En días recientes, el coordinador parlamentario de Morena presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). En dicho tenor, la
En dicho entendido, Tagle Martínez enunció que la iniciativa plantea, entre otros, una concentración de facultades en la Oficina de la Presidencia, la centralización en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de facultades de órganos reguladores. Por ello alertó que “dada la trascendencia que implican las reformas a la ley orgánica, se hace necesario la realización de mesas de trabajo temáticas y de manera conjunta con la Cámara de Senadores, esto último con la finalidad de aprovechar el escaso tiempo que queda para su aprobación, ya que la ley debe quedar antes de la entrada del nuevo gobierno o a más tardar el 1º de diciembre”, dijo.
De igual manera, la legisladora federal hizo hincapié en que tal y como la iniciativa fue presentada, se destacan ciertos puntos de preocupación que deben ser discutidos con objetividad y cautela. “La intención de consolidar una estructura de delegados para coordinar los programas sociales puede prestarse a que esta opera de manera clientelar, cuestión que -bajo ningún pretexto- puede tener cabida en un gobierno que se dice llamado a transformar la situación del país”, expresó.
Por su parte, la diputada expuso que la eliminación de ciertas fracciones de la ley podría significar un desmantelamiento de ciertos órganos, por ejemplo, el caso de la Secretaría de Gobernación. De igual forma, criticó la poca claridad sobre la manera en que se constituirá la denominada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, nueva dependencia que pretender garantizar la seguridad pública de las y los mexicanos.
Por último, Tagle Martínez externó su preocupación derivada de un documento que comenzó a circular hace unos días, llamado “Guía y criterios generales para el inicio y continuidad de la administración” donde, por ejemplo, se pretende la eliminación de las Unidades de Género, que de concretarse, representaría un retroceso en la consolidación de políticas y programas en el marco de la igualdad y la no discriminación en los tres órdenes de gobierno.
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