El secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, afirmó que se tiene la intención de posicionar a México como líder en salud global, para lo cual se
Durante la primera mesa de trabajo de las audiencias públicas de parlamento abierto con miras a la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, titulada “La Transformación del Sistema de Salud Pública”, afirmó que la salud no es un privilegio, no es una mercancía, es un derecho de las personas y responsabilidad del gobierno.
“No necesitamos de mercaderes del más allá, de boroneros de la enfermedad, guardianes de padecimientos o comerciantes codiciosos de la salud, sino reconstruir la política en la materia para despertar de cualquier somnolencia dogmática y escoger el trabajo con la comunidad que refuerce la sociedad, sus convicciones y recuperemos el futuro”.
Señaló que el sistema de salud de México está muy fragmentado, segmentado, debido a las políticas que, bajo regímenes anteriores, fueron una fuente de corrupción e influencias, abandonando los servicios de las comunidades.
Por ello, dijo, es necesario reconstruir la política de salud y esto se logrará con el espíritu del lema incrustado en la declaración de Alma-Ata: salud para todas y todos. Además, garantizar en el artículo 4° constitucional que los servicios de salud y los medicamentos sean accesibles, estén disponibles para toda la población, independientemente de la situación socioeconómica.
Esto se logrará, dijo, implantando el modelo de atención primaria a la salud, federalizando el sistema fragmentado que tenemos hoy, organizando la regulación y fortaleciendo la industria farmacéutica nacional y la investigación innovadora. “No hay otra”.
Mencionó que el Seguro Popular no se enfocó en la prevención de enfermedades o la promoción de la salud. Aunque fue la propuesta para resolver los problemas de la población desprotegida, las personas afiliadas y los millones de no afiliados, carecen hoy de acceso a la atención médica de manera oportuna y de calidad.
“Se trató, indudablemente, de una estrategia en alianza con el capital privado que buscaba beneficiarse de las enfermedades, más que tratarse de una institución social sólida que ofreciera servicios de atención universal a todas las personas vulnerables, a todas las que han pasado a ser vulnerables y a las no trabajadoras”, indicó.
Resaltó que “algunos siguen viendo a la salud como una oportunidad para que el sector privado colonice mercados vírgenes. Esto está cambiando, el sector privado está haciendo su aportación”.
Hizo un llamado a la acción por parte del Estado, porque sin condiciones integrales y de calidad no hay derecho a la salud, especialmente para aquellos que están en una situación vulnerable. “No podemos limitar la salud a un conjunto de paquetes y medidas como lo propone el Seguro Popular”.
Con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, dijo, es momento de mirar al futuro, hacia los próximos 40 años. Ésa es la tarea, el camino no es fácil, exige perseverancia y compromiso.
El representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en México, Cristian Roberto Morales, dijo que nuestro país es la segunda región, a veces la primera, “lo disputamos con África, con el nivel de inequidades en el ingreso más pronunciadas en el mundo y en donde sus sistemas de salud tienden, lamentablemente, a reproducir estas inequidades sociales, en lugar de mitigarlas”.
Reconoció que México ha experimentado “avances impresionantes” en materia de salud en los últimos 15 años; la mortalidad materna pasó de 74 a 36 por cien mil nacidos vivos, entre 2000 y 2015. Asimismo, la mortalidad infantil pasó de 15 a 12 por mil nacidos vivos, en el mismo periodo; disminuciones del 51 y 20 por ciento, respectivamente.
Lamentablemente, continuó, subsisten también importantes inequidades, no sólo las mujeres chiapanecas enfrentan una mortalidad materna que es el doble del promedio en el país, pero las mujeres ubicadas en el quintil uno; es decir las más pobres, tienen una mortalidad materna 34 por ciento más elevada que las del quintil cinco, que son las más acomodadas.
Recordó que el pasado 9 y 10 de abril, la directora de la OPS hizo un llamado para que los países de la región asumieran el compromiso 30-30-30; es decir, para 2030 se disminuyan, por lo menos, 30 por ciento las barreras de acceso y se aumente, al menos, 30 por ciento los presupuestos públicos destinados al primer nivel de atención “en la idea de avanzar hacia más salud y bienestar y hacia la salud universal sin dejar a nadie atrás”.
Subrayó que se requiere un sistema de salud que permita elegir mejor los alimentos que se consumen, incentive a una mayor actividad física, promueva la salud en todas las políticas, dialogue con la industria para que contribuyan a un desarrollo sostenible y que prevenga las enfermedades.
“Buscamos un sistema de salud que se preocupe de nosotros, de nuestros seres queridos y conciudadanos cuando estemos afectados por la enfermedad. Que brinde las atenciones que necesitamos para reconfortarnos del dolor con calidez y que nos ayude a reparar más y mejor el daño, contribuyendo a alargar nuestras vidas con mejor calidad, con más salud y con más bienestar”, resaltó.
