Durante la sesión de hoy, diputados de Morena, PAN, PRI, PES, PT, MC, PRD y PVEM presentaron en dos rondas 44 iniciativas para reformar diversos
Los legisladores abordaron propuestas en materia de zonas de atención prioritaria, derechos de la niñez, efemérides, impuestos, derechos laborales, comunidades indígenas, salud, justicia, personas con discapacidad, medio ambiente, migrantes y protección de la integridad física del Presidente de la República.
Incluir índices de criminalidad y violencia en criterios para determinar zonas de atención prioritaria
La diputada Rocío Barrera Badillo (Morena) presentó una iniciativa para reformar los artículos 29 y 30 de la Ley de General de Desarrollo Social, con el propósito de incluir en los criterios para determinar las zonas de atención prioritaria, los índices de criminalidad y violencia.
La iniciativa, remitida a la Comisión de Desarrollo Social, señala que es necesario disminuir las desigualdades sociales, la falta de oportunidades y prevenir el delito desde donde nace: en la vulnerabilidad social, y no cuando ya se manifestó produciendo resultados a menudo irremediables.
La legisladora consideró que con esta reforma se podrán reducir las causas de vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de las zonas de atención prioritaria. Se generarán entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana y se puede evitar la reincidencia de personas generadoras de violencia y la revictimización.
Los servicios a trabajadores del ISSSTE y Fuerzas Armadas deben observar interés superior de la niñez y derecho a la igualdad
Por el PAN, la diputada Martha Elena García Gómez planteó modificar diversas disposiciones de las leyes de los Institutos de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a fin de asentar que deben observarse en todo momento los principios y derechos establecidos en la Constitución Política.
El documento, remitido a las comisiones del Trabajo y Previsión Social y de Defensa Nacional, propone reformar la fracción IV del artículo 196 de la Ley del ISSSTE y establecer que los servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil que proporcione el Instituto, sean observando el interés superior de la niñez y los derechos a la igualdad y a la seguridad social de trabajadoras y trabajadores.
Mientras que la modificación al artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, plantea que en el acceso al servicio de los centros de bienestar infantil para atender a niñas y niños mayores de 45 días y menores de 7 años, hijas e hijos de militares, se observe el principio del interés superior de la niñez y el derecho a la igualdad entre militares.
Proponen declarar 2020 como Año de Carranza
En tanto, el diputado Fernando Donato De las Fuentes Hernández (PRI) propuso declarar 2020 como Año de Carranza, a fin de reconocer el legado del revolucionario, vida y trayectoria, así como conmemorar su obra en beneficio de los ciudadanos.
La iniciativa, remitida a la Comisión de Gobernación y Población, refiere que “Venustiano Carranza Garza es uno de los mexicanos más preclaros de nuestra historia; su profunda visión de estadista y compromiso social lo consagraría como uno de los artífices del Estado de derecho moderno y de un país de libertades sociales e instituciones. Nació en Cuatro Ciénegas, Coahuila, el 29 de diciembre de 1859”.
Resalta que Carranza se convirtió en artífice del Estado mexicano moderno, de instituciones como el Ejército e incluso del orden constitucional con la promulgación de la Constitución de 1917, que sigue vigente a más de cien años de su promulgación, lo cual demuestra el extraordinario legado.
Reducir IVA e ISR por uso de cheque, tarjeta de débito, crédito y medios electrónicos de pago
El diputado Miguel Acundo González (PES) expuso una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de las leyes de los impuestos al Valor Agregado, y sobre la Renta, para contribuir a reducir el uso de efectivo.
Respecto a los artículos 1º y 2º A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, plantea que este gravamen se calcule aplicando la tasa del 14 por ciento para pagos con cheque, tarjeta de débito, crédito, medios electrónicos de pago o algún otro medio de pago análogo y del 16 por ciento a los pagos en efectivo. La misma tasa se aplicaría a la enajenación de los alimentos preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen.
Se adiciona la fracción XI al artículo 25 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para que los contribuyentes puedan efectuar su deducción por los gastos financieros derivados del uso y operación de terminales punto de venta o cualquier otra forma electrónica de pago.
Prestaciones de seguridad social y pensiones deben pagarse en salarios mínimos
Mary Carmen Bernal Martínez, diputada del PT, planteó que las prestaciones de seguridad social y pensiones se paguen a los beneficiarios en salarios mínimos, y no conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Indicó que dicha unidad no debe ser aplicable tratándose de la fijación de pensiones alimenticias, pensiones o jubilaciones o cualquier otra prestación de seguridad social, toda vez que acorde con el artículo 123, apartado A, fracción VI de la Carta Magna, la naturaleza del salario mínimo es la de un ingreso destinado a satisfacer las necesidades normales de una persona.
El documento, enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales, modifica el Artículo Tercero Transitorio del Decreto que reforma el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la Fracción VI del Apartado A del artículo 123; y adiciona los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016.
Mejorar condiciones laborales de trabajadores de seguridad pública
Por MC, la diputada Carmen Julia Prudencio González propuso reformas al artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para mejorar las condiciones laborales y seguridad social de los trabajadores de seguridad pública.
Busca garantizar a los miembros de estas instituciones su derecho a pensión por jubilación cuando hayan cotizado 25 años; tengan seguridad social dentro de los primeros treinta días a su contratación, y que los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, de los municipios celebren convenios para cumplir estos propósitos.
Afirmó que es incomprensible que los servidores públicos que pertenecen a las instituciones policiales carezcan de atención médica adecuada y seguro de vida, tomado en cuenta el riesgo que representa la actividad que realizan. Se canalizó a la Comisión de Seguridad Pública.
Sensibilizar en centros de trabajo sobre problemática de violencia y relaciones entre los géneros
La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora (PRD) presentó iniciativa que reforma y adiciona los artículos 47 y 132 de la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de que en los centros laborales se sensibilice y eduque sobre la problemática vigente de las relaciones que persiste entre los géneros para coadyuvar en la igualdad.
Prevé establecer que será causa de rescisión de la relación de trabajo negarse a asistir a los cursos de sensibilización y educación sobre violencia y relaciones entre los géneros y, conminar a los patrones a impartir cursos, de asistencia obligatoria, sobre sensibilización y educación sobre violencia y relaciones entre los géneros, para que a través de ellos se logre mayor equilibrio e igualdad entre mujeres y hombres.
“Buscamos que los hombres que participen revisen, analicen, cuestionen y modifiquen su masculinidad hegemónica y sus mandatos patriarcales; cuestionen el modelo que sustentan al ser hombres, su estructura ideológica, entendida como las ideas y pensamientos que están presentes en un grupo cultural o sociedad”. La iniciativa se remitió a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Beneficios fiscales para instituciones dedicadas a la preservación y limpieza de playas y mares
Francisco Elizondo Garrido, diputado de Morena, propuso adicionar un inciso al artículo 79 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, a efecto de que no sean consideradas personas morales contribuyentes del ISR, las instituciones sin fines de lucro dedicadas a actividades de mantenimiento, recuperación, saneamiento, preservación y limpieza de las playas y mares del país, especialmente ante la ocurrencia de fenómenos que produzcan impactos localizados o regionales sobre el equilibro ecológico y la salud humana.
Dichas instituciones deberán estar autorizadas para recibir donativos deducibles del ISR, mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la propia ley. Tal posibilidad representará el incentivo adicional que impulsará el espíritu filantrópico de la sociedad y de la iniciativa privada por rescatar las playas y los mares.
Consideró preocupante que desde 2015 la presencia de sargazo en las playas del país (especialmente del Caribe) se ha vuelto una constante; las afectaciones más recientes y las de 2018 han dañado la actividad turística y deteriorado las acciones de conservación marina. La propuesta, también suscrita por integrantes del PVEM, se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Garantizar saneamiento en establecimientos de bienes y servicios
La diputada Idalia Reyes Miguel (Morena) planteó adicionar un párrafo al artículo 10 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con la finalidad de garantizar el derecho al saneamiento en los establecimientos que proveen bienes y servicios
La iniciativa dispone que los establecimientos de los proveedores de bienes y servicios deberán tener instalaciones sanitarias con muebles en buen estado y funcionando, accesorios en las mismas condiciones, productos de consumo indispensable (papel, jabón, toallas de secado), que los espacios estén limpios, bien iluminados, con agua disponible y en una ubicación adecuada.
Estos servicios sanitarios, agrega, podrán ser utilizados por quien así lo solicite, haya o no realizado consumo en el establecimiento, máxime si se trata de niños, embarazadas, personas de la tercera edad o con discapacidad. Se mandó a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.
Crear normas que reconozcan a comunidades indígenas como sujetos de derecho público
Del PAN, el diputado Marcelino Rivera Hernández (PAN) presentó reformas al párrafo segundo de la fracción VIII del apartado A del artículo 2 de la Constitución Política, con el objetivo de que las constituciones y leyes de las entidades federativas establezcan las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como “sujetos de derecho público”.
El documento señala que el que sean sujetos de derecho público, implica que no tendrán que recurrir a otro órgano del Estado para hacer cumplir sus determinaciones, adicional al hecho de que el Estado se encuentra obligado a ministrarle recursos económicos para que puedan hacer efectivos sus derechos.
Resalta que la población indígena figura como un grupo marginado y homogéneo, que presenta un fuerte rezago demográfico, al que se dirigen acciones tendientes a elevar su calidad de vida. Se mandó a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Niñas y niños sean considerados sujetos sociales con derechos
Por el PRI, la diputada Laura Barrera Fortoul propuso adicionar el párrafo décimo al artículo 4o. de la Constitución Política, con el propósito de que todos los niños y niñas se consideren como sujetos sociales con derechos a: un desarrollo integral durante la primera infancia, vivir en un ambiente libre de violencia, tener revisiones médicas y control de su crecimiento, a ser alimentados sanamente de acuerdo a su edad y requerimientos específicos.
Asimismo, a ser tratados con respeto, tener sus tiempos de juego parental, tener una estimulación oportuna y posteriormente asistir a la educación inicial donde se estimule el desarrollo infantil temprano, con los mecanismos destinados a fortalecer su sano crecimiento.
La propuesta, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, refiere que el objetivo es establecer la protección constitucional, para evitar restricciones injustificadas al ejercicio del derecho que corresponde en los primeros cinco años a toda niña y niño. Y con la reforma sentar las bases para generar un andamiaje jurídico que tutele la integridad de la niñez.
Sistema Nacional de Salud promueva medicina integrativa
La diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García (Morena) planteó modificar el artículo 6, fracción VII, y adicionar la fracción VI al artículo 13, de la Ley General de Salud, a fin de que el Sistema Nacional de Salud tenga como objetivo el promover la medicina integrativa.
También que corresponda al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, desarrollar e implementar un programa de medicina integrativa, en el que se incluya lo relacionado a la fitoterapia, homeopatía y acupuntura, entre otros, que tenga como propósitos su integración y ofrecimiento en las unidades de atención a su cargo, el fomento a su conocimiento y práctica adecuada, así como la vigilancia de su uso terapéutico apropiado y seguro.
El documento precisa que la Organización Mundial de la Salud (OMS), define a esta medicina como la integración de la medicina alternativa y complementaria a la convencional. En la actualidad, la utilidad de la homeopatía es incuestionable en el tratamiento de muchas enfermedades y se practica en casi 100 países. Se canalizó a la Comisión de Salud.
Por robo de vehículos habrá prisión preventiva oficiosa
La diputada Saraí Núñez Cerón (PAN) propuso reformar el artículo 19 de la Constitución Política, para incluir el robo de vehículo automotor terrestre en cualquiera de sus modalidades, al catálogo de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa.
En México, dijo, este delito ha tenido un impacto significativo en los últimos años, pues ha contribuido al desarrollo de otras actividades ilícitas como la delincuencia organizada, el trasiego de drogas, armas, personas o combustibles o simplemente para cerrar autopistas y prenderles fuego para los bloqueos de algún capo.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), hay un crecimiento de este ilícito y tienen relación con hurtos de combustible o robos a transeúntes. De casi 200 mil vehículos despojados en el país el año pasado, 66 mil 038 (33.3 por ciento) fueron con violencia y 131 mil 557 (66.69 por ciento) sin violencia. Fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Regular los requisitos para aspirar a la representación sindical
La Comisión de Trabajo y Previsión Social analizará la iniciativa de la diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena) que reforma y adiciona los artículos 371 y 376 de la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de regular los requisitos para aspirar a la representación sindical.
Se plantea establecer que las personas que ocupen un cargo de representación sindical deberán separarse del mismo, seis meses antes de la celebración de elecciones sindicales y, limitar la reelección de las y los secretarios generales de las organizaciones sindicales a un periodo.
Con esta modificación, precisó Ocampo Manzanares, se avanzará en la devolución del control de los sindicatos a las bases trabajadoras, para que las sociedades finalmente cumplan sus objetivos en beneficio de las mayorías, no de grupos e intereses particulares. Además, se armoniza la Ley Federal del Trabajo con los más altos estándares internacionales en materia de libertad sindical, contenidos en el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo.
Instituir el 5 de septiembre, como el Día Nacional de la Mujer Indígena
La diputada Irma Juan Carlos (Morena) presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se establece el 5 de septiembre de cada año, como “Día Nacional de la Mujer Indígena”, dado que en esa fecha se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, suceso que ha sido reivindicado por las organizaciones donde reconocen la lucha de las indígenas.
En México, uno de cada diez mexicanos es indígena y un gran porcentaje de esta población está conformado por mujeres; la labor que realizan muchas veces no es reconocida, ya que en mayor número se enfrentan a diversas desigualdades por ser mujeres e indígenas. Además, ellas han garantizado la reproducción de las lenguas, de las culturas y tradiciones de las diversas comunidades.
La celebración de un “Día Nacional de la Mujer Indígena” brindará la oportunidad de sensibilizar a la sociedad acerca de temas relacionados con este sector de la población, tales como sus derechos humanos, participación política, territorios, medio ambiente, educación, política y todos aquellos en los que participen. Permitirá reconocer la diversidad lingüística y cultural. Se turnó a la Comisión de Gobernación y Población.
Incluir varicela y herpes zóster en enfermedades transmisibles
Por Morena, la diputada Sandra Paola González Castañeda planteó adiciones al artículo 134 de la Ley General de Salud, con el propósito de incluir a la varicela y herpes zóster como parte de las enfermedades transmisibles que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas deben vigilar, prevenir y controlar.
De acuerdo al Informe de Enfermedades Infectocontagiosas de la Secretaría de Salud de septiembre del año 2018, la varicela es una infección causada por el virus herpes varicela zóster, el cual en ocasiones puede ser mortal, más cuando se contrae la enfermedad en recién nacidos o pacientes inmunodeprimidos.
Para México, dicha vacuna no es prioritaria y por ende ni siquiera es contemplada en el Cuadro Básico de la Cartilla Nacional de Vacunación, dado su alto costo, variando su adquisición para el gobierno aproximadamente en los 900 pesos. El rango de costos en el sector privado varía entre mil 100 y mil 400 pesos aproximadamente. Fue enviada a la Comisión de Salud.
Espacios públicos o privados cuenten con la infraestructura para asegurar la accesibilidad de personas con discapacidad
La diputada Martha Hortencia Garay Cadena (PRI) presentó una iniciativa suscrita por integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para adicionar la fracción XVII Bis al artículo 2 y un párrafo segundo y las fracciones de a) a la e) del artículo 17 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
La iniciativa, remitida a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, plantea establecer que los espacios públicos o privados de uso público, en medida de lo posible, deberán contar, por lo menos, con: rampas o elevadores en escaleras y desniveles; escalón universal, fijo o móvil, en ventanillas, taquillas, mostradores, anaqueles, sanitarios, elevadores y desniveles, y alarmas y anuncios o turnos en sistemas sonoros y visuales.
Además, con avisos de privacidad, reglamentos, términos, condiciones y toda información legal o relevante en formatos accesibles, como son Lengua de Señas Mexicana, sistema de escritura Braille y formatos de lectura fácil, y ventanillas y mostradores adecuados para usuarios de silla de ruedas.
Incluir a los cítricos como productos básicos y estratégicos
El diputado Marco Antonio Medina Pérez (Morena) propuso adicionar las fracciones VI Bis al artículo 3 y XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a fin de incluir la definición de cítricos, como los frutos del género citrus que poseen un alto contenido de vitamina C y ácido cítrico; son cítricos la naranja, la lima, el limón, la toronja y la mandarina, en todos sus tipos y variedades.
Además, incluirlos como productos básicos y estratégicos, con salvedades, adiciones y modalidades que determine año con año o de manera extraordinaria, la Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano y Comités de los Sistemas-Producto correspondientes.
El documento, enviado a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, resalta la necesidad de blindar la industria de los cítricos en el país a través de la normativa legal, particularmente para favorecer las condiciones de los productores, garantizando su desarrollo sostenible y sustentable.
Expedir Ley General de Envases, Empaques y Embalajes
Del PAN, la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván planteó expedir la Ley General de Envases, Empaques y Embalajes, cuyo objetivo sería regular la fabricación, importación, comercialización, recolección, reutilización y reciclaje de envases, empaques y embalajes para evitar generar residuos sólidos y minimizar su impacto en el ambiente.
La iniciativa, canalizada a las comisiones de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales y de Presupuesto y Cuenta Pública, indica que se busca generar esquemas que permitan a las distintas esferas de gobierno el incentivar la reducción de residuos de envases, empaques y embalajes no amigables con el ambiente, privilegiando la elaboración de esos envases con materiales biodegradables y subsecuentemente dando opción al reciclaje.
Refiere que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en México se generan casi 103 mil toneladas de residuos sólidos urbanos diariamente. Del total, 84 por ciento se recolectan y menos del 10 por ciento se reciclan, a través del trabajo de pepenadores, actividades de acopio industrial y mediante plantas de selección de residuos en algunos estados del país.
Facultar al Congreso para expedir la legislación única en materia penal sustantiva
La diputada Sara Rocha Medina (PRI) presentó reformas al artículo 73 fracción XXI inciso C) de la Constitución Política para que el Congreso de la Unión tenga la facultad de expedir la legislación única en materia penal sustantiva.
El documento menciona que hoy se tienen 35 códigos penales en nuestro país, uno federal, el de la Ciudad de México, el de Justicia Militar y 32 de las entidades federativas. En ellos más allá de las tendencias dogmáticas y político criminales para definir sus tipos penales, entre otros factores, han intervenido las condiciones políticas y socioculturales de las regiones del ámbito de aplicación de la norma. Dado que éstas, difieren de región a región, o de estado a estado, la definición de los delitos no es uniforme.
Subraya que legislar un único código penal, debe ser tomado seriamente pues en ello va la definición del núcleo duro de la política criminal del Estado mexicano, la definición de cada delito, la autoría y la participación. La iniciativa se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Derechos de los permisos de pesca comercial
María del Carmen Cabrera Lagunas, diputada del PES, presentó iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a efecto de regular la sustitución de derechos de los permisos de pesca comercial a fin de mantener la actividad cuando el dueño de los derechos ya no pueda operar.
Se plantea que los concesionarios y permisionarios de pesca comercial, interesados en obtener autorización para sustituir los derechos presenten solicitud por escrito en formato oficial, acompañado en original o copia certificada del convenio de sustitución, mostrar concesión o permiso vigente, que haya transcurrido por lo menos un año del ejercicio de los derechos derivados del título correspondiente y transmitir al sustituto por cualquier título los bienes destinados al cumplimiento del objeto de la concesión.
La finalidad, abundó, es apoyar el ordenamiento pesquero de este país, y facilitar sus gestiones a los productores ante la autoridad competente para que se permita la sustitución de los derechos de permisos de pesca comercial y no generar parálisis, como está hoy en día, en algunas regiones de México, por la falta de una regulación legal en ese aspecto. Se remitió a la Comisión de Pesca.
Salvaguarden integridad física del Presidente de la República
Del PT, el diputado Francisco Javier Huacus Esquivel planteó modificar los artículos 3 y 5 de la Ley de Seguridad Nacional, con el objetivo de establecer mecanismos de protección que salvaguarden la integridad física del Presidente de la República.
Se busca establecer como asunto de seguridad nacional conservar la seguridad personal del jefe del Estado Mexicano y, determinar que se considerará amenaza a la seguridad nacional cualquier acto que atente contra la seguridad personal del jefe del Estado Mexicano.
Huacus Esquivel afirmó que “este es un nuevo gobierno que goza de un respiro democrático y de un momento de confianza de la sociedad al presidente; sin embargo, es necesario incorporar mecanismos de protección que salvaguarden la integridad física del presidente de México, que se mantengan como una fuente de certeza, de seguridad y de estabilidad política para la nación”. La propuesta será analizada por la Comisión de Seguridad Pública.
Prevenir la diabetes y promover buenos hábitos alimenticios
Juan Martín Espinoza Cárdenas, diputado de MC, planteó reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a efecto de que el Estado garantice la prevención de la diabetes y promueva buenos hábitos alimenticios.
La diabetes, dijo, de acuerdo con la Organización Mundial de Salud puede convertirse en una epidemia en el ámbito mundial. Además, los pésimos hábitos alimenticios han conllevado que la sociedad mexicana padezca de sobrepeso y obesidad desde la primera etapa de la infancia.
Es la segunda causa de muerte, después de las enfermedades cardiovasculares que además de poner en riesgo la salud y disminuir la calidad de vida de quien la padezca, puede ocasionar: ceguera, amputaciones en alguna extremidad en el cuerpo, insuficiencia renal e impotencia sexual. De acuerdo con la Federación Mexicana de Diabetes AC, la mortalidad en el país por diabetes aumentó extremadamente en 1980 de 14 mil 626 personas a 105 mil 574 en 2016. Se turnó a la Comisión de Salud.
Mecanismos de atención a niñas, niños y adolescentes migrantes
La Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia analizará la iniciativa de la diputada Claudia Reyes Montiel (PRD) que reforma los artículos 15, 22 y 26 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya intención es fijar mecanismos de atención especializada a las y los menores migrantes y garantizarles una vida libre de violencia, sabedores de que sus derechos y personas estarán protegidos de las redes de tratantes de personas.
Se busca que cuando la autoridad tenga conocimiento de que una niña, niño o adolescente es un migrante no acompañado deberá informar de inmediato al Instituto Nacional de Migración y al sistema nacional o sistema local para que se emita un protocolo especial de atención y protección de derechos.
Definir que la autoridad migratoria, de conformidad con las disposiciones aplicables, notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia de la niña, niño o adolescente, la ubicación de las instalaciones a las que el sistema nacional o el sistema de la entidad federativa los haya canalizado y las condiciones en las que se encuentren.
Garantizar uso y aprovechamiento de energías limpias accesibles en asentamientos humanos
El diputado Oscar Bautista Villegas (PVEM) propuso reformar el artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de que autoridades de la federación, entidades federativas y municipios, en sus ámbitos de competencia, garanticen el uso y aprovechamiento de energías limpias accesibles en el crecimiento de los asentamientos humanos y sus usos urbanos, para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo urbano y la vivienda.
El documento indica que el objetivo es garantizar el uso y aprovechamiento de energías limpias accesibles en el crecimiento de los asentamientos humanos, a través de la modificación de los criterios a considerar en la planeación del desarrollo urbano y la vivienda en la contribución al logro de los objetivos de la política ambiental contemplado en dicha ley.
La iniciativa, suscrita también por diversos diputados de Morena y del PVEM, resalta que las energías limpias se han consolidado como una firme alternativa para diversificar las fuentes de generación eléctrica, en la mayoría de los casos, sin emitir gases de efecto invernadero. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales.
Proponen reformas para combatir corrupción
De Morena, el diputado Carlos Sánchez Barrios presentó reformas a diversas disposiciones de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como General de Responsabilidades Administrativas, para establecer que cuando los entes públicos celebren actos jurídicos que tengan por objeto la provisión de bienes, servicios u obras públicas, se asegurará que la entidad obligada, tenga la capacidad para hacerlo por sí misma, y en ningún caso, se permita la subcontratación.
La iniciativa, remitida a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, propone que en todos los procesos de contratación, los licitantes y contratistas deberán presentar opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva, referida en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, emitida en un periodo no mayor a 1 mes antes de que inicie la licitación.
Precisa que las autoridades previstas en la Ley General de Responsabilidades, deberán investigar de oficio, los contratos que hayan sido formalizados entre entes públicos y empresas en las que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), haya determinado que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para entregar los bienes que amparan dichos comprobantes (empresas fantasma). También se investigará de oficio, las declaraciones públicas de funcionarios o exfuncionarios, en las que se señale posibles actos de corrupción.
Que Segob solicite a IFT encadenamientos de radio y televisión cuando haya una emergencia
La diputada María de los Ángeles Ayala Díaz (PAN) expuso cambios a la fracción II del artículo 217 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para que corresponda a la Secretaría de Gobernación solicitar al Instituto Federal de Telecomunicaciones encadenamientos de las emisoras de radio y televisión distinguiendo cuando se trate de una emergencia para que sea atendido con inmediatez.
El documento precisa que se pretende que sea el IFT la autoridad única para dictar la orden de encadenamiento de señal abierta a solicitud del gobierno federal, dando inmediata atención en caso de alguna emergencia y trámite regular cuando no sea una situación cuya gravedad lo demande. Igualmente, que se determine mediante disposiciones regulatorias, los criterios para calificar una emergencia.
Resalta la importancia de dar la fortaleza institucional que el regulador merece, pues es sabido que comparte atribuciones de su sector con las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, en detrimento de la autonomía constitucional que mandata la constitución. Se mandó a la Comisión de Radio y Televisión.
Corresponda a la SEP despacho de la enseñanza en estancias infantiles y centros de atención infantil
En tanto, la diputada María Lucero Saldaña Pérez (PRI) presentó modificaciones al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que le corresponda a la Secretaría de Educación Pública el despacho de la enseñanza que se imparta en el sistema de estancias infantiles y centros de atención infantil en general.
La iniciativa, canalizada a la Comisión de Gobernación y Población, refiere que la finalidad es que dicha secretaría salvaguarde el derecho de las niñas y niños a tener educación inicial obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.
Indica que la propuesta descansa principalmente en dos principios: el interés superior de la niñez como eje rector de las políticas públicas y el derecho humano a la educación de las niñas y niños en las estancias infantiles y los centros de atención infantil.
Establecer el derecho a la paz
La diputada María Eugenia Hernández Pérez (Morena) planteó adicionar el artículo 4° de la Constitución Política, a fin de precisar el derecho a la paz e indicar que le corresponderá al Estado velar por la promoción, fomento y protección de esta garantía.
Elevarlo a rango constitucional, afirmó, contribuirá a que todas las decisiones estratégicas del Estado, la organización y orientación de las instituciones, así como el talante de las relaciones de México con la comunidad internacional, tengan como premisa el respeto irrestricto del derecho a la paz.
Consideró que esta garantía es indispensable para poder ejercer plenamente los demás derechos consagrados en la Carta Magna. Esta garantía no sólo atañe a los pueblos y los estados, sino a la persona humana como titular del mismo. Fue remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Derechos laborales de los periodistas
Nohemí Alemán Hernández, diputada del PAN, presentó iniciativa para adicionar el Capítulo XVIII y los artículos 353 Bis al 353 Bis 5, al Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo, con el objeto de garantizar los derechos laborales de los periodistas.
Se entenderá por periodista a las personas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen.
Lo patrones deberán garantizar el acceso a la seguridad social. En caso de riesgo a su seguridad e integridad física, colaborar con las autoridades y proporcionar las facilidades y condiciones para que se salvaguarde la integridad de los periodistas y comunicadores. Las relaciones de trabajo podrán ser por tiempo determinado o indeterminado, y el salario podrá estipularse por unidad de tiempo, para una o varias notas o trabajos prestados. Se turnó a la Comisión Trabajo y Previsión Social.
Reformas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado
De Morena, la diputada Anita Sánchez Castro propuso reformar el artículo 1° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para que empleados del gobierno de la Ciudad de México y entidades de la Administración Pública Federal que formen parte del Sistema Bancario Mexicano, se rijan por este ordenamiento.
Se busca armonizar la legislación burocrática con el catálogo de jurisprudencias que al respecto ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “La modificación no es cosmética, pues la contradicción que persiste entre derecho positivo y jurisprudencial ha generado una multiplicidad de interpretaciones discordantes entre jueces y autoridades laborales, ocasionando confusión e incertidumbre entre los destinatarios de la norma, y graves injusticias al momento de su aplicación”.
La intención es reducir la carga de trabajo, tiempos procesales y altos costos materiales que representan los innumerables juicios de amparo que se suscitan en torno a la situación laboral de los trabajadores de empresas y organismos descentralizados. La iniciativa fue enviada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Incrementar penas a quien cometa delito sexual
La diputada María del Carmen Bautista Peláez (Morena) pidió reformar el Código Penal Federal en materia de violación sexual, a fin de aumentar las sanciones para quien cometa dicho delito.
La iniciativa enviada a la Comisión de Justicia para dictamen establece penas de 15 a 30 años de prisión a quien cometa el agravio por medio de violencia física o moral. Se considerará también violación y se sancionará con la misma pena al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento.
Señala que si el delito se comete por quien desempeñe un cargo o empleo público o ejerza su profesión, además de la pena de prisión el condenado será destituido del cargo o empleo de manera definitiva, sin posibilidad de volver a ejercer su profesión.
Declarar el 2020 “Año del Primer Jefe, Venustiano Carranza”
De la misma fracción parlamentaria, la diputada Melva Nelia Farías Zambrano, presentó iniciativa que declara el año 2020 como “Año del Primer Jefe, Venustiano Carranza”, por su gran contribución a la transformación del país en el marco de la Revolución Mexicana.
“Al recordar la vida y obra del Barón de Cuatro Ciénegas, no podemos negar su valor. Por ello, es justo dedicarle un año al primer jefe de la Revolución. Un año, donde cada día su ejemplo sea cátedra cotidiana para servir a nuestro país con la grandeza, convicción y justicia que él lo hizo”, afirmó.
La iniciativa turnada a la Comisión de Gobernación y Población, cita que, por su capacidad de estratega militar y dotes políticos, logró imponer su liderazgo en el proyecto constitucionalista que introdujo a México en la senda de una nueva época nacional.
Verificar que Plan Nacional de Desarrollo incluya temas prioritarios
La diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena) propuso cambios al artículo 21 de la Ley de Planeación, para establecer que, en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo por parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se verifique que dicho instrumento también incluya contenidos establecidos en el artículo 21 Ter de esta norma.
Este artículo precisa que el Plan deberá contener por lo menos un diagnóstico general sobre la situación actual de los temas prioritarios que permitan impulsar el desarrollo nacional así como la perspectiva de largo plazo; los ejes generales, cuya atención impulsen el desarrollo nacional y los objetivos específicos que hagan referencia clara al impacto positivo que se pretenda alcanzar.
Asimismo, las estrategias para ejecutar las acciones que permitan lograr los objetivos específicos señalados en el Plan; los indicadores de desempeño y sus metas que permitan dar seguimiento al logro de los objetivos definidos en el Plan, y los demás elementos que se establezcan en las disposiciones jurídicas aplicables. Se mandó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral
La diputada Martha Elena García Gómez (PAN) planteó modificar las leyes Federal de las Entidades Paraestatales y la General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para establecer que la coordinación operativa del Sistema Nacional de Protección Integral recaerá en un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines, denominado Secretaría Ejecutiva.
En el artículo 5 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se incluye a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral entre organismos que se regirán por sus leyes específicas en cuanto a estructuras de sus órganos de gobierno y vigilancia. Respecto a su funcionamiento, operación, desarrollo y control, en lo que no se oponga a las leyes específicas, se sujetarán a las disposiciones de esta ley.
Se trata de fortalecer un mecanismo vigente confiriéndole la autonomía pertinente al darle la calidad de organismo descentralizado de la administración pública federal, en vistas de dotarlo de las competencias, la autoridad y los recursos que faciliten al Estado incorporar la óptica del interés superior de la niñez de manera transversal en la política nacional que tenga a bien formular, así como en programas, estrategias y acciones que se diseñen. Se turnó a las comisiones de Gobernación y Población y de Derechos de la Niñez y Adolescencia.
Atender de manera prioritaria el cáncer infantil
En tanto, la diputada Ximena Puente De La Mora (PRI) propuso reformar a la fracción X del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que se atienda de manera prioritaria el cáncer infantil.
La iniciativa, canalizada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, señala que en dicho artículo se establece que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes. Con la propuesta se adiciona que se atienda dicha enfermedad.
El documento refiere que el cáncer infantil, se mantiene como la segunda causa de mortalidad en edad escolar. En 2016 hubo 1,022 defunciones por esta causa, con una tasa de 4.6 por cada 100 mil habitantes de 5 a 14 años.9 Se estima que en México se presentan entre cinco y seis mil casos nuevos al año de cáncer en menores de 18 años.
Que Ministerio Público solicite notificación roja a Interpol para búsqueda de probables responsables
Del PES, la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina planteó adicionar un párrafo segundo al artículo 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que el Ministerio Público solicite una notificación roja sin demora a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para la búsqueda localización y aprehensión del o los probables responsables, cuando se presuma que se encuentran en el extranjero.
Precisó que la iniciativa permitirá que el trabajo del Ministerio Público sea más eficiente, ante la dificultad que tienen en conjunto la Fiscalía General de la República, y las fiscalías del fuero común de la República Mexicana, para cumplimentar los mandamientos judiciales de personas que se sustraen de la acción de la justicia huyendo al extranjero.
Comentó que la reforma, que si bien es cierto resulta imperativa para el Ministerio Público, también aliviará en gran medida a las víctimas u ofendidos, ya sean personas físicas o jurídicamente colectivas. Se mandó a la Comisión de Justicia.
Crear el Centro Nacional de Inteligencia Financiera
La diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (MC) propuso modificar los artículos 22, 74 y 76 de la Constitución, con el objetivo de crear el Centro Nacional de Inteligencia Financiera que sustituya a la Unidad de Inteligencia Financiera. La legisladora dijo que el sofisticado Sistema Anticorrupción resulta inútil si no se tiene un desarrollo pleno en las instancias de inteligencia financiera.
La iniciativa cita que el centro será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado, responsable de elaborar e implantar políticas, programas y mecanismos encaminados a prevenir e identificar conductas que actualicen los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo nacional e internacional.
Con la finalidad de contribuir en el desarrollo del sistema financiero mexicano, la economía nacional, el combate a la corrupción, ya sea dentro del territorio nacional, desde o hacia el extranjero. Lo anterior, mediante la coadyuvancia con las autoridades competentes, conforme a lo establecido en la normatividad aplicable, señala la iniciativa turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Optimizar la ejecución del gasto público y evitar los subejercicios
Con el fin de regular los subejercicios y definir las sanciones a los funcionarios públicos que no cumplan con el correcto ejercicio programático y los genere de manera injustificada, la diputada Mónica Almeida López (PRD) planteó modificar el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La legisladora dijo que se establecerá como margen el 10 por ciento de acumulación de saldos o subejercicios presupuestarios por ente ejecutante. También equiparar el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades a quien incumpla con los objetivos de los planes y programas, con sanciones que van de los seis meses a 12 años de prisión y de 30 a 150 días de multa.
Almeída López consideró que con esta iniciativa se coadyuvará a resolver la problemática que enfrenta la Auditoría Superior de la Federación, mermada legalmente para poder hacer más exhaustiva la aplicación del gasto público. Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Disminuir prevalencia de malformaciones con medicina fetal
La diputada Ana Paola López Birlain (PAN) pidió modificar las Leyes Generales de Salud y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para disminuir la prevalencia de malformaciones congénitas y de discapacidad a través de la medicina fetal.
De acuerdo con el Inegi 25.4 de las muertes infantiles ocurren por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en niñas y niños de las cuales, 16.5 por ciento corresponden a infantes entre 1 a 4 años y 6-6 entre cinco y 14 años, señaló la legisladora.
Agregó que, con la iniciativa turnada a las comisiones de Salud para dictamen y de los Derechos de la Niñez y Adolescencia para opinión, se pretende abrir una ventana y dar una oportunidad a los padres y encontrar opciones médicas que les permita brindar un mejor futuro a sus hijos. “El Estado debe garantizar los mecanismos básicos para la supervivencia, crecimiento y mejor desarrollo de los infantes”.
Reformar la Ley General de Salud en materia de muerte digna
La diputada Ana Laura Bernal Camarena (PT) pidió reformar la Ley General de Salud en materia de muerte digna, con el objetivo de reconocer la facultad de los médicos para que puedan ayudar al paciente en la ortotanasia.
La iniciativa enviada a la Comisión de Salud define que la ortotanasia es la muerte digna, que incluye los cuidados paliativos multidisciplinarios para atender enfermedades en situación terminal y que conlleva la utilización de medicamentos controlados.
Bernal Camarena indicó que los muertos por enfermedades terminales, generalmente representan entre el 12 y 14 por ciento, lo que debe ser atendido por la Secretaría de Salud. “Se debe agregar en la ley la dignidad y tratamientos multidisciplinarios en beneficio de pacientes terminales; también la autorización para aplicar la autotanasia y continuar prohibiendo la eutanasia”.
Reconocer a asesores técnico-pedagógicos
Hilda Patricia Ortega Nájera, diputado de Morena, planteó reformar el artículo 14 de la Ley General de Educación, para reconocer a asesores técnico-pedagógicos como personal especializado de acompañamiento en la educación básica y media superior.
En la actualidad son más de seis mil 664 profesionales que realizan dicha asesoría a nivel nacional, los cuales son de suma importancia en el proceso educativo. La mayoría cuentan con estudios de posgrado, maestría y doctorado, por lo que su preparación y experiencia se encuentra plenamente cubierta.
Indicó que, de no incluirse la figura, habría incertidumbre respecto a su permanencia y posibilidad de promoción que repercutiría en la pérdida de sus derechos adquiridos, en contravención de las disposiciones constitucionales y tratados internacionales ratificados por el Estado en materia de derechos humanos del trabajo. Se mandó a la Comisión de Educación.
Prohibir estereotipos de la mujer en publicidad y propaganda
La diputada María Lucero Saldaña Pérez (PRI) propuso modificar los artículos 17 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 238 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fin de prohibir estereotipos de la mujer, a través de la publicidad y propaganda en medios de comunicación, así como censurar la transmisión en dónde se utilicen o promuevan estereotipos de género.
Uno de los mayores obstáculos de las personas, y en específico de las mujeres, para desarrollarse y autodeterminarse libremente, es el uso social generalizado de estereotipos de género. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), los medios de comunicación siguen mostrando y fomentando los estereotipos de género y confinándola al ámbito privado, doméstico o familiar.
Subrayó que los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la formación de una cultura pública que propicie la disminución y, en última instancia, la erradicación de discursos discriminatorios, ya que tienen un papel clave que desempeñar en la lucha contra los prejuicios y los estereotipos, y por lo tanto pueden contribuir a mejorar la igualdad de oportunidades para todos. Fue turnada a las comisiones de Igualdad de Género, para dictamen y de Radio y Televisión, para opinión.
Normatividad de las unidades móviles médicas
De Morena, la diputada Alejandra Pani Barragán (Morena) leyó iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, con la intención de establecer las Normas Oficiales Mexicanas para el funcionamiento y operación de los productos, actividades, servicios y establecimientos públicos de las unidades móviles médicas.
Argumentó que estas unidades permiten llegar a una mayor población, a lugares alejados y zonas marginadas tanto urbanas como rurales. Sin embargo, no se encuentran sujetas a una norma y tampoco existe un mandato claro en la ley que asegure su cabal funcionamiento. En ocasiones operan sin ningún registro, autorización o vigilancia de las autoridades sanitarias; adolecen de un protocolo, atención profesional y medidas de higiene que garanticen servicios de salud de calidad a las y los usuarios.
La falta de una regulación y vigilancia adecuada en muchas ocasiones impide el deslinde de responsabilidades en caso de negligencia o malas prácticas médicas, toda vez que no en todos los casos se entrega una constancia al usuario de que una unidad móvil le brindó la atención, a qué empresa o institución pertenece y quién es el personal médico responsable. La propuesta se remitió a la Comisión de Salud.
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