El proyecto para expedir la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) recoge cada una de las preocupaciones de la sociedad mexicana, afirmó el
Al fijar el posicionamiento sobre el dictamen, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena asentó que “al centro de la discusión deben estar los derechos humanos”.
El coordinador de la bancada aseguró que la FGR quedará establecida como un órgano autónomo, que abanderará la verdad y la justicia, “lo cual redundará en el máximo bienestar que nuestro país requiere”.
Lo que más enriquece a este proyecto, subrayó, es el camino que ha recorrido en materia de consenso. “Los acuerdos alcanzados son producto de la atenta escucha que hemos brindado a todos los sectores”.
De forma especial, reconoció el trabajo de las y los integrantes de las comisiones dictaminadoras, así como la flexibilidad y sensibilidad del Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, para lograr este consenso.
El legislador reveló que al interior de la mayoría legislativa también había inquietudes, pero tras los acuerdos hay una actitud de beneplácito.
Explicó que la Ley establece una estructura orgánica funcional acorde a las atribuciones especializadas que constitucionalmente se encomiendan al Ministerio Público de la Federación, en lugar de una estructura rígida que no corresponde con las necesidades de operación institucionales.
Asimismo, agregó, se establecen, de forma precisa, las obligaciones para la Fiscalía, su titular, el Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares, a diferencia de la actual Ley, que carece de tales elementos y atribuye facultades de manera confusa.
También, precisa los alcances de la intervención de las policías y sienta los principios de un modelo de gestión conformado por equipos que colaboren de forma flexible y eficiente conforme a planes de investigación.
Da relevancia, detalló, a la calidad y celeridad en la atención de los usuarios mediante un mecanismo de ventanilla única. Además, prevé los mecanismos de colaboración y coordinación entre la Fiscalía, otros entes públicos y particulares, para la investigación de hechos delictivos.
El legislador explicó que se fijan las bases para un servicio profesional de carrera en todas sus etapas y fija claramente los requisitos de ingreso, permanencia y terminación para garantizar que se cuente en el futuro con el personal idóneo para las funciones de la FGR.
“Este es un instrumento eficaz para generar una reacción conveniente desde el punto de vista institucional y atendiendo el principio de legalidad”.
Monreal Ávila recordó que desde que presentó la iniciativa estuvo en contacto con los sectores de la sociedad interesados en el correcto funcionamiento de la FGR, especialmente con las víctimas. Detalló que se realizó un trabajo conjunto entre senadores y senadoras de todos los Grupos Parlamentarios para enriquecer la propuesta.
Derivado de esto, continuó, se introdujeron diversas adiciones como adecuaciones al lenguaje incluyente y el fortalecimiento de la ciudadanía en la toma de decisiones de la FGR.
Además, se precisó la obligación de los agentes para velar por los derechos de las víctimas y se garantizó el principio de paridad de género en los procesos de selección del organismo.
El senador agregó que se establecieron las causas y el proceso de remoción por causa grave, y se incorporó la hipótesis de la renuncia de la persona titular de la Fiscalía.
Otro punto importante es que se fortalece la participación del Senado en la revisión de la gestión de la FGR y en la aprobación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia.
Sin embargo, Monreal Ávila indicó que era necesario avanzar aún más y considerar las voces que señalaron la importancia de consolidar la participación de la Fiscalía en los mecanismos para la protección de los derechos humanos de las personas y de las víctimas indirectas de la desaparición forzada de personas.
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