BLAS A. BUENDÍA
Reportero Free Lance
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El homicidio en plena calle en Culiacán, Sinaloa, del periodista Javier Valdez Cárdenas, fundador del semanario RÍODOCE y autor de libros sobre narcotráfico y seguridad, provocó indignación y luto en la sociedad y el periodismo particularmente, y acrecentó tanto la inquietud de connacionales y extranjeros respecto a la seguridad en general y de la libertad para ejercer el periodismo en el país, como el concepto de que los profesionales de éste no están exentos de la ola de inseguridad y violencia en la que nuestro México está sumido desde hace años; no pasa un día sin que escuchemos de homicidios, secuestros, y hasta linchamientos.
Es el análisis puntual “Así es el Derecho” del magistrado Élfego Bautista Pardo, quien explica que de ese escenario deviene la impresión de que el Estado es incapaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos y el libre desarrollo de las actividades productivas, sociales y culturales y, en consecuencia, no crea las condiciones necesarias para el ejercicio y goce de los derechos fundamentales.
Y abunda: en diversas ocasiones me he referido a los derechos humanos como prerrogativa propia del hombre, inherentes a él por su naturaleza misma, e indispensables para que un Estado pueda considerarse “Estado de Derecho”.
Van más allá de estar previstos en la ley suprema del país, pues implican responsabilidad estatal de respetar su ejercicio y crear todas las condiciones para su vigencia y disfrute, es decir deben estar cabalmente garantizados el respeto y el ejercicio de ese privilegio.
La lista de derechos humanos ha ido creciendo con el devenir histórico por gestiones sociales y luchas revolucionarias y son reconocidos como prerrogativas, pero todo esto no significa que estén garantizados.
Un ejemplo muy claro es que tenemos derecho humano a un medio ambiente seguro y saludable y, sin embargo, en la Ciudad de México hay contingencia ambiental, es decir ese derecho no es realidad, sólo está en la ley.
Para la comunidad, el homicidio en la persona de Javier Valdez es muestra clara de que la libertad de expresión, uno de los derechos humanos fundamentales de primera generación, es decir uno de los derechos civiles y políticos, tampoco se encuentra garantizada en nuestro país, ya que no se dan completamente la seguridad de periodistas y la satisfacción de la exigencia de acción legal contra la impunidad de los asesinos de esos profesionales, aunque son esenciales para preservar el derecho fundamental a la libertad de expresión, garantizado por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La labor de los periodistas no sólo es simple ejercicio del derecho a la libertad de expresión, involucra el derecho de los ciudadanos a la información real; los delitos cometidos en su contra vulneran el derecho de ellos, que además es de todos, a expresar y difundir ideas, opiniones e información; generan un efecto amedrentador y de silenciamiento de sus pares y violan el derecho de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.
Lo que es lamentable, pues tanto la libertad de expresión como el derecho a la información real y la libertad de prensa son necesarias para la vida democrática del país, contribuyen a la gobernanza, la equidad y el desarrollo. Sin las cuales es imposible que haya una ciudadanía informada, activa y comprometida.
La frecuencia de los asesinatos en agravio de periodistas y la impunidad consecuente dejan mal paradas a las autoridades, justifican la creciente idea de que en México es arriesgado el ser periodista; tan sólo en el año 2016, por el asesinato de 11 profesionales de los medios de comunicación, México se ubicó en el tercer lugar mundial, detrás de Siria y Afganistán, en cuanto a homicidios de dicho género, según cifras de la Federación Internacional de Periodistas.
La autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y perseguir los delitos cometidos en perjuicio de quienes ejercen la actividad periodística o en razón del ejercicio del derecho a la información o de libertad de prensa y de expresión, es la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), del organigrama de la Procuraduría General de la República, la cual desde su creación en el año 2000, a la fecha, ha registrado 117 homicidios de periodistas, y Chihuahua, Veracruz Tamaulipas y Guerrero, en ese orden, son los estados que más reportan esos decesos, y en cuanto a la desaparición de periodistas (25), la incidencia es mayor en los estados de Veracruz, Michoacán, Tamaulipas y Coahuila.
La comisión de delitos contra periodistas y la libertad de expresión y de prensa es consecuencia del clima de inseguridad que viven los diversos sectores del país; las instituciones de la federación, los estados y los municipios correspondientes deben poner mayor empeño en garantizar la seguridad y prevenir, proteger y procurar justicia tanto a los periodistas como a los ciudadanos en general.
Hacerlo resulta indispensable para el desarrollo social, el libre ejercicio de las actividades humanas y, por lo tanto, el goce de los todos y cada uno de los derechos humanos.
“Así es el Derecho”, puntualiza el maestro y catedrático Élfego Bautista Pardo, quien es a su vez titular de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
