La reforma a la Ley Orgánica del Congreso General está apegada estrictamente a la legalidad y el objetivo de su modificación es adecuarla a la nueva
Enfatizó que es la primera vez en la historia que el de poder legislativo puede y debe estar dirigido por la izquierda mexicana, “no por la supuesta izquierda que pactó la usurpación en 2006, sino la izquierda de la Cuarta Transformación (4T)”.
Recordó que sumando las actas de Morena con las de los partidos de la coalición, suman 320 legisladores y legisladoras, por lo que “no se trata de un capricho, sino de lo que determinó la ciudadanía en las urnas, y esa es una razón suficiente para modificar la Ley”.
Padierna Luna destacó que los cambios al marco jurídico responden a momentos, a necesidades, y a contextos determinados, por lo que la Ley en sus términos actuales debe adaptarse a la nueva realidad y no la realidad a la ley. “Nosotros no queremos que se nos aplique la ley que sirvió de base para la usurpación, es momento de adecuar la legislación, considerando la nueva mayoría democrática que se logró en 2018.
La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dijo que los cargos de gobierno de esta Cámara deben ocuparse de conformidad con el mandato ciudadano y no por intercambio de favores, pues no se debe perder de vista que toda democracia parlamentaria atiende a la representatividad que cada partido tiene en el órgano legislativo.
Una segunda razón de peso que justifica la reforma es que la presidencia de la Mesa Directiva es un órgano estratégico para la gobernabilidad de este Congreso, pues además de tener la
representatividad legal del poder legislativo, tiene la obligación de salvaguardar el sentido de los votos que se emiten por la mayoría parlamentaria. Quizá antes no importaba quién ostentaba la presidencia, era una rotación entre iguales y además representaban un mismo proyecto.
La 4T es otro proyecto de nación, que representa un cambio de régimen y con su nueva mayoría impulsa un gobierno diametralmente distinto que cuenta con la legitimidad, la legalidad y la representatividad ganada en las urnas, añadió la legisladora.
Resulta incongruente, dijo, que una minoría pretenda ocupar la mesa directiva con una representatividad que no obtuvo en los comicios, y que además incurre en un conflicto de interés al litigar contra los propios proyectos que aprueba la Cámara de Diputados.
El voto ciudadano del 1 de julio de 2018 dio una nueva mayoría política y legislativa en nuestro país. Este no es un asunto menor y “nosotros tenemos la responsabilidad de reivindicar los hechos que marcan la historia contemporánea del país. Esta nueva realidad nos obliga a llevar a cabo nuevas definiciones, reformas legislativas y cambios legales, para llevar adelante la transformación profunda de México”, concluyó.
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