Ante el aumento de casos de espionaje telefónico, el vicecoordinador de Comunicación, Difusión y Mensaje del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge López Martín, propuso incrementar las penas de 10 a 20 años de prisión así como duplicar las sanciones económicas que se aplican actualmente a quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas a través de la intervención de comunicación privada sin autorización de un juez.
Ante el aumento de casos de espionaje telefónico, el vicecoordinador de Comunicación, Difusión y Mensaje del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge López Martín, propuso incrementar las penas de 10 a 20 años de prisión así como duplicar las sanciones económicas que se aplican actualmente a quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas a través de la intervención de comunicación privada sin autorización de un juez.
El legislador presentó la iniciativa que reforma el artículo 211 bis del Código Penal Federal, que además establece que si quien realice cualquiera de estas conductas ilícitas tiene algún cargo público se duplicará la sanción y se multiplicará en tres veces la sanción económica y pena pecuniaria.
López Martín argumentó que aunque la intervención y grabación de llamadas telefónicas es considerado un delito federal, son pocas las sanciones que se aplican. De hecho en 16 años no hay personas procesadas o sentenciadas por esta actividad ni tampoco señaladas como responsables de interferir las líneas de comunicación, a pesar de que en estos hechos se han denunciado en diversas ocasiones ante la Procuraduría General de la República.
Agregó que en el nuevo Sistema Penal Acusatorio se han iniciado carpetas de averiguación, se ha citado a los afectados a declarar y ratificar la denuncia, pero tras varios meses o años la autoridad les informa que “no hay suficientes elementos que sostengan su dicho” y se da carpetazo al caso bajo el argumento que “no hay más elementos que investigar”.
Toda persona, indicó, tiene derecho a mantener su vida personal en privacidad y sin intromisiones de terceros, por ello urge actualizar la ley para otorgar la debida protección jurídica a los ciudadanos y adaptarse a la nueva realidad.
“Los constantes avances tecnológicos y progresos técnicos que ha experimentado el sector de las comunicaciones electrónicas en nuestra sociedad, han conllevado a distintas formas de comunicación como la telefonía móvil, el correo electrónico y las redes sociales. Sin embargo las plataformas de comunicación interpersonal propias de la sociedad de la información también tienen la aparición de violación en los Derechos fundamentales, por lo que resulta necesario que se modifiquen sin perder su identidad para otorgar debida protección jurídica a los ciudadanos y adaptarse a la nueva realidad social”, finalizó
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