El desarrollo de la vacuna contra el SARS-CoV-2 no sólo representa una esperanza sólida para recuperar la normalidad, sino una oportunidad para grupos del crimen organizado
Ante este escenario, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa consideró importante establecer un control social severo para quien sustraiga de forma indebida una o más vacunas que sean propiedad de las instituciones públicas de salud o que formen parte del Programa de Vacunación Universal.
El legislador del PRD enlistó una iniciativa para reformar el artículo 462 Bis 1 de la Ley General de Salud, a fin de imponer hasta 10 años de prisión y una multa de hasta tres mil veces la Unidad de Medida y Actualización a quien robe estos fármacos.
Si quien comete este delito es una persona del servicio público, Mancera Espinosa demandó una pena de hasta 15 años de cárcel.
El senador refirió que diversas agencias de seguridad alertaron, desde septiembre de 2020, sobre los riesgos a los que estarían sujetas la distribución y aplicación de las vacunas contra el nuevo coronavirus.
“El robo o sustracción de estos productos es uno de los principales peligros, ya que se pretende distribuirlos en el mercado negro, al ser denominadas oro líquido, debido al alto valor que tienen como insumo esencial para el regreso a la normalidad y para la protección a la salud de las personas”, subrayó.
Miguel Ángel Mancera ejemplificó que, en octubre de 2020, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios fue notificada por el Instituto Mexicano del Seguro Social del robo de la vacuna Vaxigrip para la inmunización contra la influenza tipo A y B, de uso exclusivo del Sector Salud, y un mes después, la Comisión advirtió sobre su venta de manera ilegal en sitios en línea.
Hizo hincapié en que se deben redoblar los esfuerzos para proteger y garantizar las vacunas, pues la alerta cobra especial relevancia, ya que en 2018, México tenía el sexto mercado ilícito de medicinas más grande del mundo.
Aunado a esto, el pasado 14 de enero, se informó la desaparición de cuatro dosis de la vacuna contra el Covid-19, las cuales desaparecieron en el Hospital General Doctor Carlos Calero Elorduy del ISSSTE, por lo que las autoridades responsables del Instituto iniciaron una investigación.
La iniciativa fue enlistada en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente, el día 20 de enero.
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