José Ignacio Santos Preciado, secretario del Consejo de Salubridad General, expuso que existe una discrepancia entre las necesidades de la población y el diseño vigente de los servicios de salud, porque la demanda se concentra en la salubridad pública y la atención primaria, pero el diseño del sistema se concentra en la oferta hospitalaria.
Para avanzar hacia la equidad y hacer realidad este derecho, dijo, se requiere una transformación institucional y política profunda. El sistema necesita cambiar de abajo hacia arriba, con un enfoque centrado en las personas y las comunidades, y así contribuir a consolidar un Sistema Nacional de Salud para el Bienestar de todas y todos los mexicanos”.
El Consejo, expuso, ha buscado priorizar los insumos para la salud y garantizar el acceso a medicamentos eficaces, seguros y de calidad, así como certificar los establecimientos médicos, con el cual se da una atención de calidad enfocada a la seguridad del paciente.
Precisó que se convocó a los principales expertos de todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud y Seguridad Social para depurar el cuadro básico y crear el Compendio Nacional de Insumos, que permita contribuir a uno solo, evitando la duplicidad. Además, para dar certidumbre a la elección de los medicamentos, se establecieron grupos focales de especialistas clínicos certificados, a fin de seleccionar claves efectivas, seguras y de calidad, con base en la evidencia científica y la experiencia clínica.
Santos Preciado destacó que los temas que corresponden al 80 por ciento de la inversión en medicamentos tienen que ver con oncología, metabolismo, cardiología, infectología, material de curación y salud reproductiva. “Este instrumento definitivamente cambiará la política pública de selección, adquisición y uso de los medicamentos”.
Respecto de la Certificación de Establecimientos de Atención Médica, se ha logrado garantizar la calidad en 330 consultorios públicos y privados, lo cual sienta las bases para instituir una estrategia. La misma también aplicará a los consultorios adyacentes a farmacias, que atienden día a día a 350 mil enfermos. En la actualidad, se trabaja en el diseño de un modelo de certificación para atención primaria en salud.
Del IMSS, Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales, resaltó que debe darse prioridad al nuevo modelo de atención primaria y establecer claramente su importancia en la ley, porque “gran parte de la problemática que se tiene es el abandono del primer nivel. Ese es el punto flaco del sistema de salud y que el Seguro Popular no pudo componer”.
Sobre el financiamiento, dijo que se debe revisar a profundidad. Consideró que la cuota social per cápita o su equivalente a salario por persona es un mecanismo menos arbitrario y más protegido que el esquema actual, basado en destinar mayores recursos cada año, ajustados a la inflación, esto podría tener impacto grave para sostener las acciones de salud y atender a la población sin seguridad social, “con un presupuesto incrementalista anual”.
El programa IMSS Bienestar seguirá prestando de manera gratuita servicios de salud y medicamentos asociados para quienes carezcan de seguridad social. Consideró que las dosis unitarias hospitalarias y en farmacias implicaría un ahorro del 30 por ciento para el instituto. “Es una gran innovación que se debe impulsar. Lo vemos como una buena iniciativa”.
La directora general adjunta del Centro de Información para Decisiones en Salud Pública (Cenidsp) del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Hortensia Reyes Morales, expresó que se requiere promover el diseño e implantación de políticas intersectoriales. Resaltó que las instituciones del sector enfrentan desafíos enormes dada la cantidad de personas que deben atender bajo un escenario de escasez de recursos.
Precisó que cuando son accesibles estos servicios se logra reducir hasta en 80 por ciento la mortalidad, principalmente la perinatal, infantil y materna. Para fortalecerlos, dijo, es fundamental emprender reformas, pues el avance en esta dirección reduciría la segmentación y la fragmentación del sector y contribuiría a la unificación de los servicios.
Los cambios que se proponen para desarrollar políticas efectivas y fortalecer la salud pública son: gobernanza y rectoría; es decir arreglos institucionales para reforzar el liderazgo de la Secretaría de Salud ante las demás dependencias; mejorar el financiamiento, a través de una reingeniería en la asignación y operación de presupuestos; generar recursos, por medio de una política explícita, nueva y fundamentada en recursos humanos; optimizar la provisión de servicios y establecer un sistema de información en salud, el cual es indispensable a fin de recolectar, procesar, reportar y utilizar el conocimiento y mejorar las políticas y programas.
Reyes Morales puntualizó que los riesgos clave son: contaminación ambiental, uso de sustancias adictivas como el tabaco y alcohol, alimentación y nutrición, lesiones de tránsito, violencia, intervenciones esenciales para las personas adultas mayores, salud reproductiva, salud materna y del recién nacido, prevención de adicciones, salud mental, la actividad física, así como las enfermedades crónicas y la discapacidad.
Cristóbal Thompson, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica AC, afirmó que la innovación es uno de los pilares de la prolongación de la vida de los pacientes y ha permitido tener acceso a la vacunación y medicamentos los cuales han tenido un buen impacto, pues hay reducciones en la mortalidad del cáncer cuando hay detección temprana y tratamiento oportuno; el VIH-Sida se volvió una enfermedad crónica, y la curación del hepatitis C tiene mayor porcentaje.
Indicó que sólo el 10 por ciento de medicamentos aprobados por Cofepris termina en las instituciones y, de ese porcentaje, aquellos que fueron validados tempranamente tarda más de 4 años y medio en llegar al acceso de los pacientes, cuando “en padecimientos crónico-degenerativos eso es muy tarde y con poco impacto para los pacientes”. Se manifestó por un modelo de compra por resultados; es decir que “si realmente los medicamentos innovadores logran resultados, lo que se propone es que se pague por él”.
Dijo coincidir con el propósito de la iniciativa que busca el fortalecimiento institucional y sus reglas para lograr una cobertura universal y la provisión gratuita de medicamentos; no obstante, se necesitan reglas al financiamiento, que el Fondo para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos asegure recursos y haya montos para los gastos catastróficos; crear el Convenio Nacional de Insumos para la Salud, e impulsar valoraciones técnicas concernientes a presentaciones diferenciadas en los sectores público y privado e implementación de un sistema de dosis unitarias en el tema de presentación de los empaques de medicamentos para el mercado público y privado.
Patrick Devlyn Prorras, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que existen personas y familias sin empleos asalariados y que se encuentran en situación de marginación. “Tenemos el compromiso con todas las mexicanas y mexicanos de evolucionar hacia un sistema que logre ampliar el acceso efectivo a la salud y de hacer esto con mayor eficiencia, calidad y asegurando su sustentabilidad financiera”.
Dijo que se debe analizar la urgencia que tenemos en el entorno regulatorio sobre mejoras que se pueden hacer para óptimos procesos licitatorios, así como contribuir hacia estructurar una estrategia integral en prevención más efectiva.
“Un país saludable es una nación que tiene una población que puede acceder a la educación, progreso, crecimiento económico y a mejores niveles de bienestar. Por ello, desde el sector privado, y en particular del CCE, confiamos que este ejercicio de parlamento abierto sea uno que verdaderamente trascienda y nutra la iniciativa que crea el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar”, agregó.
Indicó que juntos se puede mejorar y modernizar el sistema de salud el cual atiende a tantas personas sin derechohabiencia y con mayor nivel de marginación.
Manuel Cruz Castellanos, secretario de Salud de Chiapas y director general del Instituto de Salud, señaló que el sistema de asistencia durante décadas no ha logrado liberarse de las ataduras del modelo político y económico impuesto; “en donde el derecho a la protección es determinado por la condición laboral y social de las personas y no corresponde a un derecho ciudadano consagrado en la Constitución”.
Consideró que se requiere “una intervención urgente de forma, pero también de fondo”, que redimensione propósitos, redefina valores y ponga a la sociedad en el centro de su interés. Planteó establecer un organismo transitorio que coordine a las instituciones de seguridad social con miras de integrarlas en una sola, con lineamientos estandarizados. Además, coordinar los servicios de salud de los estados; establecer a la salud pública como la columna vertebral de desarrollo social que atraviesa horizontalmente a todos los sectores y los tres órdenes de gobierno.
El presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud AC, Héctor Valle Mesto, indicó que se debe transitar a un sistema de salud único, público y con complementariedad privada, basado en atención primaria, con acceso a médicos, infraestructura, medicamentos, dispositivos y que sea solidario.
Respecto de la propuesta de modificar las leyes General de Salud, de Coordinación Fiscal y la del Instituto Nacional de Salud, expresó que centralizar los servicios aleja la solución de los problemas, por lo que se requiere incluir a estados y comunidades.
Consideró que el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos debe permanecer y enriquecerse; llamó a reflexionar sobre la desaparición de la Comisión de Protección Social en Salud y del Seguro Popular, pues sus logros son innegables, aunque tengan pendientes en materia de administración y corrupción.
También se pronunció por regularizar el sistema laboral de médicos y respecto al Convenio Nacional de Insumos para la Salud pidió impulsar un trabajo con médicos y especialistas para que resuelva la inequidad. Expresó su preocupación sobre la construcción de más infraestructura en lugar de utilizar la existente.
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