Es escandaloso el carrusel de corruptelas presenciado en este sexenio, gracias a las denuncias ciudadanas de medios de comunicación y de nuestro Grupo Anticorrupción de
El inaplazable combate a la corrupción, reclamado por los ciudadanos en las campañas de 2018 y llevado a las promesas oficiales del gobierno actual, se convierte en una acción hueca frente a los vergonzosos ejemplos de opacidad e impunidad reflejado en el más reciente reporte de las dependencias federales que en 2020, del total de recursos erogados, gastaron por la vía de adjudicación directa entre 72 y 98 por ciento sus recursos.
Así lo afirmó el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, al comentar el informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que confirma que las instituciones federales no priorizan la licitación pública y destinan miles de millones de pesos por ese canal de las adjudicaciones.
Mientras las instancias encargadas de combatir la corrupción del régimen callan y solapan los negocios irregulares de la “cuarta trastornación”, es la sociedad civil la que asumió el digno papel de vigilar que el Presupuesto de Egresos de la Federación se destine correctamente, conforme lo ordenó el Congreso de la Unión, aseguró Romero Hicks.
Dijo que de acuerdo al informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las instituciones federales no priorizan la licitación pública y destinan miles de millones de pesos a las adjudicaciones directas.
De acuerdo con este hallazgo:
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V ( BIRMEX), empresa de propiedad estatal, asignó 98% del monto destinado a compras públicas por el procedimiento de adjudicación directa, es decir, más de 3 mil 800 millones de pesos gastados sin concurso.
El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) destinó 12 mil millones de pesos en compras públicas a través de adjudicaciones directas, 75% del monto total en 2020
La Secretaría de Marina (SEMAR) no canalizó recursos por licitación pública en 2020. La SEMAR adjudicó mil 900 millones de pesos por adjudicación directa (72%) y 671 millones por invitación restringida (25%)
Mientras que ocho de cada 10 pesos gastados por la Secretaría de la Función Pública en procesos de compra fueron por adjudicación directa, solo uno de cada 10 se manejó por procesos de licitación pública
DICONSA adjudicó únicamente el 4% a través de licitaciones, lo que representa 460 millones de pesos
Con lo anterior se confirma la postura asumida por el PAN a lo largo de la LXIV Legislatura. El mal gobierno, las pésimas decisiones y las variedades autoritarias del presidentes Andrés Manuel López Obrador han llevado al país a una situación crítica en diversos ámbitos de la vida pública como democracia, salud, economía, derechos humanos, transparencia, Estado de derecho, gobernanza, combate a la corrupción y rendición de cuentas.
El líder parlamentario reconoció que en este gobierno las prácticas del viejo régimen están más presentes que nunca, con un partido que quiere imponer la hegemonía y una administración pública cuyo andamiaje se construye sobre la base del abuso de poder, que busca burlar los límites de la Constitución General de la República o bien la interpreta a su contentillo discrecional.
Los casos expuestos aquí son una pequeña muestra de lo que hemos vivido los mexicanos en estos tres años de “trastornación”, cobijados por el presidente López Obrador quien no ha hecho nada para investigar los negocios turbios de sus hermanos recibiendo sobres con fajos de billetes, contratos y concesiones.
Tampoco hemos sabido que haya ordenado investigar los faltantes de dinero en la Comisión Nacional del Deporte y su dirigente Ana Guevara, los otros contratos de compra de medicamentos dirigidos para favorecer a los amigos, las casas de algunos de los funcionarios, entre otras indignantes revelaciones de la sociedad civil.
“Ahí está la iniciativa que propuso el PAN en la Cámara de Diputados para tipificar el delito de desvío de poder, el cual sancionará aquel servidor público que utilice discrecionalmente alguna de las atribuciones que le son conferidas por ley para afectar directa o indirectamente los derechos de una persona o para conseguir un fin distinto a aquel para el que fueron prescritas. Y conminamos al régimen a que la apoye”, precisó.
Sin embargo, Romero Hicks reconoció que el camino es largo en esta materia porque para el presidente y su partido el combate a la corrupción ha sido un arma de persecución política contra quienes se oponen a su proyecto ideológico y una farsa que concede impunidad para quienes le aplauden
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