Las recientes declaraciones del coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en las que denuncia la compra de diputadas y diputados hasta por cinco millones de pesos para que pasen a formar parte del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo deben ser investigadas por la Junta de Coordinación Política, por el Comité de Ética y por la Contraloría de esta Cámara de Diputados.Reconocemos que, en tanto no se encuentre prohibido de manera explícita en el marco jurídico que nos rige, es derecho de las y los diputados cambiar de grupo parlamentario conforme a sus afinidades políticas, sin embargo, ahora nos encontramos de frente a presuntos actos de corrupción que pretenden desconocer los acuerdos fundacionales que fueron tomados por todas las fuerzas políticas, al inicio de esta LXIV Legislatura, en relación con la presidencia de la Mesa Directiva que, en el año legislativo por comenzar, correspondería al Grupo Parlamentario del PRI.Como hemos señalado en ocasiones anteriores, el tráfico de legisladoras y legisladores daña la expresión popular del voto ciudadano cuando ésta se produce por intereses ajenos a la labor parlamentaria.La construcción de mayorías artificiales no sólo constituye un acto contrario a la ética parlamentaria, a la justicia y, probablemente, a la Ley sino que establece un precedente peligroso en contra de la civilidad y la vida democrática del Congreso de la Unión, por lo cual convocamos a todas las fuerzas políticas a respetar los acuerdos alcanzados para garantizar la pluralidad y la gobernabilidad en este órgano legislativo.Hacemos votos para que, en un marco de sana convivencia política, todos los grupos parlamentarios respeten los acuerdos que nos hemos dado como cuerpo legislativo, particularmente el relativo a la rotación de la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados.Hacemos un llamado urgente e inaplazable a todas las fuerzas políticas para rechazar cualquier acción que tenga como objetivo final generar desconfianza, ingobernabilidad, avasallamiento y desconocimiento de los acuerdos consensados, pretendiendo lesionar, a través de la impunidad que otorgan las mayorías artificiales, al Congreso de la Unión.
Las recientes declaraciones del coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en las que denuncia la compra de diputadas y diputados hasta por cinco millones de pesos para que pasen a formar parte del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo deben ser investigadas por la Junta de Coordinación Política, por el Comité de Ética y por la Contraloría de esta Cámara de Diputados.
Reconocemos que, en tanto no se encuentre prohibido de manera explícita en el marco jurídico que nos rige, es derecho de las y los diputados cambiar de grupo parlamentario conforme a sus afinidades políticas, sin embargo, ahora nos encontramos de frente a presuntos actos de corrupción que pretenden desconocer los acuerdos fundacionales que fueron tomados por todas las fuerzas políticas, al inicio de esta LXIV Legislatura, en relación con la presidencia de la Mesa Directiva que, en el año legislativo por comenzar, correspondería al Grupo Parlamentario del PRI.
Como hemos señalado en ocasiones anteriores, el tráfico de legisladoras y legisladores daña la expresión popular del voto ciudadano cuando ésta se produce por intereses ajenos a la labor parlamentaria.
La construcción de mayorías artificiales no sólo constituye un acto contrario a la ética parlamentaria, a la justicia y, probablemente, a la Ley sino que establece un precedente peligroso en contra de la civilidad y la vida democrática del Congreso de la Unión, por lo cual convocamos a todas las fuerzas políticas a respetar los acuerdos alcanzados para garantizar la pluralidad y la gobernabilidad en este órgano legislativo.
Hacemos votos para que, en un marco de sana convivencia política, todos los grupos parlamentarios respeten los acuerdos que nos hemos dado como cuerpo legislativo, particularmente el relativo a la rotación de la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados.
Hacemos un llamado urgente e inaplazable a todas las fuerzas políticas para rechazar cualquier acción que tenga como objetivo final generar desconfianza, ingobernabilidad, avasallamiento y desconocimiento de los acuerdos consensados, pretendiendo lesionar, a través de la impunidad que otorgan las mayorías artificiales, al Congreso de la Unión.
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