Con el fin de contribuir a que el Estado tenga un mejor control y mecanismos de operación que permita identificar el origen y destino de las armas de fuego para las empresas
Al fundamentar la iniciativa, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo aseguró que es necesaria una legislación más precisa para la emisión de licencias para la portación de armas a través de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
En este sentido, explico que su propuesta busca fortalecer los requisitos para la expedición de licencias colectivas para personas morales que brinden servicios de seguridad privada en la república mexicana.
“El objetivo es garantizar que aquellas personas que busquen adquirir una licencia para tener armas en nuestro país, especialmente aquellas personas morales que provean servicios de seguridad y para el desempeño de su trabajo utilicen armas, no representen una amenaza para la seguridad pública de los mexicanos”, explicó.
Para ello se propone reformar en primer término el numeral 1, letra D del artículo 26, el cual establece actualmente que para que una persona física obtenga una licencia no debe haber sido condenado por delito cometido con el empleo de armas.
“Nuestra propuesta modifica este requisito para establecer que toda persona que busque la obtención de una licencia no debe haber sido condenado por delito doloso”, aclaró.
Además de ello, la iniciativa reforma el inciso a) de la letra B del numeral 2 del mismo artículo, para establecer que tratándose de servicios privados de seguridad se deberá contar con la autorización para prestar servicios de seguridad privada en términos de la legislación aplicable.
Otro elemento importante de la iniciativa es adicionar el inciso b) a la letra B del numeral 2 del artículo 26 de la ley, para establecer como un nuevo requisito la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitido por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
“Este nuevo requisito busca brindar condiciones de mayor certidumbre y legalidad en el gremio de la seguridad privada, que durante años ha carecido de una regulación apropiada que establezca incentivos correctos para asegurar la formalidad y legalidad en la operación de diversas empresas”, detalló Geovanna Bañuelos.
El documento presentado a la Cámara Alta también propone establecer que el personal operativo que utilice armas deberá aprobar pruebas de aptitud psicológica al menos una vez al año, realizadas por profesionales certificados por la Secretaría de Salud, así como la constancia de no antecedentes penales.
Así como la obligación de las empresas de seguridad para el resguardo de las armas de fuego que integren la licencia colectiva que otorgue la Secretaría de la Defensa Nacional y la inspección periódica por parte de esta dependencia.
La coordinadora del PT en el Senado señaló que en México ha existido un amplio debate sobre la necesidad de regular de mejor manera a las empresas de seguridad privada, cuya presencia ha crecido desde hace al menos dos décadas.
Y resaltó que uno de los elementos para el crecimiento descontrolado de empresas de seguridad privada ha sido la falta de legislación que establezca un marco general para su regulación en todo el territorio nacional y que quienes brinden seguridad a los ciudadanos no representen una amenaza para la seguridad pública de los mexicanos.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, para su análisis y posterior dictamen.
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