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REMUNERACIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS NO CUENTA CONCERTEZA, HAY DISCRECIONALIDAD Y AUTOASIGNACIÓN

Partidos politicos
El Partido Acción Nacional está a favor de la regulación de las remuneraciones de los servidores públicos, pero los criterios establecidos en la reforma al 116 y 127, resultan incompletos para
El Partido Acción Nacional está a favor de la regulación de las remuneraciones de los servidores públicos, pero los criterios establecidos en la reforma al 116 y 127, resultan incompletos para ese propósito, porque en la reforma, no hay certeza, hay discrecionalidad “y eso descompone el escenario para la asignación de salarios en México”.



Así lo afirmó el diputado Marcos Aguilar Vega, al dar el posicionamiento del grupo parlamentario y anunció el voto en abstención de la bancada albiazul.



Aseguró que el PAN, tiene el interés en construir un acuerdo político para este propósito porque hay coincidencia de fondo; sin embargo, en los términos planteados, bajo un criterio técnico, económico, “lo que estaríamos aprobando hoy no resolverá la problemática en materia de remuneraciones de los servidores públicos de la nación”, explicó en tribuna Aguilar Vega.



Al dar su exposición de motivos, recordó que esta reforma tiene un impacto también en los estados de la República y lo aprobado, deberá replicarse al ámbito estatal para que en los 32 estados y los más de 2 mil 450 municipios se manifiesten en los mismos términos para evitar que conductas de gobernadores, alcaldes o servidores públicos, tengan ingresos de servidores públicos que agravian al pueblo de México.



“No caigamos en un falso debate. Hay que modificar el texto de lo que hoy se propone. Lo que hoy se estaría aprobando en los términos que está planteado, no tendría en realidad más que una razón: la de lograr que aquellos que no se sometieron a esta decisión política, lo hagan hoy por orden constitucional”, explicó.



Recomendó el establecimiento de algunos parámetros para fijar la remuneración más alta que corresponda al Presidente de la República, para lo cual podrían utilizarse relaciones contra los siguientes indicadores: el salario mínimo, el Producto Interno Bruto per cápita, el ingreso corriente promedio de los hogares mexicanos, el ingreso promedio del sector privado, el costo de vida, entre muchos otros que hoy están en el mercado en materia económica.



Señaló que crear un organismo en los términos de lo que establece la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, evitará problemáticas como la discrecionalidad.



“Entremos a ese debate, al debate para crear ese organismo y aprovechar esta reforma constitucional para plantearlo. Establecer un sistema de evaluación de puestos y un manual de percepciones de los servidores públicos que no solamente se refiera a la administración pública centralizada, me refiero al Poder Ejecutivo. Esta reforma impacta en todos los Poderes públicos: el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, a nivel federal”, arguyó.



Por su parte, la diputada Gloria Romero León consideró que la reforma carece de racionalidad básica, porque es de imposible cumplimiento y además atropella a los Poderes de la Unión.



“Se percibe un atropello al Poder Judicial por la presión permanente que revoque decisiones que no son del agrado del Presidente”, afirmó.



Reiteró el voto en abstención, porque dijo, “de no atenderse la propuesta que se hizo al segundo transitorio, se reviste un engaño con lenguaje jurídico”.



Asimismo, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván criticó que la reforma no establece el tope del salario del Presidente como límite superior para la remuneración de los demás servidores públicos y no ofrece nada nuevo en este aspecto.



Sostuvo que es una redacción rebuscada para intentar abarcar a diversos organismos públicos y una modificación innecesaria, “no le abona nada al texto que ya tenemos”.



La reforma a los artículos 116 y 127 de la Constitución Política, tiene como fin evitar que los servidores públicos –particularmente los de los organismos autónomos federales y estatales– tengan una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República.



Por mayoría calificada en lo general, con 318 votos a favor, 12 en contra y 99 abstenciones, fue aprobada la reforma y remitida al Senado para su análisis.



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