Tras reseñar avances legislativos para la promoción, protección y defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia en México, la Coordinadora del GPPRD en la Cámara de
Durante su participación en el Coloquio Nacional “Las Niñas, Niños y Adolescentes en el Derecho Civil” que organizó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la legisladora federal por Jalisco hizo su llamado a los tres poderes de la Unión, pero también a todo el Estado Nacional, para colaborar en esta labor.
Al Poder Ejecutivo le demandó, junto con lo que le corresponda al Legislativo, ratificar el Tercer Protocolo de la Convención de los Derechos del Niño, el cual reconoce a las y los menores como sujetos de derechos, les permite denunciar la violación a los mismos y crea mecanismos para su justiciabilidad, es decir, para su exigencia y respeto a través de recursos jurídicos.
Este Tercer Protocolo, aprobado desde el 19 de diciembre de 2011 y vigente desde abril de 2014, no ha sido ratificado por México, por lo cual sus instituciones no se sienten obligadas a acatarlo.
Con independencia de ello, Juárez Piña consideró que no es obstáculo para que el Poder Judicial cree instrumentos y mecanismos judiciales pertinentes para que las y los menores de 18 años puedan defender sus derechos, pues al momento únicamente lo pueden hacer por conducto de sus padres, madres u organizaciones civiles, en este caso, a través de algún litigio.
Reconoció que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de México ya creó el Sistema Nacional para la protección integral de estos grupos, pero aclaró que tal Sistema carece de autonomía.
Además, en lo que corresponde a las procuradurías de justicia, carecen de instancias y procedimientos para que ellas y ellos puedan presentar denuncias cuando sus derechos son violados.
Así, los derechos que en la ley se les reconocen quedan en simple retórica, buenas intenciones o promesas políticas, pues tampoco otros mecanismos de exigibilidad, como el amparo, las quejas administrativas o las acciones colectivas permiten a niñas, niños y adolescentes participar en la protección y defensa de sus derechos.
En consecuencia, además de su exhorto al Poder Judicial en este sentido, la líder perredista llamó a los ministerios públicos a también generar las vías institucionales para que las y los menores de edad puedan acudir ante ellos para la defensa y protección de sus prerrogativas.
Al mismo tiempo, demandó a las instancias ejecutivas fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, el que también debe implementar mecanismos para recibir las denuncias directas de las y los menores vulnerados en sus garantías.
Advirtió que si México no avanza en estos rubros, seguirá en la arcaica concepción tutorial, por lo que en los hechos continuará como un Estado Nacional que niega a sus infantes y adolescentes el carácter de sujetos de derechos, lo que equivale a negarles tales derechos.
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