Urge replantear la Política Nacional de Vacunación contra el COVID-19, ajustar prioridades en los grupos de población que se van a inocular, así como la logística, para asegurar
Así lo solicitó la diputada federal del PRI, Soraya Pérez Munguía, mediante un Punto de Acuerdo presentado a la Cámara de Diputados, con cinco propuestas dirigidas a la Secretaria de Salud, cuyo objetivo es lograr la mayor eficiencia en la distribución de las vacunas y transparentar los contratos de compra.
Plantea que la inoculación inicie en las grandes zonas urbanas con mayor incidencia de contagios, seguido de las ciudades de densidad media y finalmente las zonas más alejadas en el territorio nacional.
Asimismo, que en los protocolos establecidos, las vacunas sean distribuidas y administradas en los centros de salud del territorio nacional y no en los centros del bienestar que no están equipados para el almacenamiento y conservación de las dosis.
Pérez Munguía también pidió revisar los grupos objetivo, para que personas que sufren enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad, puedan recibir la vacuna de manera prioritaria.
Existe la solicitud para que se reúna el Consejo Nacional de Vacunación a fin de determinar nuevos protocolos y la formación adecuada de las brigadas responsables de inocular a la población.
El Punto de Acuerdo requiere hacer pública la información de la compra de las vacunas. El Gobierno mexicano debe revelar qué laboratorios, el número de unidades y la razón por la cual optó por esos fabricantes; especificar la diferencia y el grado de efectividad entre cada una de las vacunas y los efectos secundarios que provocan.
Se deben incluir los montos ejercidos en la compra y en la infraestructura para adecuar los centros del bienestar; los padrones específicos que serán utilizados para entrega de las vacunas; así como el número de personas inmunizadas por municipio, explicó.
La legisladora Pérez Munguía, recordó que México se ha posicionado como uno de los países con el peor desempeño en relación a los procesos de adquisición, distribución y aplicación de la vacuna del COVID-19.
Entre las inconsistencias en la estrategia gubernamental, exhibió, está por ejemplo, el despliegue de las brigadas de vacunación con 12 personas, la mayoría promotores sociales de los programas de bienestar y solo dos especialistas del sector salud y comenzar los procesos de vacunación en las zonas más alejadas con base a los padrones de quienes reciben apoyos de los programas sociales.
Otro desacierto “es distribuir la vacuna en los centros de bienestar en lugar de los centros de salud, debido a que no están diseñados para la correcta aplicación, ni cuentan con la infraestructura necesaria para el almacenamiento, especialmente si consideramos la cadena de frío que resulta indispensable para la conservación de la vacuna”, concluyó la legisladora tabasqueña.
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