El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la madrugada de hoy, en lo general y lo particular por una amplia mayoría una serie de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública
El proyecto final fue aprobado con el respaldo de los partidos que integran la coalición Juntos Haremos Historia, así como del PRI y del Partido Verde Ecologista de México para alcanzar un registro de 330 votos a favor, por 0 en contra y 0 abstenciones.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, destacó la disposición de todas las fuerzas políticas para generar un debate de altura y, luego de analizar la viabilidad de las propuestas que realizaron los legisladores en lo particular, se logró la aprobación de este nuevo andamiaje administrativo.
En tanto, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, Rocío Barrera Badillo, destacó que con estas nuevas reformas se establecerá una organización administrativa más eficiente, donde se destacan los temas sociales, de control del gasto público, uso racional de recursos, seguridad y adelgazamiento del aparato burocrático.
Asimismo, dijo que se estableció que la estructura, manejo y control de las delegaciones federales se adscriba a la secretaría del Bienestar, para no engrosar ni la estructura ni las facultades de la oficina de la Presidencia, a la vez que dirigir su vocación a las funciones que a esa secretaría corresponden.
Respecto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se aprobaron definiciones de competencias en materias de reinserción social, supervisión de la libertad condicional y medidas cautelares, así como suspensión condicional del proceso, que realizará la nueva secretaría, en acompañamiento con las autoridades competentes, como son la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación.
En tanto, la diputada Aleida Alavez Ruiz planteó una serie de modificaciones al dictamen original, entre otros está lo correspondiente al artículo 17 ter, con la finalidad de establecer lineamientos emitidos por la Secretaría del Bienestar y la secretaría general se norme la actuación de las delegaciones, para mayor certeza y transparencia.
De igual forma, planteó adiciones al dictamen que tienen que ver con el tema de la movilidad humana, migración, refugio, asilo, desplazamiento interno, así como el reconocimiento a la interculturalidad y la necesaria elaboración de instrumentos por parte de la Secretaría de Gobernación para atender de forma oportuna este tipo de situaciones.
La legisladora Aleida Alavez además logró introducir en la propuesta final la intervención de la Semarnat en el tema de acceso al agua para el sector productivo bajo principios y criterios de equidad y sustentabilidad. Señaló que en este caso en particular se atendieron diversas preocupaciones de legisladores de varios partidos para que quedara establecido este derecho en la legislación.
Por su parte, el diputado Carol Antonio Altamirano reconoció la sensibilidad, la prudencia y el sentido de responsabilidad con el que se realizan modificaciones y precisiones al dictamen presentadas por la diputada Alavez, pues lo enriquecen y lo armonizan con el texto constitucional.
Estas modificaciones, aseguró permiten perfeccionar el proyecto de manera seria, el sentido de los ajustes consiste en modificar las fracciones 1 y 21 del artículo 37, de manera que el concepto “fiscalización”, que se le asignaba a la SFP, se sustituye por “inspección y control” para respetar el ámbito de competencia de la ASF.
Para la diputada Dolores Padierna Luna, el dictamen de la Ley Orgánica envía un mensaje clarísimo: se cambia la concepción del servicio público y las instituciones para que nada ni nadie esté por encima del interés general de la nación y del bienestar de la población.
Al referirse al artículo 17 Bis de la citada ley, Padierna Luna subrayó que la importancia de esta reforma radica en que pone a toda la administración pública al servicio de los ciudadanos, la niñez, las juventudes, los pueblos y las comunidades indígenas. La Oficina de la Presidencia dejará de ser un puesto de privilegios y de agenda de negocios de los allegados al poder para convertirse en el impulsor del bienestar, de la paz, del desarrollo y la tranquilidad de México.
Por otro lado, Pablo Gómez Álvarez consideró necesario que esta nueva reforma a la Ley Orgánica evite que cualquier servidor público de cierto nivel, con sus departamentos de comunicación social y distribución de contraprestaciones, se conviertan en difusores de sí mismos.
“El gobierno no va a tener las estructuras departamentalizadas, este gobierno que viene es enemigo de la departamentalización en el ejercicio del poder que en México se convirtió en uno de los medios de la corrupción. Es la manera de repartir fondos públicos y pequeños poderes a centenares y miles de servidores públicos en una departamentalización verdaderamente corrupta, lo quiero decir claro, y todos sabemos de qué estoy hablando”, criticó.
Por su parte, el legislador Jaime Humberto Pérez Bernabe enfatizó que con esta nueva legislación no habrá súper delegados en los estados para supervisar la entrega de programas. Lo que sí habrá, dijo, son hombres comprometidos que irán casa por casa, que trabajarán arduamente y sin utilizar de forma electoral las ayudas a la gente más necesitada.
Nuestros delegados y la estructura de trabajo estarán caminando y llegarán hasta el último lugar para resarcir los problemas de pobreza, marginación y rezago. “La Secretaría del Bienestar logrará el combate a la pobreza, la corrupción y favorecer el desarrollo humano”.
Por su parte, la diputada Irma Juan Carlos presentó reservas al artículo 34, fracción XXVII con el propósito de incluir la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la formulación y conducción de la política nacional en materia minera.
“Lo que se ha negado a los pueblos indígenas en la práctica, es su derecho al derecho y al disfrute de la riqueza natural y social, porque son dueños y portadores de los recursos; hoy que está por aprobarse la reforma a diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, debemos de garantizar que el bienestar, la protección y el desarrollo de los pueblos indígenas de nuestro país quede debidamente establecido en dicho ordenamiento”, dijo.
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