación a la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo Federal que busca reformar la industria eléctrica, el Grupo Parlamentario del PRD se pronuncia por el pleno respeto al Estado de Derecho y de los Acuerdos Internacionales.
Sobre todo, que el Estado garantice el derecho de las y los mexicanos al acceso a las energías limpias a través de la ruta trazada de la transición energética y el cumplimiento del 35% de la generación de energía eléctrica para el 2024.
No obstante, las y los diputados perredistas, conscientes de la importancia de estos asuntos estratégicos en materia de energía, plantean a la Cámara de Diputados convocar un Parlamento Abierto sobre la iniciativa, al que asistan académicos, investigadores, trabajadores, legisladores y legisladoras.
Así como las instancias de la Administración Pública como la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Reguladora de Energía, y el Centro Nacional del Control de Energía; para conocer sus respectivas posturas y opiniones.
En opinión de la fracción perredista, la propuesta modifica el orden del despacho eléctrico y “esto va a implicar un mayor costo de generación del Sistema Eléctrico Nacional y el pago a productores externos por capacidad instalada que no va a usar la CFE.”
En este sentido, advierten que la iniciativa abre el espacio para controversias constitucionales, alegatos de intentos de aplicación retroactiva de la Ley y demandas de arbitraje internacional.
En lugar de cambiar la Ley para modificar el papel del Estado en el impulso a las energías renovables, puntualizan, “se busca incrementar la participación de la CFE en la generación eléctrica sin reparar en el incremento de los costos de generación, ni el cumplimiento de nuestros compromisos en materia ambiental.”
“Tan solo por el desplazamiento de las plantas privadas de ciclo combinado, el sobrecosto de la generación superaría los 10,000 millones de pesos al año”, advierten.
Entre otras cosas, la iniciativa pretende desamparar que, “la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, como se tipifica en el artículo 4 de la Ley de la Industria Eléctrica vigente, -emanada de la Reforma Energética que entró en vigor en 2014-; y sólo preserva que, “el Suministro Eléctrico es un servicio de interés público”, alertan.
Asimismo, apuntan, la propuesta legislativa pretende priorizar el despacho de energía eléctrica de centrales con cargas constantes desplazando a las renovables (intermitentes) en segundo término, que cabe señalar, busca dar la vuelta al revés del Poder Judicial al “Acuerdo de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional” emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y ratificado en la publicación de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional de la Secretaría de Energía.
De igual manera, precisaron, se propone -en los artículos transitorios- revisar los permisos de autoabastecimiento de energía eléctrica plenamente vigentes –que operan en el marco de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE)-, y señala que, (…) “podrán ser revocados por la Comisión Reguladora de Energía mediante el procedimiento administrativo” (…).
También propone revisar los contratos suscritos con Productores Independientes o Externos (forma de generación de energía eléctrica legal).
“La propuesta legislativa preferente anticipa una escalada en las confrontaciones entre el Ejecutivo Federal y las empresas extranjeras que han invertido cuantiosos recursos en el sector eléctrico en litigios legales tanto en Tribunales Internacionales como con sus gobiernos, con el alegato de incertidumbre jurídica, por no respetarse el Estado de Derecho-; específicamente, las reglas establecidas en la Reforma de la Industria Eléctrica en 2013, así como las cláusulas del Tratado comercial del T-MEC”, concluye el GPPRD. BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS
