La Cámara de Diputados aprobó en lo general con 251 votos a favor, 98 en contra y cero abstenciones, el dictamen que expide la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras
Además de señalar que el Estado ejercerá la rectoría de la educación, se priorizará el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de recibir una educación, conforme con los principios, fines y criterios establecidos en el Artículo 3° de la Constitución Política.
El documento detalla que el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros tendrá como propósito contribuir a la excelencia de la educación en un marco de inclusión y de equidad, bajo los principios, fines y criterios previstos en la Ley General de Educación.
Se plantea crear un Sistema Abierto y Transparente de Plazas, dirigido por la Federación, en el cual se registrarán las vacantes por parte de los directores de las escuelas, de los superiores jerárquicos en el plantel educativo y de las autoridades de las entidades federativas.
El texto dispone que la participación de las autoridades educativas de las entidades y de las representaciones sindicales, se dará en un proceso público tripartita en el que se muestren los resultados de la ponderación del proceso de promoción.
Con objeto de fortalecer a las escuelas normales públicas, a la Universidad Pedagógica Nacional y a los Centros de Actualización del Magisterio, de acuerdo con las necesidades del servicio educativo, el ingreso a estas instituciones corresponderá a la demanda prevista en el proceso de planeación educativa de la autoridad competente.
Para tal efecto, la Secretaría de Educación Pública constituirá un modelo para los procesos de admisión a dichas instituciones públicas, una vez definida la demanda futura por región.
La admisión al servicio de educación básica que imparta el Estado se realizará por medio de procesos anuales de selección, a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales.
En este mecanismo se apreciarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y desarrollo integral de los educandos para asegurar que la contratación del personal cumpla con el perfil profesional.
La admisión al servicio público educativo estará sujeta a la disponibilidad de plazas vacantes definitivas, temporales y de nueva creación, así como a las estructuras ocupacionales autorizadas; es decir, el número de las vacantes se definirá de conformidad con las necesidades del servicio público educativo y la disponibilidad presupuestal, con base en la planeación que realice el Sistema Educativo Nacional.
Con el propósito de atraer al personal docente que ingrese al servicio de educación básica o docente en servicio y propiciar su arraigo escolar en zonas de alta pobreza o de marginación, alejadas de las áreas urbanas, se establecerán incentivos económicos superiores en los niveles de la promoción.
Al fundamentar la propuesta, la diputada Flora Tania Cruz Santos (Morena), puntualizó que este dictamen de ninguna manera es un sustituto de la extinta Ley General del Servicio Profesional Docente, sino que ésta es la garantía de un sistema de profesionalización permanente de las maestras y los maestros, formativo y no punitivo, “que prioriza el derecho a la educación como motor de cambio social”.
Lo que se busca es que el magisterio sea un agente de transformación social y los mecanismos para lograrlo es por medio de las acciones del Estado y con respeto a los derechos de las y los maestros. “También resulta necesario establecer una nueva relación entre el gobierno y los docentes, que no se base en la intimidación, sino en el diálogo, el apoyo y el entendimiento”.
“Sin duda, esta ley significa mirar con nuevos ojos a la función magisterial, es un giro de 180 grados en la política de profesionalización que incorpora un nuevo esquema de admisión, promoción y reconocimiento, en el que existan lineamientos integrales, con evaluaciones diagnósticas que no sean instrumentos de presión, sino que sirvan para generar información contextualizada de lo que necesita el docente para enseñar mejor”.
La diputada Cruz Santos destacó que se retoma el control del Estado sobre el manejo de las plazas; en ninguna parte del dictamen se retoma el concepto de “pase directo” o algo similar, porque la admisión, promoción y reconocimiento se realizarán mediante de procesos públicos, transparentes, imparciales y equitativos, otorgándose a quienes tienen los mejores perfiles.
Sostuvo que “uno de los grandes estragos” que dejó la anterior Reforma Educativa de 2013 fue la campaña de desprestigio de la que fue víctima el magisterio, donde se le adjudicó a los docentes la falla de todo un sistema con el fin de eludir las responsabilidades.
Previamente, la diputada Verónica María Sobrado Rodríguez (PAN) presentó moción suspensiva, con el objetivo de retirar el dictamen a discusión y remitirlo a la Comisión de Educación para que se analice adecuadamente y con suficiencia técnica y con ello dar solidez a las reformas reglamentarias; sin embargo, ésta fue rechaza por el Pleno.
Al fijar su postura, la diputada perredista, Abril Alcalá Padilla, señaló que este dictamen lo único que hace es institucionalizar la mediocridad y el tráfico de influencias. “Sepan los buenos maestros que estamos con ustedes, creemos en ustedes y defenderemos sus derechos”.
Definitivamente no vamos a acompañar una ley que premia sólo a una parte del magisterio y castiga al resto; además, sienta un gravísimo precedente, pues se transmite a la ciudadanía que el mayor compromiso fue con la CNTE y no con la niñez del país. Llamó a la mayoría a no entregar la educación al sindicato y no rechazar la evaluación voluntaria, porque “lo que no se mide sistemáticamente no puede mejorarse”.
La diputada Erika Mariana Rosas Uribe (Morena) señaló que con la aprobación de esta ley se revalora la labor docente y se avanza en lograr una enseñanza de calidad, que permita a los educandos colocarse en los primeros lugares en el ámbito mundial. Expresó que es necesario sentar las bases del desarrollo en una educación de calidad, vanguardistas y a la altura de las necesidades actuales, lo cual no puede suceder sin la participación, crecimiento, formación y desarrollo del magisterio.
Añadió que es necesario brindar herramientas a los maestros para que desempeñen mejor su función, y poner especial atención en los objetivos de capacitación y mejora continua. Señaló que se requiere garantizar el acceso a un sistema de capacitación, formación y actualización; reconocer a los docentes como agentes del proceso educativo y de transformación social; regresarles su función fundamental en la comunidad; que gocen de un ingreso digno y un desarrollo profesional a la altura de las demandas internacionales.
La diputada Claudia Báez Ruiz (PES) hizo un llamado a los involucrados en la educación del país, para que las leyes secundarias no se queden en buenos deseos y en retórica, sino que realmente sea un acuerdo para mejorar la educación en México.
Dejó en claro que votarán por esta ley para crear reglamentos, normas claras y garantizar el mejor futuro para las niñas y niños de México. Sabemos, dijo, cuál es el valor de los maestros, que necesitan salarios dignos y que se reconozca su trabajo, porque es prioritario devolverles la dignidad a los docentes.
El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) precisó que la construcción de los dictámenes tiene parte de las fuerzas políticas y de la labor realizada en mesas de trabajo, pero, por lo que no se está de acuerdo con éstos, es porque contienen textos que no se originan en ninguna iniciativa, ni en el parlamento abierto.
Asimismo, cuestionó si el presupuesto es suficiente para lo que se plantea en el dictamen y por ello es que merecía ser más analizado y discutido; en este sentido el sistema de carrera para las maestras y maestros puede quedar en el camino o en el papel porque no tienen los análisis internos y externos de la economía nacional.
El legislador José Luis Montalvo Luna (PT) señaló que, en este dictamen, se estableció un sistema de evaluación diagnóstica mediante un sistema de formación, capacitación y actualización que potencialice las habilidades, aptitudes y conocimientos de las y los maestros.
Asimismo, se instituyen promociones, estímulos y reconocimientos, becas y licencias para que las y los docentes puedan seguirse preparando. “Estamos seguros que con el presente dictamen garantizamos que las y los niños de México cuenten con las y los mejores maestros que impartan una educación incluyente, crítica y de excelencia”, agregó.
A nombre del PRI, la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo aseguró que esta ley es confusa e incompleta, no por omisión sino de manera intencional para servirse de la discrecionalidad a establecer criterios que regulen la selección, admisión, promoción y reconocimiento de docentes. Contraviene la reforma constitucional aprobada en abril, da prioridad a egresados de escuelas normales, viola el principio de igualdad de condiciones y el mandato de selección pública, equitativa, transparente e imparcial.
“La discusión de esta reforma ha puesto el foco en la injerencia que podría tener una organización sindical”. Advirtió que las indefiniciones abren la puerta para que la administración pública federal pueda cometer excesos en contra de los derechos del magisterio. El principio de imparcialidad se ignora por completo, al permitir la participación de autoridades educativas locales y de representaciones sindicales en el proceso público de revisión de resultados.
La diputada María Marcela Torres Peimbert (PAN) aseguró que esta Ley no tiene impacto presupuestal; además, en el PEF 2020 se prevé un aumento real de tan solo 1.8 por ciento al monto para el sector educativo en relación con el año pasado. “Todo lo que han dicho quedará solamente como buenas intenciones. En términos generales, como ya se ha mencionado, este proyecto y los otros incumplen con diversos principios constitucionales aprobados”, enfatizó.
Subrayó que se viola también el principio que dicta que todo mexicano puede concurrir en igualdad de condiciones a los procesos de selección para la admisión al sistema, porque se dará preferencia a los aspirantes que provengan de las normales públicas. “Es una ley pensada en el poder político y no en la excelencia educativa y la eficiencia del sistema”.
El diputado Iran Santiago Manuel (Morena) expuso que este dictamen permitirá ratificar la rectoría de la educación, la cual debe llevar el Estado, reconociendo a su vez, a la representación sindical como garante de los derechos laborales. “Las leyes secundarias saldan la deuda histórica con el magisterio, pues se prioriza el ingreso al sistema educativo a los egresados de las normales públicas y las universidades pedagógicas”.
Agregó que esta ley sienta las bases para reconocer la contribución a la transformación social de los docentes, por lo que se plantean incentivos y reconocimientos, asignación de horas, asesorías técnicas pedagógicas y tutorías; es decir, es un cambio de fondo que modifica la imagen de las y los maestros del país.
El diputado Jacobo David Cheja Alfaro (MC) dijo que votaría en contra del dictamen porque violenta la rectoría del Estado al establecer la integración de mesas tripartitas con injerencia de representantes sindicales. Al contravenir el artículo tercero constitucional, puede derivar en un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se entrega “en bandeja de plata” la calidad de la educación, cediendo a chantajes de sindicatos y organizaciones.
La diputada Mildred Concepción Ávila Vera (Morena) expresó su voto a favor porque la ley sienta los cimientos para una cultura de vocación por el servicio docente. “No se elaboró en lo oculto; se integró de frente al pueblo, sin privilegios personales”. Establece procesos públicos transparentes y equitativos que reconocen los principios de paridad, igualdad y no discriminación, así como las realidades y contextos regionales y locales, y pone en el centro de la carrera magisterial un mecanismo de retroalimentación humanista para fortalecer sus habilidades, actitudes y conocimientos.
Cynthia Iliana López Castro (PRI), al votar en contra sostuvo: se está sacrificando un sistema de desarrollo profesional. Éste es un sistema propicio para la corrupción, diseñado para proteger y castigar a los maestros; un código contra la libertad de los maestros; le arrebatan a los hijos del pueblo, el arma más poderosa para defenderse por sí mismos, una educación de calidad.
Por su parte, el diputado Armando Reyes Ledezma (PT) aseguró que por fin quedará sepultada la reforma educativa del pasado, se acabará una reforma basada en el castigo a las maestras y los maestros. Se fortalece a la escuela de acuerdo a las necesidades del sector educativo. “Que se escuche fuerte y claro, estamos y estaremos siempre del lado de la educación porque en este gobierno los compromisos se cumplen”, concluyó.
Al hablar en contra, el diputado Felipe Fernando Macías Olvera (PAN) señaló que maestros de Oaxaca sufrían en demasía para ascender en la carrera magisterial al no formar parte de marchas, pero con la evaluación consiguieron la plaza de dirección. “Los jóvenes de este país que estudian pedagogía y que no son miembros de las Normales no estarán felices por ser discriminados”, advirtió.
La diputada María de Jesús García Guardado (Morena), al hablar a favor, indicó que se tiene que reconocer a las maestras y los maestros que han forjado a los mexicanos; de eso se trata la Ley General del Sistema para la Carrera Magisterial, de promover su labor como agentes de transformación social y no de señalarlos y responsabilizarlos del fracaso de la reforma del gobierno anterior.
En contra, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) dijo que la educación no debe ser una moneda de cambio, porque es el futuro de las niñas y los niños de México. “Se debería poner el énfasis en el aula, en los modelos educativos, las tecnologías, en las causas del abandono escolar o por qué no se aprenden las matemáticas correctamente y por qué existe desigualdad en el sistema educativo”.
A favor, la legisladora Lorena del Socorro Jiménez Andrade (Morena) indicó que estas leyes garantizan la educación pública y certeza laboral de los docentes, por lo que será un compromiso por parte de los profesores ser los mejores, porque este país los necesita.
En contra, por el PVEM, el diputado Arturo Escobar y Vega afirmó que los maestros, sin considerar a qué sindicato pertenezcan son agentes fundamentales para que el nuevo marco jurídico educativo funcione. “En este dictamen preocupa cuál será la relevancia de su participación en la relación gobierno-alumno-magisterio, porque no hay claridad, sería fundamental aclararlo”. Deben intervenir, pero únicamente como observadores para que no se violen los derechos laborales. Además, va en contra del tercero constitucional al dar a las normales, prelación cuando haya plazas excedentes, pese a que no existen.
La diputada del PT, Hildelisa González Morales, al apoyar el dictamen, sostuvo: el magisterio accederá a una carrera justa y equitativa basada en principios de legalidad, certeza, imparcialidad y transparencia atendiendo las diferencias regionales, para revalorarlos y reconocer su contribución en la transformación social del país, echando fuera la posición maniquea de quienes los definen como buenos o no.
Al hablar en contra, la diputada del PRI, Anilú Ingram Vallines señaló que los mecanismos de formación, capacitación y actualización quedan sin efecto, por lo que se convertirá en mera cortina de humo, aunado a que el dictamen significa un retroceso para el sistema educativo, ya que contraviene el mandato constitucional y los acuerdos; favorece liderazgos que “mantuvieron secuestrada durante años la educación, en detrimento del desarrollo de México y el interés superior de la niñez”.
En pro, la diputada Estela Núñez Alvarez (Morena) dijo que esta reforma elimina los efectos punitivos que tanto han dañado la función docente, fomenta el respeto a su labor, su profesión y a su persona, pero, sobre todo, reconoce su experiencia y su importancia como agentes de la transformación social por su vinculación y trabajo. “Asegura que recibirán un salario profesional y salvaguarda sus derechos reconocidos; además, se establece la rectoría del Estado sobre el manejo de las plazas docentes”.
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