Con el Instituto de Salud para el Bienestar, el Gobierno federal se compromete a crear un sistema gratuito y universal de salud, por lo que el Grupo Parlamentario del PRI exige asegurar un
La diputada Frinné Azuara Yarzábal, secretaria de la Comisión de Salud, en nombre de la bancada priista, dijo: vamos por la salud de todos los mexicanos, pero tenemos que entender que la clave es lograr más dinero para el sector, sin poner en riesgo las finanzas públicas, sin comprometer los recursos estatales y tampoco abrir la puerta a la discrecionalidad.
“Nos preocupa que no se garanticen condiciones básicas de sustentabilidad financiera al nuevo instituto, al no hacerlo, se le está condenando a ser letra muerta y representar una promesa incumplida”, sentenció la legisladora por el estado de San Luis Potosí.
Explicó que si bien las reformas a las leyes General de Salud y de los Institutos Nacionales de Salud, tienen una meta loable como es dar acceso a la salud a todos los mexicanos que hoy carecen de seguridad social, también se notan inconsistencias, debido a que el Gobierno no acepta que la política económica y la política social son dos caras de la misma moneda.
Recalcó que está en juego que los mexicanos tengan atención médica, en enfermedades crónicas no transmisibles y de alto costo como los diversos tipos de cáncer, la diabetes, los cuidados intensivos neonatales y las enfermedades metabólicas.
En el mismo sentido, el diputado Fernando Galindo Favela argumentó en contra de quitar participaciones a estados y municipios, para financiar la reforma que crea el Instituto de Salud para el Bienestar, lo que tendrá implicaciones para las finanzas públicas de las entidades federativas.
Agregó que ha sido una una constante aprobar reformas sin tener una fuente de financiamiento y está claro que serán imposibles de implementar, por eso hay que cuidar que no se generen falsas expectativas.
La propuesta del legislador priista es que, en lugar de lastimar a municipios y estados, se proponga un mecanismo que dé certeza en el pago de la nómina del sector salud.
Asimismo, que inicie la discusión para reformar la Ley General de Salud y la Ley de Coordinación Fiscal, con modificaciones que instruyan a las Secretarías de Salud y Hacienda, levantar un censo de todos los médicos y enfermeras para dar certidumbre a su pago de honorarios y prestaciones.
En su oportunidad la diputada Claudia Pastor Badilla, pidió que en la ley se comprometa el presupuesto del nuevo instituto, que suple al Seguro Popular y en un acto de congruencia, reconocer que existe un fondo de 40 mil millones de pesos, recabados a través del Seguro Popular, que serán la base para poder formar este Instituto.
A la representante popular, Mariana Rodríguez, correspondió pedir inicie la planeación de cómo va a operar a futuro el Instituto de Salud para el Bienestar, pues en este momento se apropia del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, pero dichos recursos solo permitirán atender los servicios alrededor de un año.
La diputada Dulce María Sauri Riancho, presentó su reserva, que fue aceptada por la asamblea para que la Junta de Gobierno del INSABI --que va a atender a la mitad de la población del país--, esté conformada por el Secretario de Salud, dos subsecretarios de Salud, la subsecretaría de Egresos de la SHCP, que permitiría garantizar el Presupuesto, y la subsecretaria de Desarrollo Social y Humano, de la Secretaría de Bienestar.
Asimismo, que el titular de la Secretaría de Salud presida la Junta de Gobierno y tendrá voto de calidad cuando se registre por alguna razón un empate en la toma de decisiones.
En apoyo de la adición, el diputado Alfredo Villegas, recordó que el Instituto naciente, es un organismo descentralizado, con patrimonio propio y personalidad jurídica y otorgar una representación de los trabajadores en la Junta de Gobierno, coadyuva a ejecutar de mejor manera las políticas públicas en materia de salud.
El secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Fernando Galindo, advirtió que lo aprobado incluye el gasto, mas no el ingreso, seguramente porque el Ejecutivo federal ya detectó que tiene un costo político.
Exigió se aclare si los 40 mil millones que se quitan al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, son adicionales a los 72 mil millones solicitados en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Además, apuntó que el destino de los recursos es incierto y no se cumplen los requisitos establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Contabilidad Gubernamental, que señalan que el presupuesto se ejerce en proyectos de infraestructura con registro en la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda.
Finalmente, la diputada Norma Guel Saldívar reiteró la petición de elaborar el censo oficial a fin de conocer la nómina nacional del sector salud, reconocer los derechos laborales y otorgar certeza al personal de que recibirá su sueldo, pero también que estarán regularizadas todas plazas de médicos y enfermeras en este país.
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