Los esfuerzos de la Secretaría de la Función Pública (SFP) han estado consagrados al cumplimiento de las responsabilidades que nos corresponden, en el marco del modelo
Al comparecer ante las comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, sostuvo que cada esfuerzo de la SFP procuró consolidar una gestión pública íntegra y efectiva.
Al concluir su primera intervención, entregó un anteproyecto a los presidentes de las comisiones, Óscar González Yáñez y Mario Alberto Rodríguez Carrillo, que atiende inconsistencias, lagunas y áreas de oportunidad de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).
Admitió que la LGRA incluye cuestiones innovadoras; sin embargo, también señaló limitaciones para su implementación adecuada, entre ellas, el hecho de que la SFP subsana de forma temporal la carencia de un organismo de defensoría de oficio –previsto en la Ley– que debería ser independiente y autónomo.
Expuso que el decreto para expedir la LGRA omitió especificar el tratamiento para las investigaciones administrativas iniciadas antes de su entrada en vigor; y las que se abrieron posteriormente, por hechos acontecidos mientras estuvo en vigor la legislación anterior.
Sin perjuicio de otras inconsistencias, reiteró, se requiere una reforma legislativa a fin de garantizar certidumbre jurídica en la aplicación de la LGRA. Además, expresó su certeza de que la Cámara de Diputados realizará los ajustes necesarios al marco legal en materia administrativa.
Por otra parte, la Titular de la SFP informó a los diputados federales que esta dependencia, en conjunto con el Consejo Consultivo del Servicio Profesional de Carrera, elaboró un proyecto de iniciativa de Ley en materia de profesionalización y servicio civil de carrera, a fin de racionalizarlo y hacerlo más eficiente.
Explicó que la propuesta tuvo el acompañamiento de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); y recibió comentarios de actores de la sociedad civil, la academia y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El reto es fortalecer el capital humano del gobierno. El objetivo, que la estabilidad y permanencia de los servidores públicos sean consecuencia del desempeño y el mérito, adicionalmente a la capacitación continua, agregó.
“Si bien, la mayoría de las personas servidoras públicas poseen un gran talento, integridad, experiencia y capacidad; es fundamental reforzar los mecanismos de formación y estímulos, pues un servicio público eficiente, profesional, dignificado y motivado es crucial para lograr los fines del Estado”.
En lo relativo al combate a la corrupción, destacó que el Grupo de Alto Nivel para el Seguimiento de las Convenciones Internacionales Anticorrupción, que preside la SFP, atendió, en dos años, 57 por ciento de las 180 recomendaciones de instancias como la OCDE, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Las recomendaciones restantes son atendidas por las 22 instancias que conforman el grupo, especificó la secretaria de la Función Pública.
Afirmó que los esfuerzos en la vigilancia, control interno y auditoría, permean en el buen manejo de los recursos del Estado, la calidad del servicio público y el combate a la corrupción. Prueba de ello, sostuvo, son las diligencias de la SFP, en casos como la obra pública “Ampliación del libramiento de Cuernavaca”; en contrataciones y subcontrataciones entre entidades del gobierno federal y universidades; en las actividades de reconstrucción tras los sismos de septiembre de 2017, y los hechos en materia administrativa relacionados con la empresa Odebrecht y sus filiales.
Reportó además que, a iniciativa de la SFP, se han constituido 305 Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, con la participación colegiada y activa de servidoras y servidores públicos, a fin de propiciar la integridad de quienes forman parte de la administración pública.
Con respecto al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Arely Gómez indicó que, aprovechando la experiencia técnica, la SFP generó y presentó siete propuestas para construir la Política Nacional Anticorrupción, la Plataforma Digital Nacional y los Formatos de Declaración Patrimonial y de Intereses.
Además, la SFP ha capacitado a más de 15 mil servidores públicos del gobierno federal, incluyendo órganos de vigilancia y control, en torno al SNA del que, dijo, se encuentra en etapa de instrumentación y fortalecimiento.
Reiteró el llamado a tomar consciencia de que la implementación del SNA exigirá transitar por un proceso de evaluación, adaptación y mejora. Insistió en que se debe evitar la búsqueda de soluciones rápidas, frágiles y poco articuladas. “Debemos dar espacio para que el Sistema se consolide, madure y se perfeccione”, indicó.
Arely Gómez adelantó además que la SFP ha realizado las acciones pertinentes para asegurar que la transición del Poder Ejecutivo Federal se realice de manera transparente, homogénea y oportuna.
“La Secretaría de la Función Pública sentó las bases para un proceso de entrega-recepción y rendición de cuentas metódico, organizado y sin precedentes, con un solo objetivo: dejar la casa en orden. Sabemos que ello permitirá que los proyectos, políticas públicas y programas creados para mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos se documenten, evalúen y difundan, y en su caso, se posibilite así su continuidad”, subrayó.
Aseveró ante los diputados federales que estos procesos culminarán en tiempo y forma, tal como lo establece la normatividad correspondiente.
Recalcó que el diálogo entre poderes es indispensable para la rendición de cuentas, ya que estos ejercicios brindan la oportunidad de analizar, desde la corresponsabilidad, los retos y avances que tenemos como país.
Antes, destacó logros como el nuevo proceso de selección de titulares de órganos internos de control, la homologación de criterios para la integración de expedientes de responsabilidad, la realización de más de 15 mil 360 actos de auditoría en esta administración, la publicación de 83 Lineamientos de auditoría, la puesta en marcha de laboratorios móviles de verificación de calidad de materiales en obra pública, la imposición de más de 58 mil sanciones a 44 mil servidores públicos, las multas por más de siete mil 161 millones de pesos, la mejora del sistema CompraNet, el lanzamiento de la Plataforma de Contrataciones Abiertas, la digitalización de trámites y servicios, la estrategia de la Ventanilla Única Nacional, las nuevas herramientas electrónicas Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas (SIDEC) y Sistema Integral de Responsabilidades Administrativas (SIRA), entre otros temas.
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