Los diputados del PRD Jesús Zambrano Grijalva, Cristina Gaytán Hernández, Ivanova Pool Pech e Hilda Miranda Miranda, solicitaron a la Comisión Permanente del Congreso de la
Los diputados del PRD Jesús Zambrano Grijalva, Cristina Gaytán Hernández, Ivanova Pool Pech e Hilda Miranda Miranda, solicitaron a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a presentar un informe ante esta Soberanía del gasto ejercido en el primer cuatrimestre del año, por programa, componente, entidad federativa, municipio y padrón de beneficiarios.
En la “Información de las Finanzas Públicas y Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público” del primer cuatrimestre del año, dado a conocer el pasado 30 de mayo, llama la atención el aumento en el gasto de la Sagarpa en un 118 por ciento, con relación al mismo período de 2017; es decir, mientras en los primeros cuatro meses de 2017 esta dependencia apenas había gastado 13 mil 584.1 millones de pesos, en el mismo período de 2018 ha gastado 31 mil 118.8 millones, equivalente al 43 por ciento del total de su presupuesto anual.
Si bien en dicho Informe de las Finanzas Públicas existen igualmente otras dependencias que en estos primeros cuatro meses superaron el gasto del mismo periodo del año anterior, con excepción de la Secretaría de Economía, que superó en un 131.6 por ciento, en ningún otro caso lo gastado fue tan alto como en la Secretaría de Agricultura; y sobre todo, ninguna de ellas tiene la cantidad de recursos presupuestales y el número de programas de impacto social como los tiene esa dependencia.
Así por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Reguladora de Energía, la Función Pública, Marina, Provisiones Salariales y Desarrollo Agrario, superan lo gastado en el período de 2017 con 77.5 por ciento, 53 por ciento, 28.5 por ciento, 25.8 por ciento, 23.7 por ciento y 23.1 por ciento, respectivamente, incluso, Economía gastó más del 130 por ciento, con relación al periodo anterior, pero aunque no deja de significar un comportamiento inusual, en algunos casos podría entenderse como normal (el caso del INE) y en otros podría ser irrelevante dado el limitado impacto social de las acciones que realizan dichas dependencias.
En 2018, la Sagarpa opera formalmente ocho programas presupuestarios sujetos a reglas de operación y un presupuesto de 72 mil125 millones de pesos. Cada uno de esos programas, sin embargo, se divide en varios subprogramas llamados “componentes”, los cuales son verdaderos programas autónomos con presupuestos específicos que la Secretaría puede modificar libremente y que cambian de nombre cada año fiscal, complicando el seguimiento y evaluación de los resultados, al mismo tiempo que facilitan la discrecionalidad y opacidad en el manejo de los recursos en operación.
Por ejemplo, el Programa de Apoyos a Pequeños Productores, con un monto presupuestal para 2018 de 11 mil 434.4 millones de pesos, se subdivide en nueve “componentes”, cada uno con reglas de operación específicas y montos etiquetados, pero que pueden moverse libremente de uno a otro dentro del mismo programa. Ello permite que la Secretaría focalice discrecionalmente los recursos a los grupos sociales o sectores productivos de su mayor interés.
En condiciones normales no debería de ser motivo de preocupación el que una dependencia federal como la Sagarpa, con atribuciones altamente estratégicas y prioritarias en beneficio de las y los productores del campo mexicano, fuese “tan eficiente” en el ejercicio del gasto público, pues considerando los ciclos agrícolas y productivos del sector agropecuario, es justamente en estas fechas cuando más se requieren los apoyos para aplicarlos con oportunidad a las labores agrícolas.
Sin embargo, estamos en año electoral y muchos actores políticos tienen puesta su atención en “el voto verde”. Justamente la Sagarpa tiene acostumbrados a las mujeres y a los hombres del campo a la entrega de los recursos con meses de atraso, incluso en ocasiones arrastra rezagos de uno y hasta dos años fiscales para hacer los pagos. Todos sabemos de las protestas y movilizaciones de distintos sectores por la demora en la entrega de los subsidios comprometidos.
Por otra parte, han sido recurrentes las denuncias públicas del uso de los programas gubernamentales para inducir a los beneficiarios a votar a favor de ciertos partidos políticos, mediante la compra directa del voto o favoreciendo en la entrega de los recursos a organizaciones sociales y grupos de productores afines, vulnerando la ley y afectando así a la población objetivo de los programas y a la mayoría de las organizaciones campesinas. No podemos cerrar los ojos al hecho de que es justamente en el sector rural en donde, por las mismas condiciones de pobreza y marginación de la población, más se presentan las condiciones favorables a estas prácticas electorales fraudulentas.
La importancia de un informe detallado del gasto de la Sagarpa por programa, componente y padrón de beneficiarios a esta Soberanía, es tanto más necesario por cuanto dicha dependencia reporta haber gastado como nunca, mientras que organizaciones y sectores productivos del campo denuncian que, como nunca, los recursos no están llegando a los campesinos. BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS
