Es indispensable determinar la responsabilidad de quienes utilizaron programas ilegales para espiar durante casi 20 años, pero también a quienes permitieron que delitos como tortura y
Mediante un punto de acuerdo, el legislador de Morena solicitó a la Fiscalía General de la República investigar a los expresidentes Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, por su responsabilidad en la adquisición y operación de programas desarrollados para intervenir comunicaciones ilegalmente.
Los cuales, advirtió el legislador de Morena, pudieron ser utilizados para facilitar la comisión de delitos de lesa humanidad.
En la propuesta, que se turnó directamente a la Primera Comisión de la Permanente, aseguró que en las últimas semanas se informó sobre la adquisición y operación de programas informáticos desarrollados por administraciones anteriores, para intervenir comunicaciones de manera ilegal.
Para espiar a más de 15 mil personas, entre funcionarios públicos, periodistas, políticos de partidos de oposición, activistas y personas defensoras de derechos humanos.
Jara Cruz afirmó que, desde hace algunos años, ya se sabía del espionaje realizado a través del programa “Pegasus”, particularmente en la administración de Peña Nieto. Posteriormente, agregó, nos enteramos de que el software para intervenir ilegalmente comunicaciones se adquirió a petición de Felipe Calderón.
Debido a nuevas investigaciones, aclaró, hoy sabemos que desde el gobierno de Vicente Fox se firmaron contratos con “Narus y Verint”, empresas reconocidas por sus servicios de espionaje y colaboración con la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
El senador precisó que no se habla sólo de delitos de corrupción o de simple violación a la intimidad y a la privacidad. “En México, el espionaje desde las distintas administraciones se convirtió en una política de Estado que comprometió y puso en riesgo la seguridad de la nación y la estabilidad de la nación”.
Salomón Jara denunció que, durante el régimen neoliberal, el espionaje no fue un instrumento exclusivo de gobiernos federales, también se empleó por gobernadores en contra de la oposición y medios críticos.
Por ello, pidió, además investigar cuáles gobiernos estatales adquirieron y emplearon programas de intervención de comunicaciones.
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